El fallido intento de secuestro de dos jóvenes menonitas de la colonia Río Verde, ubicada en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, en la noche del domingo 8 del corriente, de nuevo ha conmocionado a esa pacífica y laboriosa comunidad que en julio del año pasado sufrió un rudo golpe con el secuestro del adolescente Franz Wiebe por elementos del EPP, quien hasta ahora permanece cautivo, al igual que el suboficial de policía Edelio Morínigo, el menonita Abrahán Fehr y Félix Urbieta.
Como de costumbre, tardíamente llegaron al sitio del suceso efectivos de la FTC, quienes constataron que los forajidos efectuaron al menos 50 disparos con armas de guerra de calibre 5.56, algunos de los cuales impactaron en la camioneta de los jóvenes. Tras un aparatoso despliegue de ineficaz patrullaje por tierra y aire, los militares declararon no haber encontrado rastros de los criminales, por lo que supuestamente no podían asegurar que los mismos fueran del EPP, aunque las evidencias recogidas, las armas empleadas y la modalidad del ataque inducían a creer que serían ellos.
Este atentado criminal ha aumentado la zozobra en que viven los habitantes de esta colonia. Los esforzados colonos, cuyos ancestros vinieron de lejos buscando paz y un pedazo de tierra para su sustento, se sienten amargamente desprotegidos por el Gobierno, en el ojo de la tormenta de inseguridad que continúa sembrando el EPP en los departamentos de Concepción y San Pedro, sin que hasta ahora la FTC haya logrado reducir su criminal peligrosidad capturando o abatiendo a algunos de los facinerosos con que la gavilla cuenta en sus filas. Menos aún, intentar el rescate de los cuatro rehenes que actualmente los marginales mantienen en su poder.
Los pobladores de estos departamentos –declarados por el gobierno de Horacio Cartes como “Zona de Seguridad Interior”– no logran entender cómo es posible que, tras más de tres años de despliegue operacional, la FTC no haya logrado recoger suficiente información de inteligencia para rastrear las andanzas delictivas del pequeño grupo criminal, a fin de intentar prevenir sus ataques, en vez de acudir tardíamente una vez perpetrados los mismos, como invariablemente viene sucediendo, todas las veces.
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Cuando el presidente Horacio Cartes reemplazó a su inoperante ministro del Interior, Francisco de Vargas, la ciudadanía creyó –equivocadamente, por lo visto– que bajo la responsabilidad del diputado Tadeo Rojas, la descuidada seguridad pública recibiría renovada atención por parte del nuevo ministro. Sin embargo, esa sensible expectativa pública ha sido miserablemente defraudada. En vez de revisar la equivocada política de combate contra el EPP establecida por su antecesor en el cargo, restituyendo sus roles institucionales a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para un mejor desempeño operacional, ha optado por dejar las cosas como están. Vale decir, dando razón a la gente de los departamentos bajo el azote del EPP, que la FTC es más peligrosa como garante de la seguridad pública, que el propio EPP como enemigo de ella. Siendo esto así –dicen– la FTC está más bien causando problemas a la población antes que resolverlos, por lo que, al mantenerla en la zona, lo único que hace el Gobierno es malgastar tiempo y dinero, que bien podrían ser mejor aprovechados si se los empleara para paliar sus necesidades básicas de salud y educación, entre otras.
En ese sentido, resulta irónico que el flamante ministro del Interior –quien, al ser designado en el cargo, había prometido trabajar con patriotismo las 24 horas del día– haya olvidado tan pronto su promesa, optando por priorizar la atención de asuntos partidarios antes que las delicadas cuestiones institucionales atinentes a su cartera de Estado.
Con semejante actitud del responsable de la seguridad interior de la República, la ciudadanía está más que convencida de que el gobierno de Horacio Cartes nada va a hacer para revertir la situación de zozobra en que vive la población en general y en particular la del norte del país. Por consiguiente, en su ánimo prevalece el trágico presentimiento de que, mientras dure este gobierno, la terrible inseguridad que les aflige no tendrá fin. Por lo que deben “rogar a Dios” por su seguridad, como alguna vez aconsejó a la gente cuando fungía como ministro del Interior el torturador Walter Bower.
Para peor, es vox populi que actualmente tanto la FTC como el EPP están más bien dedicados a una tácita connivencia delictiva con el crimen organizado dedicado al narcotráfico y al abigeo en los departamentos de la “Zona de Seguridad Interior” (Concepción, San Pedro y Amambay). El modus operandi sería idéntico al que se cuenta tiene lugar en la frontera entre Colombia y Venezuela hasta el presente. Vale decir, tanto los comandantes que se turnan en la FTC como los líderes del EPP (Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Antonio Bernal Maíz y otros) se dedican a cobrar peaje de seguridad a los hacendados que tienen sus establecimientos ganaderos y forestales en la zona, a los dueños de pistas de aviación clandestinas y a los contrabandistas de armas que se mueven por los departamentos fronterizos con el Brasil.
Precisamente, los menonitas de la colonia Río Verde se habrían negado a pagar algún estipendio –en dinero, o en especie– a cambio de que la FTC les proporcione la seguridad a la que tienen derecho, como todos los habitantes de la República.
Esta situación, que se va agravando a medida que pasa el tiempo, muestra una humillante claudicación del Gobierno en relación con el problema de la seguridad pública en general y, en particular, con el azote que significa el accionar de esta banda de forajidos.