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En un encomiable y oportuno operativo tipo comando, dirigido por el comisario Gilberto Fleitas, jefe de la División contra el Crimen Organizado, y en el que también estuvo el comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, al menos sesenta agentes irrumpieron en una estancia, donde existía un aguantadero de 20 a 25 facinerosos, ligados al narcotráfico y a la organización criminal brasileña Comando Vermelho. En el tiroteo generado a 35 kilómetros al suroeste de Capitán Bado y a 500 metros de la Ruta 11, cayeron cinco criminales y otros seis fueron capturados, entre ellos el jefe de la banda, gravemente herido, cuyo padre sería el dueño de la estancia. El resto logró huir. No hubo bajas policiales, habiéndose incautado todo un arsenal y hasta al menos cuatro vehículos blindados.
El grupo delictivo había convertido el inmueble en una suerte de “cuartel”, con todo un dispositivo de seguridad. Se presume que una espaciosa obra en construcción iba a servir para instalar allí un laboratorio de procesamiento de drogas ilícitas. Según el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, el operativo derivó de otro montado para investigar un secuestro “exprés”, cometido en la zona, y fue autorizado por el propio Presidente de la República.
Este operativo –sin muchos precedentes en los anales de la Policía Nacional– tiene una significación táctica y estratégica. La primera reivindica la capacidad de dicha institución para enfrentar sobre el terreno al crimen organizado transfronterizo. La segunda tiene que ver con la voluntad política del jefe del Poder Ejecutivo de combatir a la mafia instalada en los tres Poderes del Estado, al decir del hoy vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. En este sentido, es de señalar que en los últimos tiempos han sido cada vez más notorios los indicios de que tanto el Comando Vermelho como el Primer Comando da Capital (PCC) se infiltraron profundamente en el cuerpo policial. Tan es así que el ministro del Interior llegó a expresar públicamente su desconfianza al respecto, razón por la cual resulta llamativo que, en esta ocasión, los malvivientes hayan sido sorprendidos. Si no estuvieron al tanto del trabajo de inteligencia que se venía realizando desde marzo, quiere decir que algo se ha mejorado en materia de seguridad interna. Por razones obvias, hasta ahora, la Policía Federal brasileña prefería cooperar con la Senad, antes que con su equivalente nacional cuyos agentes protegieron al argentino Ibar Pérez Corradi, hicieron de guardaespaldas de Eduardo Aparecido de Almeida y prestaron servicios a Marcelo Pinheiro Veiga (alias Piloto), todos ellos ligados al narcotráfico.
La penetración del crimen organizado brasileño en nuestro país también se refleja en que son cada vez más numerosos los paraguayos por él reclutados y en que los criminales oriundos del país vecino se radican aquí, moviéndose como el pez en el agua. Ocurre que no solo las entidades públicas son permeables, sino también nuestras fronteras, hasta el punto de que los sicarios ya han llegado más de una vez a Asunción para “arreglar cuentas” en el marco de las disputas por el territorio a ser explotado. Es preciso, pues, que la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, entre otros organismos, sean mucho más rigurosas para impedir que los prófugos de la Justicia brasileña vengan al Paraguay, tanto para refugiarse como para seguir delinquiendo, desde zonas “liberadas” a balazos o a platazos. En tal sentido, es presumible que si el actual Gobierno brasileño lleva a cabo su anunciada política de “mano dura” contra los maleantes, muchos de ellos busquen una vía de escape hacia nuestro país, de modo que es necesario estar alerta, más que nunca.
Hay que impedir que el Paraguay se convierta, debido a su ubicación geográfica y a la venalidad de sus autoridades, en una base de operaciones de grupos de malvivientes bien pertrechados y con mucho dinero sucio. Semejante eventualidad implicaría una amenaza muy seria no solo para nuestra seguridad interna, sino también para la de los países aledaños que, seguramente, no se quedarán de brazos cruzados al ver que desde este país son atacados por bandas criminales. Es de pública notoriedad que, desde ya, el tráfico ilícito de armas, montado dentro de nuestras fronteras, contribuye a fortalecer el poder de fuego de las organizaciones criminales brasileñas, en especial en Río de Janeiro y São Paulo.
Por lo demás, el plausible operativo policial también tiene una connotación política y diplomática, en momentos en que el Gobierno de Estados Unidos se muestra preocupado por la corrupción aquí reinante, sobre todo por la que parece marcar a fuego la triple frontera. Por su parte, el prestigioso diario The New York Times publicó el 28 de abril un comentario editorial sobre la dura lucha contra dicho flagelo. Empieza señalando que para el dictador Alfredo Stroessner “la corrupción era el precio de la paz” y continúa con la siguiente constatación, que compartimos: “El país no se ha liberado de su yugo, pese a múltiples y arduos esfuerzos. Se han establecido varias instituciones para combatir la corrupción, pero se han topado con hábitos corruptos profundamente arraigados en la política y en el Poder Judicial”.
El Presidente de la República, en fin, debe ratificarse en su propósito de combatir la corrupción en todos los niveles de la administración pública y no solo en los subalternos. Hará bien en demostrar que su eslogan de Twitter “caiga quien caiga” no tiene excepción en cuanto a su alcance vertical. Y, sin perjuicio de que esta vez la Policía Nacional haya estado a la altura de su cometido constitucional, conviene que sus efectivos estén siempre bajo la lupa de los órganos de control, empezando por su propia División de Asuntos Internos.