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El expresidente de la Cámara de Diputados del Brasil Eduardo Cunha está en la cárcel por orden del juez federal Sergio Moro, quien dirige las pesquisas sobre la descomunal corrupción desatada en torno a la empresa mixta Petrobras, durante la presidencia del hoy también procesado José Inácio Lula da Silva. De nada le sirvió a Cunha haber sino uno de los propulsores del juicio político que concluyó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, lo que en el Paraguay, por ejemplo, le hubiera ubicado en la galería de los intocables.
Estos espectaculares acontecimientos en nuestro vecino demuestran cuán importante es que un país cuente con un Poder Judicial independiente para que la ley sea aplicada a quienes roban a mansalva desde el poder político. Parece increíble que bajo un régimen democrático se haya llegado a robar la friolera de unos ocho mil millones de dólares en el lapso de ocho años, por lo que es elogiable que tanto el mencionado juez brasileño como el Ministerio Público y la Policía Federal estén actuando como deben hacerlo en un Estado de derecho, sin importar la investidura pasada o actual, ni la filiación partidaria de quienes aparecen involucrados en un latrocinio colosal. Este desempeño ejemplar, que confirma la vigencia efectiva de la separación de poderes y de la igualdad ante la ley, merece por los paraguayos un reconocimiento especial, teniendo en cuenta que en nuestro país esos principios constitucionales no tienen valor alguno.
En verdad, cuesta imaginar que en el Paraguay se emprenda una operación similar a la de “Lava jato”, iniciada por la Policía Federal del Brasil en 2008. Aquí un diputado o un senador pueden recurrir a todas las chicanas habidas y por haber para obstruir sus respectivos procesos, ante la condescendencia de una indigna Corte Suprema de Justicia esclava de una casta política inescrupulosa, insaciable y carente de autoridad moral, por practicar un descarado nepotismo, entre otros vicios. Si nadie ha sido procesado aún por dedicarse a la venta de influencias es porque al Ministerio Público le importa un bledo ese delito al que, precisamente, muchos de sus agentes le deben el puesto. Aquí nada menos que un miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puede ser partícipe necesario en el hecho punible de cobro indebido de honorarios, percibir de hecho un sobresueldo gracias a viáticos inventados o contratar la elaboración de una tesis doctoral, por lo demás plagiada, sin que esas fechorías tengan la menor consecuencia.
Ni el más ingenuo de los ciudadanos cree que en nuestro país hay más honestidad en la función pública que en el Brasil, porque ningún pez gordo cumple con una condena judicial. Dados sus respectivos tamaños, en Brasil se roba mucho más dinero público que en el Paraguay, pero es muy probable que en términos relativos se dé una situación inversa. Seguirá habiendo corrupción mientras los poderosos sigan escapando al Código Penal, es decir, mientras haya fiscales y jueces complacientes con quienes ocupan altos cargos. En cuanto a la Policía Nacional, no cabe esperar que se comporte como su equivalente brasileña, porque ella misma está podrida y depende del Ministerio del Interior, es decir, de un organismo ligado a quienes están robando.
La Constitución dice que el Ministerio Público representa a la sociedad, pero en la realidad está al servicio de los Poderes del Estado. En otras palabras, la ciudadanía no puede defenderse de la codicia de los presidentes de la República, de los ministros, de los legisladores o de los magistrados, porque los agentes fiscales les deben favores o pecan de cobardes. La irritante impunidad de los capitostes no es atribuible a un mal diseño constitucional, sino a que los propios organismos encargados de perseguirlos con la ley en la mano están contaminados por la corrupción o en una relación de dependencia con ellos, por falta de coraje. Fallan los hombres y las mujeres que traicionan a la ciudadanía al agachar la cabeza ante los delincuentes de guante blanco o cruzarse de brazos ante sus desmanes. Se trata, en última instancia, de un serio problema moral, que escapa a las regulaciones institucionales. Para cumplir la ley y hacerla cumplir a los poderosos, se requieren honestidad y coraje ciudadano.
La depuración que se está realizando en el Brasil solo será posible en nuestro país si tuviéramos fiscales y jueces probos, que no temieran enfrentarse al poder en defensa de sus compatriotas expoliados. Expresiones grandilocuentes, como la de “cortar las manos a los corruptos” o “tolerancia cero” a la corrupción, ya no engañan a nadie que tenga dos dedos de frente. Lo que se precisa es que la ciudadanía identifique en la medida de sus posibilidades, no solo a los ladrones de fondos públicos, sino también a los policías, a los fiscales y a los jueces que están vendidos. Como parece que en los órganos del Estado no hay quien tenga las manos limpias y se atreva a tomar por asalto la fortaleza de la corrupción, se impone que las propias víctimas se movilicen para señalar con el dedo a los bandidos. Es lo que está haciendo, por ejemplo, la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y que debería ser imitado por otras organizaciones. Las Contralorías Ciudadanas, alguna vez creadas, deberían revitalizarse y multiplicarse, no solo para denunciar los latrocinios, sino también para exigir el condigno castigo de sus autores.
Es de desear que aquí también surjan fiscales y jueces que se atrevan a encarar una suerte de “Lava jato” para sanear el Paraguay de la escoria política que hoy le chupa la sangre.