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Durante el “debate” entre los candidatos presidenciales Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre la empresa pública Petróleos Paraguayos (Petropar) emitió un anuncio televisivo que concluía con su logotipo y la expresión “número 1”, sobre un fondo colorado. Su presidente, Eddie Jara, esquivó a la prensa para evitar dar explicaciones sobre la evidente malversación en beneficio de un partido. Es probable que, si se animara a justificarla, incurriera en el cinismo de alegar que lo de “número 1” aludía solo a Petropar, tomando así a la ciudadanía por idiota.
Se ignora qué opina al respecto el candidato presidencial de la ANR ni qué medidas tomarán, si es que las toman, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, siempre tan funcionales al poder de turno. Entretanto, el caso sirve para ilustrar, una vez más, la identificación de hecho entre el Estado y una organización política, propia de los regímenes totalitarios. El prolongado ejercicio del poder ha hecho que el coloradismo se crea dueño del aparato estatal y que, en consecuencia, emplee sus recursos humanos y materiales como si fueran suyos. Es obvio que los salarios de los docentes y de los funcionarios públicos, así como los gastos que irrogan las instalaciones y los equipos de las entidades públicas, son cubiertos con las contribuciones de los ciudadanos de todos los partidos. Empero, la ANR se aprovecha de todo ello para tratar de mantenerse en el poder, como si el personal y los bienes del Estado formaran parte de su plantilla y fueran de su propiedad.
De esa apropiación indebida pueden ser víctimas muchos de sus propios afiliados, como se ha constatado, una y otra vez, en las campañas electorales internas: todo depende de quién tenga la sartén por el mango. En la última, se vio a docentes movilizados por el entonces ministro de Educación y Ciencias, Enrique Riera, con el empleo de vehículos de la Itaipú Binacional para apoyar a los candidatos del Poder Ejecutivo en un mitin realizado en la sede de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Hacienda. El exsenador Óscar González Daher, por su parte, llegó al extremo de amenazar a cuatro funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) con que serían destituidos por no apoyar claramente a los candidatos del jefe del Poder Ejecutivo.
En su oportunidad, los seguidores de Mario Abdo Benítez protestaron, claro, contra el uso y abuso de los recursos del Estado en favor de su contrincante del momento, Santiago Peña, hoy aliado suyo, pero ahora todo indica que están muy satisfechos con que esos mismos recursos se desvíen hacia todos los candidatos del partido, incluido el presidencial.
Como en la mejor época de la dictadura stronista, los funcionarios colorados, que son la enorme mayoría, están organizados en las entidades públicas, tal como lo están los comunistas en los países oprimidos por ellos. Nada les importa que la Ley N° 1626/00 les prohíba, como a todos, “trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las dependencias del Estado” y “vestir o cargar insignias o uniformes de naturaleza proselitista” dentro de ellas. Violan la ley con el beneplácito de la Junta de Gobierno de la ANR y con el de sus respectivos jefes, como si fuera la conducta más natural del mundo. El partido está por encima de toda normativa, incluyendo la Constitución, según la cual los funcionarios están “al servicio del país” y no de una organización política.
Aparte de su connotación totalitaria, la simbiosis entre Estado y partido tiene que ver con la corrupción. No se trata solo de que los correligionarios sean favorecidos en las contrataciones públicas o de que practiquen el contrabando impunemente, fechorías estas que sirven para enriquecer a las personas físicas. Otras, como la cometida por el presidente de Petropar, sirven para el financiamiento ilícito de un partido, en la medida en que solvente su propaganda electoral con fondos públicos. Además de lo que dispone el Código Penal, el Código Electoral prohíbe a los partidos o movimientos políticos “aceptar o recibir directa o INDIRECTAMENTE (...) contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales, departamentales, municipales, de EMPRESAS DEL ESTADO o de las que explotan juegos de azar” (las mayúsculas son nuestras).
Por cierto, el contubernio entre Petropar y la ANR no es novedoso, pues en mayo del año pasado la empresa pública y la firma “Benítez y Asociados” acordaron instalar sendas estaciones de servicio en los predios de dos subseccionales coloradas de Fernando de la Mora, dándole a la ANR una participación del 10% en la ganancia bruta mensual. En la ocasión, su presidente, el diputado Pedro Alliana, se jactó de que eran “las dos primeras alianzas público-privadas Partido Colorado-sector privado-Petropar”. Como durante la dictadura, los funcionarios colorados siguen siendo obligados a asistir a los mítines partidarios por las buenas o por las malas, los vehículos de “uso oficial exclusivo” continúan al servicio de las campañas coloradas, y los actos oficiales se convierten, como antes, en ocasión para la propaganda en favor de los candidatos de la ANR. Se han publicado fotografías hasta de escolares, banderita en mano, formados a la vera de un camino que iba a recorrer el candidato colorado.
Estamos, así, nuevamente, ante una aberrante manipulación de instituciones públicas en beneficio del Partido Colorado. A este paso no debe descartarse una reedición de la funesta trilogía “Gobierno-Fuerzas Armadas-Partido Colorado”, de triste memoria. Para evitarlo, los ciudadanos y las ciudadanas ya saben por quiénes no deben votar.