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El 4 de junio de 2014, el Ministerio Público acusó al senador colorado Víctor Bogado por los delitos de estafa y de cobro indebido de honorarios, que habría cometido cuando presidió la Cámara de Diputados, y en los que también estarían involucrados la “niñera” Gabriela Quintana y el exjefe de gabinete del citado legislador, Miguel Pérez. Esta es la fecha en que ni siquiera se ha abierto el juicio oral, debido a las reiteradas chicanas o maniobras dilatorias del legislador, y a la extrema lentitud de la magistratura.
El último episodio del sistemático ejercicio abusivo del derecho a la defensa consistió en que el acusado nombró como nuevos defensores a los abogados José González Macchi y Víctor Galeano Perrone, con el evidente objetivo de apartar de la causa al juez Óscar Delgado y, en consecuencia, frustrar la realización de la audiencia preliminar fijada para el 28 de marzo de este año.
El art. 112 del Código Procesal Penal ordena que las partes litiguen de buena fe, evitando los planteos dilatorios, y prohíbe que designen a apoderados o patrocinantes que obliguen al magistrado a inhibirse por una de las causales previstas en dicho código. No obstante, el acusado logró su propósito, pues el juez Delgado se inhibió tras reconocer la personería de dichos abogados, pese a que el mismo artículo dispone que los jueces cancelen todo nombramiento o patrocinio contrario a la referida prohibición. La semana pasada, al cabo de nada menos que seis meses, la Cámara de Apelaciones, por fin, confirmó al citado juez en la causa, sin ni siquiera amonestar al parlamentario por su evidente mala fe, ni al magistrado por haber ignorado su obligación. Conste que el art. 4º de la Acordada Nº 961/15 de la Corte Suprema de Justicia establece que la falta de ejercicio de las facultades disciplinarias constituirá una falta grave del magistrado. No se crea que ahora ya se podría llevar a cabo la audiencia preliminar, pues seguramente el senador Bogado apelará la decisión de la Cámara ante la Corte, que luego se volverá a tomar un buen tiempo para resolver el recurso. Es vergonzoso que estos trámites dilatorios se produzcan siendo tan claras las disposiciones para evitarlos y en casos judiciales tan publicitados, sin que la Corte Suprema adopte las medidas que correspondan.
Lo indignante que está ocurriendo en este caso se observa también en otros procesos que afectan a políticos de uno y otro color, como el diputado colorado José María Ibáñez y al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Enrique Salyn Buzarquis (liberal). El primero –acusado el 24 de septiembre de 2014 por los hechos punibles de estafa, expedición de documentos no auténticos y cobro indebido de honorarios– consiguió hasta ahora, mediante repetidas chicanas, frustrar la realización de cuatro audiencias preliminares; el segundo –acusado el 1 de julio de 2015 por los delitos de lesión de confianza y usurpación de funciones públicas– también recurrió a artimañas para impedir que se celebren otras tantas audiencias preliminares. Es decir, tampoco en estos casos se ha llegado a iniciar el juicio oral, por la simple razón de que la magistratura es de lo más complaciente con los litigantes que ostentan algún poder político y que, como se saben culpables, solo buscan que sus respectivas causas se extingan por el paso del tiempo.
En realidad, para ellos no rige el art. 114 del Código Procesal Penal, según el cual los jueces podrán sancionar hasta con cien días de multa cuando se compruebe la mala fe o se litigue con temeridad, ni tampoco la Acordada antes referida, que la Corte creyó oportuno dictar cuando las sucias maniobras dilatorias de esos personajes ya estaban resultando demasiado notorias. Pero no hay que engañarse: la máxima autoridad judicial, sobre la que recae en última instancia la responsabilidad por las escandalosa dilación de los procesos, nunca se ha ocupado de velar por su aplicación. Se limitó a sancionar la Acordada al solo efecto de calmar de alguna manera la indignación ciudadana ante el escarnio al que los políticos corruptos y los magistrados complacientes someten a la administración de justicia. Es la muestra más palpable de que en nuestro país no existe la igualdad de acceso a la justicia, de la que habla el art. 47 de la Constitución: los delincuentes de guante blanco, dotados de poder político o económico, pueden burlarse de ella impunemente, sin que la Corte se inmute. De esta forma, no fue ninguna sorpresa que una auditoría ordenada por ella misma en 2015 haya comprobado que las audiencias preliminares se “suspenden” sobre todo en los procesos abiertos a políticos, a narcotraficantes y a personas adineradas.
El dinero mal habido puede obrar milagros en el Poder Judicial y, de paso, burlarse cruelmente de la ciudadanía esquilmada, ante la indiferencia de la Corte y el silencio cómplice de la casta política.
Por algo se produce una encarnizada lucha cada vez que se va a nombrar a integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque desde ese organismo se puede mantener en un “cháke” permanente a jueces y fiscales, para apretarles la clavija cuando sea necesario. Por algo también los legisladores nunca concluyen el juicio político contra tres ministros de la Corte Suprema, pese a que ya a fines del 2014 la Cámara de Diputados oficializó la acusación contra los mismos. Mantenerlos en jaque es una buena táctica para chantajearlos y conseguir fallos favorables cuando las rejas de Tacumbú amenazan.
La Justicia es un feudo hacia el que los ciudadanos y las ciudadanas deben dirigir sus reclamos, así como lo está haciendo actualmente contra políticos, legisladores y otras altas autoridades. Allí se cocina la impunidad, la madre de todos los males del país.