Los taxistas de Asunción y de todo el país volverán a movilizarse hoy en defensa de sus intereses particulares y en contra del general, recurriendo de nuevo al “enjambre amarillo” que trastorna el tráfico y viola el derecho de los demás conductores a desplazarse libremente por las ciudades. Además, sus dirigentes anunciaron que presentarán un recurso de amparo. Quienes se creen dueños de calles y avenidas desean seguir monopolizando el transporte de pasajeros de puerta a puerta, al elevado precio fijado por las municipalidades.
Ese y no otro es el motivo por el cual protestarán contra la habilitación de las aplicaciones informáticas gratuitas MUV y UBER, ya registradas en nuestro país, que permiten a sus usuarios conectarse por teléfono móvil con los automovilistas inscriptos en esas empresas intermediarias para trasladarlos a un costo que será inferior al que hoy aplican quienes temen la competencia en el mercado garantizada por el art. 197 de la Constitución.
La primera de las firmas citadas es de origen paraguayo; la segunda surgió en Estados Unidos y hoy opera en unas 700 ciudades de todo el mundo. En Asunción, UBER aún no ha podido prestar su servicio debido a las trabas de la administración comunal, en tanto que MUV ya lo está haciendo, pese a haber sido hostigada por inspectores municipales. El “permiso” municipal se logró tras el apoyo brindado por la gente a una prestación que responde al avance tecnológico y permite que el pasajero elija las características del vehículo y sepa de entrada quién será el conductor, así como cuánto deberá abonar por el viaje.
Una de las excusas alegadas por la Municipalidad capitalina es que el servicio en cuestión debe ser reglamentado, dándole de pronto suma importancia al ordenamiento normativo que no se ocupa de hacer cumplir en los más diversos ámbitos. Y bien, los ediles Federico Franco y Rodrigo Buongermini, del Movimiento Juntos Podemos, han presentado al fin un proyecto sobre “el transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratado a través del uso de plataformas electrónicas”, que, a estar por sus discriminatorios términos, apunta menos a precautelar los derechos de los pasajeros y de los conductores y más a favorecer a los agremiados en la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), dueña de 79 paradas habilitadas gratuitamente y presidida por Arístides Morales, pésimo director de Tránsito bajo la gestión del exintendente Arnaldo Samaniego, además de presunto autor de múltiples corruptelas. Quienes integran ese fuerte grupo de presión no pagan a la Municipalidad ni un centavo por el espacio público que ocupan, pese a lo establecido por la Ordenanza N° 26/92, ni por el servicio que prestan.
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Como señalamos, más que reglamentar los nuevos servicios, lo que dispone el proyecto de ordenanza es ponerles palos en la rueda para estar en inferioridad de condiciones frente a los tradicionales taxis. Por ejemplo, prevé que los titulares de los vehículos –llamados “permisionarios”– abonen a la Intendencia un canon mensual por kilómetro recorrido dentro de Asunción, desde el inicio hasta la finalización del viaje. El notorio tratamiento desigual, que por lo visto no había advertido antes, obligó al concejal Franco a señalar que este punto aún está “en estudio”. Hasta ahora, por cierto, no se dio cuenta de otra carga impuesta a los permisionarios, de la que están exentos los privilegiados taxistas. En efecto, los vehículos de UBER y MUV deben tener una antigüedad máxima de cuatro años desde su primer registro, ¡salvo que sean eléctricos!, en cuyo caso el límite será de seis años; en cambio, la Ordenanza Nº 26/92 dispone que “el modelo de los automóviles afectados al servicio (de taxi) no será superior a los diez años anteriores a la fecha de su habilitación o de su renovación anual, salvo que la Intendencia considere que el automóvil se halla en buen estado...”, en cuyo caso, evidentemente, el vehículo puede ser aún más viejo. También esta flagrante discriminación contra los permisionarios, agravada por la salvedad incluida, exigiría un nuevo “estudio”, lo mismo que el hecho de que ellos deban someter su vehículo a la inspección técnica vehicular sin la tarifa preferencial de la que gozan los taxistas: así, los nuevos servicios tendrán que pagar 259.067 guaraníes y los mimados por el intendente y los concejales 86.355. Por cierto, el proyecto de ordenanza exige que los permisionarios presenten cada año a la Intendencia Municipal los certificados de que están al día con sus obligaciones tributarias, lo que resulta toda una burla considerando la tremenda evasión tributaria de los taxistas. En fin, en la iniciativa comentada se establece que el transporte contratado a través de plataformas electrónicas debe abonarse solo mediante el uso de una tarjeta de crédito o de débito, lo que no se exige para el uso del servicio de taxi.
Y bien, pese al tratamiento preferencial que recibirían en comparación con los permisionarios, los taxistas rechazan lisa y llanamente la implementación del servicio de transporte en vehículos privados, que permitiría a la población optar entre dos o más tipos de prestaciones. Las ventajas que puedan obtener los usuarios mediante esta competencia deben prevalecer sobre el interés corporativo de los taxistas, siempre opuestos a cualquier innovación. Debe recordarse que, en su oportunidad, rechazaron el taxímetro y el sistema de radio-taxi, así como la inspección técnica vehicular. Ahora repudian esta nueva modalidad de transporte, con la que, valga como ejemplo, el 94% de los chilenos se mostró de acuerdo en un sondeo de opinión de 2016.
Se debe poner fin a los irritantes privilegios de que gozan los taxistas, un gremio mimado por autoridades y políticos porque utilizan sus servicios los días de elecciones para acarrear votantes. Deben someterse a la competencia en beneficio de la gente, como ocurre en cualquier otra actividad económica.