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Así como hasta ahora marchan las cosas en la entidad binacional Itaipú, alrededor del 2023 la usina hidroeléctrica tendrá cancelada la totalidad de su deuda, con lo que la mitad de su activo será propiedad paraguaya sin ninguna restricción de dominio. La revisión del Anexo C del Tratado –para cuyo efecto el plazo arranca el 13 de agosto de 2023– debe establecer dos condiciones sine qua non: administración conjunta absolutamente igualitaria de la usina y la libre disponibilidad de la mitad de la electricidad generada para cada uno de los países socios. Concretar este modus operandi definitivo en la usina hidroeléctrica binacional es el máximo desafío que tiene por delante el presidente electo, Mario Abdo Benítez, en términos del interés nacional.
Lo mismo ya debió haberse dado también en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hace dos años. Sin embargo, la traición de lesa patria en que ha incurrido el Gobierno del presidente Horacio Cartes, con la abdicación de responsabilidad en cuanto a exigir a Argentina el cumplimiento del Tratado, ha desembocado en la vergonzosa entrega de un valioso filón de soberanía nacional a nuestro avivado socio, el que –posiblemente mediante sobornos– viene cooptando a los codiciosos gobernantes paraguayos desde hace más de cuarenta años, para así administrar la usina binacional como si fuera propiedad privativa del Estado argentino. Esto ha derivado en el saldo fatal de que la deuda de la entidad binacional, en vez de ser cero, orille los US$ 6.000 millones, incluida la deuda con el Paraguay por compensaciones por territorio inundado por el embalse y por perjuicios ambientales y de infraestructura, así como por reclamos del consorcio constructor de la represa, Eriday-UTE y otros acreedores. Sideral cuenta fraudulenta que al final indebidamente la tienen que pagar por mitad los consumidores paraguayos de la electricidad generada en la usina durante al menos 30 años. Ese es el saldo del acuerdo Cartes-Macri, que debe ser repudiado por el presidente electo, Mario Abdo Benítez, y el Senado de la República tan pronto asuman.
A contramano de la Constitución nacional y de los intereses del país, como si fuera un vasallo del Gobierno argentino, el presidente Horacio Cartes está aceptando servilmente que su par de la margen izquierda del Paraná lleve adelante a tambor batiente el proceso licitatorio para la construcción de una nueva central hidroeléctrica en el Brazo Aña Cua. Actitud entreguista, prestamente asumida por el director paraguayo, Ángel María Recalde, con el acompañamiento de los consejeros compatriotas de la entidad, quienes, en vez de avergonzarse de tan vil traición a los intereses nacionales, más bien se ufanan de ello, produciendo la sospecha de que sean motivados por prebendas que perciben de los diestros timadores argentinos.
El presidente electo, Mario Abdo Benítez, y su futuro canciller, el actual senador ingeniero Luis Alberto Castiglioni, tienen la histórica responsabilidad de rescatar nuestra parcela de soberanía que se extiende hasta el límite arcifinio conformado por el punto medio del río Paraná y, consecuentemente, de la mitad del caudal que arrastra y mueve las turbinas pertenecientes al Paraguay. Esto, por una parte. Y, por la otra, redefinir los parámetros económicos, financieros y administrativos de la futura central de Aña Cua, la que debe ser catalogada como una central “anexa” a la principal de Yacyretá, y no meramente como una ampliación de esta, en razón de que se sitúa enteramente en territorio paraguayo y, por tanto, cae bajo la autoridad soberana del Estado paraguayo.
Puesto que es Argentina la que necesita electricidad en estos momentos –no así el Paraguay–, es justo que sea ella la que proporcione los recursos financieros para su construcción, aunque ambos países deben pagar el costo por mitad con la tarifa de la electricidad que allí se genere. Aquí es conveniente insistir en que el Paraguay no debe repetir la estupidez cometida en el pasado en la construcción de las dos represas binacionales al permitir que tanto brasileños como argentinos incurrieran en descomunales abusos financieros en su propio provecho, que dispararon el costo final de ambas al doble de lo que deberían de haber costado. Siderales sobrecostos que el Paraguay tiene que estar pagando hasta el 2023 en Itaipú, y por 30 años más en Yacyretá. Esto, al menos, si el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez no revierte el leonino acuerdo Cartes-Macri.
De entrada, y a rajatabla, el Gobierno paraguayo debe exigir que la relación del costo total de la usina versus su potencia de generación eléctrica se inserte dentro de los costos de usinas hidroeléctricas similares de países de la región. Vale decir, entre US$ 954 millones/MW, de la usina de Pescadero Ituango de Colombia, y US$ 1.707/MW de la Hidrosogamoso, del mismo país. Alertemos sobre esto, porque por de pronto la previsión de costo de Aña Cua, con una potencia instalada de 270 MW, es de unos US$ 600 millones, lo que da un ratio de costo/potencia de US$ 2.222/MW, sospechosamente muy por encima de las similares construidas hasta ahora en Colombia, Ecuador, Chile y Brasil.
Si promediamos el costo de las precedentemente citadas centrales, tenemos US$ 1.330,5/MW. Quiere decir que la de Aña Cua tiene un sobrecosto que ronda los US$ 1.707/MW (superior al 50%), absolutamente inaceptable.
Sería muy útil para la opinión pública paraguaya que el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE) se expida con relación al alarmante aumento gradual de las estimaciones de costo que los responsables de la EBY fueron proporcionando a la ciudadanía con el correr del tiempo: el costo estimado de Aña Cua en menos de 20 años saltó de US$ 240 millones a US$ 600 millones.
En un simposio llevado a cabo en el centro de convenciones de Ykua Satî, en noviembre de 2017, se concluyó que: “La nueva central del Aña Cua no es legal, ni necesaria ni conveniente para la República del Paraguay, y la opinión pública la percibe como un soborno a las élites económicas y políticas paraguayas..., siendo ofrecida para forzar la aceptación por parte del Paraguay de los hechos consumados de una colosal y espuria deuda no auditada ni comprobada”.
Ante estas contundentes realidades, veremos el coraje y patriotismo que demuestre el presidente electo, Mario Abdo Benítez, cuando tenga la lapicera en la mano, para reclamar ante nuestros angurrientos socios lo que legítimamente le corresponde al Paraguay.