En actitud de reprochable insolencia institucional y de falta de respeto hacia un Poder del Estado del que ellos forman parte, los ministros y altos funcionarios que tienen a su cargo el manejo de la sospechosa licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi vía alianza público-privada (APP) han hecho público, espacio reservado mediante, un descomedido comentario con relación a un normal pedido de informe de la Comisión Permanente del Congreso sobre dicho proceso de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi vía alianza público-privada (APP). Integran este colegiado gubernamental el ministro secretario general de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira; el de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona; el de Hacienda, Santiago Peña; el de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas; y el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Luis Aguirre.
Valiéndose del eufemismo “aclaraciones”, el comunicado de marras comienza descalificando con insolencia la autoridad de la Comisión Permanente del Congreso para requerirles la información solicitada, arguyendo que esta se maneja en distintas reparticiones jurisdiccionales y que, por tanto, cae dentro de la excepción contemplada en el art. 192 de la Constitución Nacional. A seguir, en visible falta de respeto al Poder Legislativo, dan a entender que, si han atendido el pedido de referencia, ha sido por mera cortesía institucional y no por obligación legal.
Tras esta abierta ofensa a la autoridad institucional de la Comisión, que en receso representa al pleno del Congreso, la comunicación de los ministros del colegiado, pensando, tal vez, que los legisladores son estúpidos que necesitan que se les sople la lección, desgrana una sarta de descalificaciones peyorativas destinadas a desacreditar los fundamentos del pedido de informes de la Comisión, tales como: “(…) nos resulta llamativo el hecho de que las supuestas irregularidades a las que hacen mención los Pedidos de Informe emanados de dicha instancia del Poder Legislativo, coincidan exactamente con las opiniones vertidas por una de las empresas participantes del proceso licitatorio (…) y para ser más exactos, con la que fuera descalificada en la primera etapa de dicho proceso”.
En otro pasaje de las “aclaraciones” de los ministros, estos esquivan el bulto en cuanto a emitir juicios de valor “sobre las indisimuladas acusaciones formuladas por la Comisión Permanente del Congreso (…)”, y astutamente tiran el fardo al Comité Evaluador, una instancia burocrática subalterna pero de la que ellos son responsables directos. Para el común de la gente y la ley, esta postura de echar la culpa a los subalternos en asuntos e instancias claves para la toma de decisiones en el proceso de adjudicación de un contrato tan importante como lo es el de marras, es absolutamente inadmisible, pues implica una abdicación de la responsabilidad.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
De ser así, el día de mañana –por cierto, ya bajo otro Gobierno–, si se constata que ha habido las muchas irregularidades que se presumen en la adjudicación del contrato entre manos, los señores ministros responsables campantemente podrían argumentar que la responsabilidad fue del Comité de Evaluación, y no de ellos.
En ese orden de cosas, los ministros arguyen también que las comunicaciones entre el MOPC y la OACI con referencia a las observaciones y recomendaciones de esta última sobre la calidad funcional del aeropuerto son recibidas directamente por la Dinac y no por el MOPC, siendo ella la responsable de atenderlas. Otra esquivada de bulto; en este caso, del ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona.
Los legisladores habían requerido explicaciones de por qué hasta ahora no se ha atendido la totalidad de los reclamos hechos por la OACI para que el aeropuerto capitalino adecue sus instalaciones a los estándares de seguridad que actualmente exigen las normas internacionales de navegación aérea. La respuesta de los ministros fue que, pese a sus esfuerzos, el Gobierno del presidente Horacio Cartes simplemente no ha tenido los recursos necesarios para hacerlo, razón por la cual se ha recurrido a la modalidad de APP para resolver la insolvencia del fisco con relación a la necesidad de modernizar la estación aérea de Luque.
Sin embargo, y según informe de la propia Dinac, tras resultados económicos negativos que venía teniendo, en 2014-2015 tuvo una utilidad de 41.000 millones de guaraníes (unos 7 millones de dólares), presumiéndose que actualmente, dado el aumento de vuelos y pasajeros, sus utilidades habrán sobrepasado con creces los 10 millones de dólares. La Dinac, en consecuencia, no puede presentarse poco menos que como un ente pordiosero que no puede cumplir con sus obligaciones.
Con relación a la adecuación del aeropuerto Silvio Pettirossi a las exigencias de la OACI, un plan maestro elaborado por la organización internacional para el efecto preveía una inversión de solo US$ 29 millones. Lo que hasta ahora el Gobierno no ha aclarado es por qué optó por contratar por 30 años una concesión de operación vía APP, con una inversión de US$ 110 millones, de la que solo US$ 30 millones sería la garantizada por la única oferente apoyada con tanto desenfado por el colegiado de ministros al que estamos refiriéndonos. Para peor, la inversión comprometida no prevé la construcción de otra pista, sino apenas el mejoramiento de la existente.
Hay tanto hermetismo y evasivas por parte de las autoridades responsables del manejo de la APP para modernizar el aeropuerto capitalino, que se ha hecho inevitable una gran desconfianza pública acerca de que sus impulsores desde el Gobierno tienen un gran interés personal oculto tras bambalinas. La altanera respuesta dada por el colegiado de ministros responsables del emprendimiento a la Comisión Permanente del Congreso refuerza esa sospecha.
Veremos cuál es la respuesta de ese Poder del Estado a este abierto desafío a la institucionalidad del país que le presentó un grupo de funcionarios públicos.