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A estas alturas de la experiencia acumulada por nuestro país en las últimas dos décadas “democráticas” con relación a las movilizaciones protestatarias de varios grupos del interior, ya tendríamos que haber aprendido algunas cosas, como por ejemplo, que ciertas organizaciones de estas hace tiempo perdieron su carácter gremial para convertirse en políticas, “brazos” de partidos y movimientos con líneas de pensamiento y acción conocidas. En esta función, obviamente, no representan solo a la “clase campesina”, como alardean, sino a unos cuantos que están “adheridos”, y a los políticos que desde las sombras los alientan.
En otras palabras, constituyen otro grupo ad hoc de presión frente al Gobierno y a la sociedad civil. Son actores con finalidades políticas. Actúan ejerciendo coacción sobre las autoridades pero, simultáneamente, causando enormes problemas a la gente común, utilizando la táctica de la exasperación: cierre de rutas, clausuras, entorpecimiento general de las actividades laborales, movilizaciones que producen caos en la capital y sus vías de acceso, obligando a distraer de sus funciones a miles de agentes de policía, hasta amedrentando a ciertas empresas, así como una seguidilla de tácticas similares más propios de esos manuales de “acción revolucionaria” que suelen salir a la luz.
Nuestro diario alienta las manifestaciones públicas, siempre que las demandas respondan a los intereses legítimos de los manifestantes y se realicen sin afectar derechos de terceros. Pero las rechaza cuando aparecen reclamos que nada tienen que ver con los manifestantes, o cuando aparecen claros indicios de injerencias políticas que desvían las aspiraciones de nobles sectores, como el campesinado.
Después de su última manifestación, en abril pasado, el grupo de campesinos que vuelve a movilizarse consiguió que el Gobierno cediera en casi todos los puntos reclamados, especialmente en lo concerniente a regalar dinero. Así fue como lograron la reestructuración de los montos adeudados por casi diez mil prestatarios campesinos, por valor de unos 35.000 millones de guaraníes, incluyendo el perdón de los intereses devengados por 22.000 millones, y las compras por el Estado de las deudas de campesinos con el sector privado, hasta 30 millones de guaraníes. Entre todo eso, el Gobierno ya efectuó un resarcimiento en metálico, víveres, insumos y equipos, estimado en unos 10.000 millones de guaraníes.
Además de lo inapropiado e injusto que es gastar el dinero de los contribuyentes en un sector de la sociedad en desmedro de todos los demás –que es en lo que consiste la mayoría de estas medidas–, todavía queda por considerar que algunas llegan al límite de lo inaceptable, como las condonaciones y los subsidios que se emplean en saldar deudas que muchos de ellos contrajeron para adquirir bienes de consumo, que ninguna relación guardan con la producción agropecuaria, como motocicletas, teléfonos celulares y vestimenta. De hecho, los grupos beneficiados con el dinero público nunca realizaron una rendición de cuentas, para mostrar qué hicieron con los recursos y ventajas obtenidas en concertaciones y arreglos anteriores.
En definitiva, la gente tiene la justificada impresión de que los beneficios económicos que obtuvieron estas organizaciones de parte de los sucesivos Gobiernos tienen un destino desconocido, ya que, como demuestra esta nueva manifestación, no mejoraron la situación real de las personas a cuyo nombre se los reclamó y que, en el colmo de los colmos, acaban sirviendo para solventar los costos de sostenimiento de las mismas organizaciones protestatarias; o para costear a sus dirigentes –que no se privan de exhibir buena capacidad adquisitiva– y a las mismas manifestaciones que realizan periódicamente.
De más está decir que es clarísimo que el mejor negocio para estos grupos movilizados es realizar periódicamente manifestaciones extorsivas y, en sentido contrario, el peor escenario es llegar a acuerdos sensatos y permanentes con el Gobierno, para ir encarando en forma técnicamente apropiada los verdaderos problemas del campesinado, elaborando un cronograma de ejecución razonable, a fin de asegurar el logro de las metas. Esto es porque concretar eso sería precisamente lo que les desarmaría su tinglado como grupo de presión, y les haría perder una fortuna en transacciones de dinero y otros privilegios, ya que la gran artimaña consiste en no darse jamás por satisfechos con lo obtenido. Si hoy triunfan con cinco reivindicaciones, mañana serán diez y pasado mañana serán quince, como ocurrió recientemente, en que luego del primer acuerdo estos mismos dirigentes campesinos llegaron con once nuevas exigencias. La cuestión está en sostener las acciones de fuerza y que la posibilidad de la extorsión al Gobierno y a la sociedad no desaparezca por ningún motivo.
Para adicionar adherentes, su táctica es también sencilla: visitan cada grupo campesino en distintos lugares del país –que por lo general tienen quejas particulares y necesidades propias– y les ofrecen incluirlas en la lista de reclamaciones que preparan para la siguiente manifestación. Al cabo de una gira, disponen de un nuevo arsenal que se suma a los ya clásicos, además de engrosar sus filas. Nada importa que muchas de las reivindicaciones sean impertinentes, que no les incumba como sector social o no puedan ser satisfechas, algunas por ser imposible, otras por ser ilegales, injustas o, simplemente, irracionales.
Actualmente, una de esas asociaciones, denominada Coordinadora Intersectorial, dirigida por el experimentado dirigente Luis Aguayo (operador del partido Frente Guasu), presenta entre sus nuevas exigencias las siguientes: más créditos por un total de 750 millones de guaraníes para pequeños y medianos agricultores (estos últimos agregados a la lista anterior, propietarios de hasta 500 hectáreas), a sola firma y sin intereses, por parte del Banco Nacional de Fomento. Al mismo tiempo, condonaciones de deudas anteriormente contraídas. En resumen, no quieren pagar lo adeudado pero quieren más dinero prestado, cuyas cuentas impagas dentro de un tiempo servirán, otra vez, para nuevos reclamos de condonación. Sigue la lista con subsidios para la tercera edad; incremento de tributos por valor del 15% a la exportación de soja, maíz y trigo sin procesamiento industrial; derogación de la ley que crea la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)..., entre otros pedidos dispersos e inconexos.
Ningún paraguayo de bien se puede oponer a que se solucionen los problemas del campesinado y que nuestros compatriotas del campo en general se sumen a la tarea de desarrollar el país. Pero para ello el campesinado paraguayo debe buscar líderes genuinos que los representen y promuevan demandas sensatas con soluciones asequibles, para reemplazar a dirigentes que se presentan con un disfraz “gremial” para ocultar su verdadera intención política.