La Coordinadora Intersectorial, liderada por Luis Aguayo y el cuestionado Elvio Benítez, so pretexto de bregar con denuedo por los intereses de los productores, no oculta que su intención real es provocar el enfrentamiento y favorecer ambiciones políticas, lo que resultó evidente en la reunión mantenida por sus voceros con el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja. En la ocasión este les informó que el Gobierno reestructuró las deudas de 9.645 campesinos por un valor de 35.000 millones de guaraníes y con una quita de intereses por un monto de 22.000 millones; que están encaminadas las compras de sus deudas con el sector privado que no superen los 30 millones de guaraníes, y que el Gobierno ya efectuó un resarcimiento en dinero –así como en víveres, insumos y equipos– valorado en unos 10.000 millones de guaraníes.
El dirigente Luis Aguayo (expresidente de la concertación política Frente Guasu) agradeció que el Gobierno haya cedido a las exigencias hechas en una serie de ruidosas movilizaciones realizadas en abril de este año, pero no se dio por satisfecho. Por si le cupieran dudas al ministro, afirmó que su organización –la Coordinadora Intersectorial, valga la aclaración– está luchando por cuestiones que van más allá de las reivindicaciones “campesinas” que han sido satisfechas, presentando nada menos que once nuevas exigencias que, si no fueran aceptadas de inmediato, darían lugar a una renovada medida de fuerza, prevista para el 20 de setiembre. Entre ellas figuran la condonación de las deudas de pequeños y medianos productores que han sido objeto de una demanda judicial, la quita del pago de los intereses que deben abonar los productores medianos –ya no solo pequeños agricultores– con deudas reestructuradas y la concesión de créditos de hasta 750 millones de guaraníes, a sola firma y sin intereses, por parte del Banco Nacional de Fomento, para la producción agrícola.
Estas flamantes demandas son tan desmedidas que solo pueden ser interpretadas como un pretexto para volver a las movilizaciones, acaso de nuevo en connivencia con ciertos cooperativistas, para colocar al Gobierno contra las cuerdas.
De lo que se trata, evidentemente, es de caldear el ambiente político, faena en la que no solo Luis Aguayo se ha revelado como un experto, sino también su compañero de causa Elvio Benítez, concejal departamental de San Pedro por el Frente Guasu. Es de advertir, por cierto, que ahora ya no se invoca solo a los pequeños agricultores, sino también a los medianos, es decir, a aquellos que poseen hasta 500 hectáreas y que estarían representados en la Coordinadora Intersectorial por los sojeros del recién creado Gremio de Productores del Paraguay. Se suman, pues, más comensales que pretenden participar en el festín con el dinero público, y es de temer que, por este camino, en breve los agricultores reales o supuestos sean imitados por otros grupos que también desean cancelar sus cuentas a costa de los contribuyentes y obtener créditos sin intereses, invocando el principio de igualdad ante la ley.
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Pero aquí no termina la cuestión, pues el portavoz de quienes se reunieron con el ministro Baruja además demandó que sea derogada la Ley N° 5036/13, que crea la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que opera en el norte de la Región Oriental contra la banda criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Aunque el disparate haya sido planteado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es obvio que nada tiene que ver con los problemas que afectarían a los agricultores, sino con el propósito de acompañar iniciativas similares que fueron planteadas en el Congreso en mayo del año pasado y que ahora están siendo debatidas. Esto significa que, en el inaceptable caso de que el Gobierno acceda a todas estas nuevas exigencias, salvo a esta última, la Coordinadora Intersectorial tomaría de todos modos la medida de fuerza anunciada.
No será la primera vez que una organización de productores es utilizada con fines ajenos a los estrictamente gremiales, ya que también en abril último, en su carácter de secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Aguayo había agregado una demanda a la inicial de condonación de deudas: el Senado tenía que aprobar el proyecto de ley que imponía un gravamen del 15% a la exportación de soja, maíz y trigo en estado natural. Como en aquel entonces, mediante una abierta amenaza, ahora se vuelve a pretender que el Poder Legislativo tome una decisión ajena al interés directo de los agremiados.
Todo indica que una organización que se dice de interés social pero con dirigentes partidizados, apunta a coaccionar a los Poderes del Estado en función de su proyecto político, por lo demás anacrónico, parecido al que fracasó en todo el mundo por implicar la opresión y la pobreza.
Al mismo tiempo, busca manipular la opinión pública en la medida en que invoca las supuestas angustias de los pequeños y medianos productores para generar la indignación de sus compatriotas, como si no fueran justamente esos compatriotas quienes serán los financistas de las condonaciones y reestructuraciones de las deudas, así como los créditos sin intereses que piden con tanta vehemencia. A sus portavoces no les interesa saber que el dinero que reclaman no va a salir de los bolsillos del Presidente de la República ni de sus ministros, sino del bolsillo de los contribuyentes, incluidos los de bajos ingresos, y conllevará que se dejen de lado necesidades sociales más legítimas.
A los dirigentes mencionados no les importan las carencias de los campesinos, sino espacios de poder político que puedan conquistar a través de las movilizaciones periódicas que organizan, por lo demás bastante costosas.
Los paraguayos y las paraguayas deben ir aprendiendo a distinguir las demandas presentadas por algunos políticos que, tras una máscara “social”, esconden apetencias personales o partidarias, porque el financiamiento de las mismas, en verdad, saldrá de sus bolsillos, ya que el Gobierno deberá aumentar los impuestos para tener fondos para enfrentarlo.