La Contraloría General de la República (CGR) informó que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dejó de percibir el año pasado nada menos que 6.656.305.604 guaraníes porque sus 2.754 funcionarios, a los que se suman los jubilados y sus viudos/as o concubinos/as, solo pagan la mitad de la tarifa de la energía eléctrica que consumen cada mes. El privilegio indebido es un “beneficio social, en reconocimiento del esfuerzo y dedicación aportados por los funcionarios en la prestación de servicios que la empresa brinda a sus clientes”, según la Resolución P/Nº 26010, firmada en 2009 por el entonces presidente Sixto Amarilla. Ella reconoce a priori que todos los funcionarios son esforzados y dedicados, presunción que por lo visto se mantiene. En el improbable caso de que así lo sean, ellos no deben recibir ninguna “bonificación” por el mero hecho de cumplir con su deber de “prestar sus servicios con eficiencia, diligencia, urbanidad, corrección y disciplina”, como exige el art. 57, inc. c, de la Ley de la Función Pública, no solo a los funcionarios de ANDE, sino a los de toda la Administración Pública. El cumplimiento de esa obligación solo debe ser retribuido con el salario y el aguinaldo. Al apartarse de ese postulado, el ingeniero Amarilla debe resarcir con sus bienes lo que autorizó indebidamente.
La repudiable “bonificación en el consumo de energía eléctrica” se extiende incluso a los jubilados y a sus viudos/as o concubinos/a, aunque ellos no estén realizando ninguna prestación laboral a la ANDE, que es el pretexto esgrimido para el escandaloso privilegio otorgado a los funcionarios.
En el informe de la CGR se recuerda que cuando la empresa solicitó al Poder Ejecutivo un reajuste tarifario del 15%, a mediados de este año, no propuso ninguna acción tendiente a reducir o eliminar ese beneficio que la resolución citada llama “social”, pero que en realidad es antisocial por privilegiar a unos pocos en perjuicio de la población en general. En efecto, antes de pretender cobrar más a los usuarios que no integran su envidiable plantel, la ANDE tiene que recaudar lo que está dejando de percibir tan generosamente, así como eliminar los pagos ilegales hechos a funcionarios con cargo de jefatura y al personal que debe estar disponible (“prevenido”), lo mismo que el beneficio adicional por peligrosidad y el de ayuda alimentaria para los contratados. Según la CGR, el año pasado, estos pagos llegaron a un total de 529.682.741 guaraníes.
La resolución comentada recoge lo establecido en el contrato colectivo de trabajo, uno de los tantos que otorgan beneficios extraordinarios al personal público a costa de los contribuyentes y de los usuarios, pese a que ellos deben considerar siempre el interés general, según el art. 51 de la ley de la Función Pública. Lo que a menudo ocurre es que a las máximas autoridades de los diversos órganos no les cuesta nada ser generosos con el dinero de todos, con tal de hacerse populares y de evitarse problemas con los subordinados. Total, en última instancia, las cuentas las paga la población, en forma de pésimos servicios o de tarifas abultadas.
Hay un notorio conflicto de intereses entre la ciudadanía y el funcionariado, en el que siempre se impone el de los bien organizados “servidores públicos”. Lo que la CGR ha hecho es llamar la atención, una vez más, sobre irritantes privilegios, que no tienen por qué recibir.