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El insólito escándalo que viene ocurriendo en la Gobernación del departamento del Guairá es solo un ejemplo más de la profunda podredumbre política que corroe la República, y crea el ambiente propicio para la aparición de un personaje autoritario que, como Alfredo Stroessner en 1954, convenza a la gente de la necesidad de poner fin, por las malas, a tanto desborde institucional.
Los grotescos episodios suscitados, que el país entero observa estupefacto, se resumen en que la Junta Departamental aceptó una supuesta nota de renuncia que el gobernador Rodolfo Friedmann (ANR) –quien estaba con permiso tras haber contraído matrimonio– niega haber firmado. La Junta Departamental designó rápidamente en su reemplazo al concejal Óscar Chávez (ANR), quien, a su vez, abandonó raudamente su nueva oficina cuando el presunto renunciante volvió presuroso de su viaje de luna miel e irrumpió en ella munido de un amparo judicial. La secretaria de la Gobernación, Blanca Báez, “no puede” identificar a quien le presentó la nota de renuncia.
Ya con Friedmann de nuevo instalado en su despacho, ahora apareció un tercer supuesto gobernador, el presidente de la Junta Departamental, Rodolfo Pereira (ANR), quien también invoca un amparo judicial. Para completar este desopilante cuadro, el abogado de Chávez anuncia que apelará contra la medida judicial obtenida por Friedmann. ¡Un gobernador en funciones y dos en potencia!
En medio del caos en que está sumida la Gobernación, el señor Friedmann acusó al senador Gustavo “Pipo” Alfonso (ANR) y al miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, Cándido Aguilera, ambos militantes en las carpas del cartismo, de haber promovido un “golpe de Estado”.
Friedmann no estaría muy errado en su apreciación sobre la participación activa de los dos políticos, pues ambos sentenciaron que el citado jefe departamental ya no tiene nada que hacer en el cargo, con lo que se revela además el alto contenido político que tiene este verdadero asalto a la Gobernación guaireña. Cándido Aguilera afirmó que “le guste o no, (Friedmann) ya no es gobernador... porque su renuncia sigue firme”. “Pipo” Alfonso, por su parte, aseguró que el jefe del Ejecutivo guaireño ya “no tiene que hacer quilombo porque ya no es gobernador”.
¿Cómo es que los dos políticos cartistas pueden estar tan seguros de algo que se está manejando en el ámbito de la Justicia, o en las esferas de la Gobernación mencionada? ¿O ya les bajaron a los jueces “la línea política” a seguir en sus sentencias?
El gobernador Friedmann militaba en las filas del cartismo, pero ahora asegura que está en contra de la reelección, y, además, cometió el error mortal de invitar al líder de la oposición partidaria, “Marito” Abdo Benítez, a su fiesta de casamiento. Para él, su intento de destitución está directamente vinculado a su posición anti “rekutu”.
Lo que aparece como un ridículo sainete más de la politiquería criolla rasca es, sin embargo, de extrema gravedad institucional. El gobernador Friedmann responsabilizó al comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Críspulo Sotelo, y al ministro del Interior, Tadeo Rojas, de lo que pudiera sucederle a él o a su familia. El diputado Pedro Britos (ANR), por su parte, no descartó inclusive que “corra sangre” a raíz de lo que considera un “atropello a la voluntad popular”.
El caso tiene otras aristas igualmente graves. Al negar su participación en el “golpe de Estado”, el señor Aguilera sostuvo que el gobernador Friedmann renunció efectivamente, pues venía siendo presionado por la Junta Departamental en tal sentido, para no ser denunciado penalmente por sus constantes irregularidades, a las que el diputado Alfonso calificó de malversaciones. Si fuera cierto lo afirmado por el consejero de Itaipú Binacional, cuyo desmesurado interés en el asunto es bien llamativo, resultaría que los concejales departamentales, en vez de cumplir con su obligación legal de denunciar la comisión de delitos de acción penal pública de los que tuvieron conocimiento en el ejercicio del cargo, se contentarían con que el señor Friedmann les deje libre el camino mediante una lisa y llana extorsión.
O sea que el Ministerio Público debe indagar no solo si la firma obrante al pie de la nota de renuncia fue falsificada, sino también si el gobernador delinquió a sabiendas de la Junta Departamental que, por lo demás, debió haber pedido un dictamen de la Contraloría General de la República para solicitar que el departamento sea intervenido por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados. Ese hubiera sido el correcto camino a seguir al detectarse las irregularidades comentadas.
Si es cierta la afirmación del gobernador Friedmann de que el “golpe de Estado” se debió a que él no apoya la reelección del presidente de la República, entonces la crisis desatada en el Guairá sería el resultado de una mezquina venganza política, que nada tiene que ver con el interés general. Puede pensarse entonces que el presidente Horacio Cartes habría promovido o dejado promover la destitución del gobernador mediante una renuncia fraguada, lo que debe determinar la Justicia.
Estos lamentables episodios seguirán sucediendo si el pueblo paraguayo continúa en manos de verdaderos gánsteres que negocian como mercaderías las instituciones públicas, mientras descaradamente succionan los dineros que les pertenecen a los ciudadanos y a las ciudadanas que ingenuamente confiaron en las propuestas mentirosas de sus campañas electorales.