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El criminal argentino Ibar Pérez Corradi fue extraditado el 5 de julio a su país, sin que ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional (PN) hayan tomado hasta ahora ninguna medida adecuada a la tremenda gravedad de las acusaciones que formuló contra agentes de la Interpol y de la División Antimafia, así como contra el “comerciante” de la Triple Frontera José Mohanad Khalife. Solo están procesados dos suboficiales del Departamento de Identificaciones de la Policía, David Benítez y Luis González, que habrían intervenido en la última etapa del proceso de expedición de una cédula de identidad y un pasaporte de contenidos falsos, que, según declaraciones del delincuente, le costaron veinte mil dólares.
Cayeron los “peces chicos” de la cadena delictiva denunciada, pero los once presuntos delincuentes uniformados importantes que le vendieron protección a cambio de 160.000 dólares siguen tan campantes. “Me pidió cien mil dólares y después dos mil dólares mensuales”, dijo Pérez Corradi, refiriéndose al jefe de Interpol del Alto Paraná, el subcomisario Sebastián Jara. Agregó que los pagos mensuales, que se extendieron desde agosto hasta diciembre de 2015, eran recibidos por Derlis Mallorquín, suboficial de la División Antimafia, que hacía de nexo con la Interpol. También contó que el monto del soborno inicial fue rebajado, pues debía ser de ciento cincuenta mil dólares, según le informó el subcomisario Jara, tras hablar con el jefe de Interpol de Asunción, el comisario Luis Arias.
El delincuente argentino reveló además que su compinche Khalife aportó noventa mil dólares, dado que él le preparaba “especialidades medicinales” y hacía arreglos para ingresar al país variantes nuevas de éxtasis, que luego eran reexportadas al Brasil, desde Ciudad del Este.
O sea que los agentes de la PN no solo mantuvieron en libertad a uno de los diez delincuentes más buscados por la Interpol en América Latina, sino que gracias a su protección Pérez Corradi pudo seguir dedicándose al narcotráfico.
Los nombrados, así como el suboficial Luis González, de la División Antimafia, solo fueron trasladados y siguen ejerciendo funciones en la Policía. Mallorquín se presentó a declarar ante la fiscalía, y eso ha sido todo. Khalife solo fue interrogado, sin consecuencia alguna, por el Ministerio Público, cuyo interés en la trama revelada se limita a la expedición de los documentos de identidad a nombre de una persona ya fallecida.
Por su parte, la fiscala Sandra Quiñónez solo le preguntó a Pérez Corradi si conocía a los suboficiales antes citados y quién le gestionó la cédula de identidad, pese a que ya tendría que haber estado enterada de los impactantes dichos del criminal, que nuestro diario había publicado días antes con respecto al prolongado pago de sobornos a agentes policiales y al tráfico de drogas ilícitas. Estas revelaciones del delincuente fueron reiteradas en su declaración ante la fiscalía, aunque con menores detalles, pero ni aun así la agente fiscal creyó necesario indagar sobre la participación de terceros en esos delitos. ¿Cómo se explica la inacción del Ministerio Público y de la Policía Nacional en un asunto de tanta importancia, si no es por la negligencia o el afán de encubrir a los presuntos autores de las graves fechorías? La de la PN resulta aún más llamativa por el hecho de que el acuerdo ilícito entre el criminal y los agentes de Interpol y de la División Antimafia tuvo una vigencia prolongada. Si el comandante de la PN, el comisario general Críspulo Sotelo, no estuvo enterado de nada, es porque ha perdido el control del organismo de seguridad, y si hasta ahora no ha tomado ninguna medida acorde con la seriedad del caso es porque no tiene el menor sentido de la responsabilidad, en el mejor de los casos. Antes de asumir su actual cargo, el 21 de mayo de 2015, el comisario general estaba al frente de la Dirección de Apoyo Técnico, de la que dependen la Interpol y la División Antimafia. Es de suponer que conocía a quienes hoy aparecen involucrados en un escándalo mayúsculo, que enloda a la PN no solo ante la ciudadanía honesta, sino también ante los organismos policiales extranjeros.
¿Podría confiar la sede central de la Interpol en que el Paraguay cooperará lealmente en la búsqueda y aprehensión de prófugos de la justicia, sobre todo cuando tienen mucho dinero sucio?
La cuestión no termina aquí, dado que también estarían involucrados funcionarios aduaneros, si es cierto que, como manifestó ante la fiscala Quiñónez, Pérez Corradi hacía “arreglos de aduana para ingresar al territorio paraguayo droga de diseño”.
Ante una situación de tanta gravedad, debe preguntársele al presidente Horacio Cartes cómo es que el comisario general Sotelo continúa en el cargo de jefe máximo de la Policía Nacional luego de mostrar tanta negligencia, si no complicidad, en este caso.
El Primer Mandatario debe decidirse a realizar una depuración a fondo de los efectivos corruptos de las fuerzas de seguridad, si pretende que los ciudadanos y las ciudadanas vean a los agentes como protectores de sus bienes y sus vidas y no como sus verdugos.