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En la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, Paraguay era un paraíso para el refugio de grandes delincuentes internacionales. Aquí estuvieron, por ejemplo, los Ricord y los Barton, y aquí murió el criminal de guerra nazi Eduard Roschmann, conocido como el “Carnicero de Riga”. Aunque tras la caída del dictador siguió llegando gente de pésima calaña, como el brasileño “Doctor Horror”, el mexicano Jesús Martínez Espinoza (el “Rey de la efedrina”) y Franz Meijer, buscado por el secuestro del holandés Henry Alfred Heineken (de la famosa cervecería del mismo nombre), era difícil admitir que los organismos dependientes de la Policía siguieran siendo hasta hoy tan corruptos como para dar documentos y protección a uno de los más buscados delincuentes argentinos, como el narcotraficante Ibar Pérez Corradi, con la participación de los propios efectivos del Departamento de Identificaciones de nuestro país.
Si Pérez Corradi vino a refugiarse en el Paraguay es porque no tenía la menor duda de que la Policía Nacional (PN) iba a estar dispuesta a venderle protección. No se le ocurrió cruzar, por ejemplo, al Uruguay, sino que prefirió llegar hasta nosotros, porque el crimen organizado le habrá hecho saber que la corrupción reinante aquí le permitiría abrir muchas puertas. El nada sorprendente hecho de que el prófugo, bajo un nombre falso, haya obtenido un pasaporte y una cédula de identidad paraguayos gracias a los servicios de por lo menos dos suboficiales, tuvo graves derivaciones que ponen en duda la integridad de las altas autoridades de la PN, incluido su comandante, el comisario general Críspulo Sotelo, y de rebote afectan también la autoridad del ministro del Interior, Francisco de Vargas, y la del propio presidente de la República, Horacio Cartes.
El caso fue descubierto supuestamente al cabo de una investigación interna por el jefe del Departamento de Identificaciones de la PN, el comisario principal Gilberto Gauto. Tras las publicaciones periodísticas y su inmediata destitución, el funcionario policial afirmó que el comandante de la PN sabía desde hace un mes que Pérez Corradi portaba los mencionados documentos. Sin embargo, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, solo se enteró del importante asunto a través de la prensa, quedando en el mayor de los ridículos. “A nivel ministerio, apenas nos enteramos hace pocos días, cuando medios de comunicación vinieron a consultarnos sobre el tema y nos vimos obligados a interiorizarnos”, admitió De Vargas.
Quien encabeza el órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna, bajo cuya dependencia jerárquica se halla la Policía Nacional, según el art. 175 de la Constitución, no tenía la menor idea de lo que ya sabían sus subordinados, es decir, ignoraba que por aquí andaba el delincuente más buscado en su país y uno de los diez principales objetivos de la Interpol en América Latina. En vez de solicitar al Presidente de la República la remoción fulminante de Sotelo, De Vargas prefirió insinuar que el comisario general tiene “responsabilidades no solo penales, sino administrativas y hasta políticas sobre este tema”.
La responsabilidad política la tiene él, de modo que también debió haber renunciado ante la evidencia de que la PN escapa a su control. Pero, en vez de dar ese paso o de pedir la destitución del comandante de la PN, prefirió convocarlo a una reunión, solo para sufrir un desplante y volver a quedar como un tonto.
Luego de concretarse por fin el encuentro, el ministro informó que “el comandante se queda” y que la premisa era capturar a Pérez Corradi, pero que faltó oportunidad para comunicarse, “y eso que nos comunicamos todos los días”, según dijo. Por si hacía falta, el ministro agregó que hablaban “desde dos a veinte veces por día” y que “no es cierto que había comunicación cortada”. Pero él se enteró a través de la prensa de lo de Pérez Corradi, y es de suponer que también el Presidente de la República, salvo que haya sido informado por su hombre de confianza, José Ortiz, quien parece ser también un confidente del comisario general Sotelo, según las publicaciones.
Así las cosas, el titular del Poder Ejecutivo debería llegar a la sensata conclusión de que, considerando el escándalo suscitado, debería prescindir de los servicios de ambos, para despejar la impresión generalizada de la ciudadanía de que la seguridad interior está desquiciada.
De Vargas dijo que Sotelo había incurrido incluso en responsabilidades penales. Si así fuera, no solo tendría que ser destituido, sino también procesado. ¿Cómo es posible que el Presidente de la República pueda mantener en sus cargos a uno que formuló una tremenda acusación y a otro que ni siquiera tuvo la dignidad de refutarlo, en caso de que haya sido calumniado? Quieren hacer como que aquí no ha pasado nada, cuando en realidad ha pasado mucho: el ministro del Interior fue lisa y llanamente ninguneado por el comandante de la PN, lo que permite suponer que ya lo ha hecho antes y que lo seguirá haciendo si el Presidente de la República no toma ninguna medida. Es de esperar que el Presidente corrija esta anómala y preocupante situación.