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El miércoles 2 del corriente, con la asistencia del presidente de la República, Horacio Cartes, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, dio por inaugurada la ruta de 160 kilómetros de longitud que une Concepción con Vallemí. La financiación de la obra vial corrió por cuenta del FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur) y su construcción demoró siete años. Su costo total, incluidos ramales, fue de G. 510.017.279.503 (US$ 91.000.000). El mismo incluye el sobrecosto del clásico 20 por ciento sobre la oferta contractual de las tres empresas que tuvieron a su cargo la construcción de la misma: Consorcio Tagatiyá, integrado por EDIVI S.A. (Emilio Díaz de Vivar), CCI Construcciones, COVIPA (Ing. Marcial Manuel López Cano e Ing. Óscar Rubiani), y Miguel Ángel Chaves Hausman; T&C S.A. (Francisco Griñó y Julio Ramón Lesme Vache) y Benito Roggio e Hijos S.A., concedido por el ministro Jiménez Gaona apenas asumió el cargo.
“Esta obra promoverá otras obras que generarán numerosas oportunidades, es transformadora, es una justicia social económica para todas las comunidades que se vieron aisladas”, dijo el ministro en la ocasión. Pero lo que más llamó la atención de los presentes fue la insólita novedad anticipada por el mismo en el sentido de que la recién terminada ruta ya necesita de una capa adicional de refuerzo del pavimento asfáltico para que pueda soportar el “tráfico pesado” a que se verá sometida. Es más, agregó que el MOPC ya cuenta con el diseño del recapado adicional, a unos US$ 150.000/km.
Habida cuenta de que el costo de la recién inaugurada ruta fue de unos US$ 570/km, que con el “refuerzo” de la carpeta de rodadura que el MOPC tiene previsto implementar el mismo aumentará 26,4 por ciento –unos 24 millones de dólares– su costo final será de 115 millones de dólares. Como el FOCEM ya no financiará este técnicamente extraño “remiendo”, el ministro dijo que ya están negociando con el Ministerio de Hacienda la partida presupuestaria para proceder a su ejecución en el más breve lapso posible. Agregó que, luego de este “refuerzo” de la carpeta de rodadura, la cartera a su cargo firmará un contrato de mantenimiento de la ruta en toda su extensión por el término de 7 años, como el vigente para la Ruta 4, San Ignacio-Pilar.
El anuncio hecho por el ministro Jiménez Gaona es asombroso. Construir 160 kilómetros de ruta nacional con base en un paquete estructural sin la capacidad de soporte de carga de camiones convencionales es un delito flagrante por donde se le mire; una estafa al Estado paraguayo y a la buena fe de los gobiernos del Mercosur que la han financiado a través del FOCEM. Por consiguiente, debe merecer una inmediata intervención de la Procuraduría General de la República y, paralelamente, la de una comisión bicameral del Congreso, a fin de esclarecer este descomunal escándalo de corrupción que no solo perjudica al erario, sino al buen nombre del Gobierno paraguayo ante sus pares del Mercosur.
Quien tiene que ser el primero en dar la cara al público es el ministro Ramón Jiménez Gaona para explicar los pormenores técnicos y administrativos que condujeron a tan alevosa lesión de confianza por parte de la cartera a su cargo, habida cuenta de que, excepto la “palada inicial” dada por su antecesor en el cargo, todo el proceso de construcción de la ruta transcurrió durante su gestión al frente del MOPC. Vale decir, suya es la responsabilidad primaria por la supuesta anormalidad inherente a las deficientes condiciones técnicas de la ruta recientemente inaugurada, sea por acción u omisión, que están obligando a un “recapado” ya antes de inaugurarse.
Si no lo hace, la opinión pública se sentirá con derecho a sacar sus propias conclusiones al respecto del insólito caso. Unos pensarán que el ministro miente en cuanto a que la ruta no tiene la capacidad de soporte estructural para cumplir con el soporte y el plazo de vida útil para la que fue diseñada, y que busca, más bien, recompensar a algunos de sus amigos de la rosca vial que disponen de plantas asfálticas y maquinaria de pavimentación ociosas, dándoles el trabajo del “refuerzo” de la carpeta de rodadura de los 160 kilómetros que tiene la ruta; un poco a la manera del expresidente Juan Carlos Wasmosy, quien hacia el final de su mandato dispuso la construcción de pistas de aterrizaje pavimentadas, no necesarias, en San Pedro, Oviedo y otras ciudades, a fin de que sus amigos empresarios viales tuvieran trabajo para sus maquinaria y plantas asfálticas, incluido él mismo, con lo que dejó sin recursos al MOPC para atender obligaciones contractuales prioritarias.
No basta con que el ministro Jiménez Gaona diga que la ruta necesita refuerzo; tiene que demostrarlo de modo fehaciente, mediante una memoria justificativa hecha pública con todas las letras, en la que conste la métrica del paquete estructural de los tres tramos que componen la ruta y la incidencia en el aumento de resistencia del pavimento que resultará del refuerzo de la carpeta de rodadura que pretende colocar como panacea, ya que será inviable reforzar la base granular asfáltica, ni la sub-base, menos aún la sub-rasante. No sea que el atracón que piensan darse sus amigos sea a base de puro concreto asfáltico, el “filet mignon” en la metáfora vialera.
Es más, si ese fuera el caso, por la costosa chapetonada declarada por él mismo, tiene que adelantarse a instruir un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades individuales de los funcionarios de su repartición involucrados en la elaboración/revisión de los proyectos de ingeniería correspondientes a la mencionada ruta. Si nada de eso hace, la gente quedará convencida de que lo que anunció en Vallemí podría ser un caso de corrupción grave, imputable enteramente a su gestión como ministro, o, en caso contrario, una artimaña para disfrazar una alevosa intención de estafar al Estado con el innecesario aumento del espesor de la carpeta de rodadura, la que, por cierto, aumentará muy poco la capacidad de soporte del paquete estructural en su conjunto.