Los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay tienen la espada de Damocles sobre la cabeza, ya que podrían ser destituidos mediante el juicio político promovido por los diputados en diciembre de 2014, siempre que los senadores, en grotesca componenda, acuerden a qué agrupaciones políticas van a corresponder las eventuales vacancias. Como aún no se ha afinado el contubernio, los tres miembros de la máxima instancia judicial seguirán sometidos a lo que el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Sergio Godoy, y el titular de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, llegaron a calificar de “extorsión”, y el diputado Óscar Tuma, de vulgar “negocio” de algunos senadores, sin que ninguno de estos se tomara la molestia de indignarse siquiera.
Las víctimas de la presión están siendo el Gobierno, partidario de la destitución de los tres ministros, así como cada uno de los mencionados magistrados, que están en un estado de tensión permanente y más vulnerables que nunca a las presiones políticas.
Lo más inquietante de estas conjeturas es que afectan a quienes administran justicia, dado que pueden ser inducidos al prevaricato o al prebendarismo en beneficio de ciertos políticos, en especial de senadores y diputados. No sería raro, por lo tanto, que el ministro Sindulfo Blanco –de cuyo caso empezó a ocuparse la Cámara Alta recién el último 6 de abril, sin que hasta la fecha haya sentenciado porque en dos ocasiones “faltó” el quorum necesario– esté siendo sometido a serias exigencias. Es comprensible, entonces, que su abogado, Jorge Bogarín, haya anunciado que pedirá el archivamiento del juicio porque, de acuerdo a pactos internacionales, todo ciudadano tendría derecho a ser escuchado dentro de un plazo razonable. Sin embargo, el ministro Blanco no está detenido, ni enfrenta una acusación penal, ni está a la espera de que se definan sus derechos y obligaciones, ya que estamos ante un juicio político, cuya duración máxima no está determinada en la Constitución ni en ninguna ley reglamentaria.
Dado que el Senado carece hoy de la mayoría absoluta de dos tercios de votos requerida para destituir al enjuiciado, quienes buscan su alejamiento estarían a la espera de las elecciones internas del PLRA, previstas para el 26 de junio, confiados en que si ganara cierto sector, lograrían los votos liberales que les faltan para conseguir la mayoría calificada que se requiere. Por su parte, los senadores del Partido Democrático Popular (PDP) y del Frente Guasu están dispuestos a votar incluso por la destitución de los ministros Bajac y Garay, siempre que los diputados acusen también a sus colegas Gladys Bareiro de Módica, Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes y Alicia Pucheta de Ortega. Es decir, para ellos es irrelevante que un ministro sea o no culpable de los cargos que se le imputan, tanto que la senadora Desirée Masi (PDP) llegó a revelar que su partido solo cuestiona a los ministros Fretes y Bareiro de Módica, pero de todos modos exige que también sean acusados otros colegas suyos para votar a favor de la destitución de Sindulfo Blanco.
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La evidente amoralidad de la exigencia apunta a que se aumente el número de vacancias en la Corte para que el “cuoteo” posterior para la repartija sea más amplio y el Presidente de la República no inicie el copamiento de la cúpula del Poder Judicial imponiendo a un candidato en reemplazo del primer destituido. Más aún, es muy probable que se pretenda extender aún más el marco de las negociaciones, para incluir en ellas la Contraloría General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo.
Al margen de estas especulaciones, nada descabelladas, cabe subrayar que lo menos importante para muchos senadores es que un ministro de la Corte ejerza bien o mal sus funciones: lo que les interesa sobremanera es obtener una tajada en la repartija de altos cargos de origen constitucional.
Entretanto, la indefinición del juicio político permite que continúe el marco propicio para la extorsión contra el Gobierno, contra los ministros Blanco, Bajac y Garay y, por qué no, contra los demás ministros, cuyos nombres también han ingresado en el mercado de las negociaciones políticas.
Urge que se ponga fin a este espectáculo mafioso, que enloda aún más a nuestra ya desprestigiada justicia y convierte a los ministros de la Corte Suprema en rehenes y monedas de cambio de las ambiciones políticas.