Los diputados colorados “añetete” Jazmín Narváez y Colym Soroka, la primera nada menos que líder de bancada de su sector partidario, acudieron al Palacio de Justicia para realizar una visita “de apoyo” a su colega y correligionario Ulises Quintana, coincidentemente en ocasión de una audiencia fijada al procesado. Quien es considerado por la mencionada diputada Narváez como un “preso político”, mereció sin embargo la siguiente consideración por parte de la fiscala interviniente Lorena Ledezma: “la contribución del legislador (Quintana) en el esquema de la asociación, es garantizar el tráfico de influencias, de dinero, de movimiento, de agente fiscal, de intervenir en la Corte, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a través de su gente”. Así como se viene observando, el proceso se lleva adelante con las garantías procesales para el hoy encarcelado legislador, de modo que la calificación de Narváez puede considerarse, cuando menos, apresurada.
Pero vale la pena reproducir las declaraciones de la líder de la bancada de diputados “añetete”, que la pintan –y por extensión a quienes le secundan– como una verdadera ignorante, tanto de las leyes que nos rigen como del sentido de la oportunidad para hablar. El primer brulote que lanzó fue –repetimos– que Quintana es “un preso político”, aseveración que ni siquiera merece refutación dada la magnitud de su tontería. Manifestó también que “dentro de nuestro gobierno… no todos responden al presidente… Nosotros respondemos al Presidente de la República, pero no todas las instituciones; el Ministerio Público, por ejemplo”.
En su minúscula mentalidad no cabe siquiera la noción de autonomía de las instituciones públicas; está convencida de que toda la estructura del Estado tiene que alinearse con el Presidente y someterse a sus órdenes o deseos. Para la diputada Narváez, la derrota y sustitución del absolutismo monárquico todavía no sucedió.
Con solo ingresar en la página digital del Ministerio Público, la citada legisladora se hubiera enterado de lo que es el Ministerio Público o Fiscalía: “Es un órgano con autonomía funcional y administrativa, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales”. En vez de pretender que el Ministerio Público esté bajo la batuta del Presidente de la República, ¿no se le ocurrió pensar que, como legisladora, más bien tendría que velar justamente para que los fiscales no sean influenciados ni por el Primer Mandatario ni por ninguna otra autoridad?
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Pasa que con su presencia y la del diputado Soroka, confundiéndose con manifestantes que apoyaban al legislador procesado, poco favor hacen a la independencia de los poderes. El segundo afirmó que “yo vine como un amigo más, vine a quedarme en el pasillo sin presionar a nadie”. Pasa por alto que su sola presencia en ese lugar, siendo legisladores, los convierte en sospechosos de intentar ejercer influencia indebida, coerción, intimidación o, simplemente, la intención maliciosa de crear la duda acerca de la legitimidad o corrección del proceso judicial al que, en este caso, se somete al diputado Quintana.
“Nosotros –agregó Narváez– consideramos que (Quintana) no cometió el delito (del que se le acusa)”, dictando sentencia anticipada en plena sede judicial. Ocurre que esta clase de políticos están convencidos de que, por haber ganado su partido las elecciones, o mejor aún, su movimiento y su candidato, son poco menos que propietarios del Estado, pudiendo disponer libremente de las instituciones de acuerdo a su conveniencia.
Es la misma actitud asumida por el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, que decidió hacerle un obsequio a su colega Juan Carlos Galaverna, según anunció, consistente en renunciar para que este asuma la presidencia desde abril hasta junio próximo, debido a que completaba en este periodo 30 años de ejercicio continuado como legislador. Decidió obsequiarle el alto cargo como si fuese de su propiedad. Es un pacto “de caballeros”, justificó. De modo que los cargos públicos, aun los más encumbrados, pueden ser objeto de transacciones particulares, pueden regalarse para festejar aniversarios o, por qué no, podrían también rifarse. Los propietarios del Estado hacen lo que les venga en gana. Pero, además, cabe preguntar qué méritos aquilató el agraciado en sus tres décadas de disfrute parlamentario, más allá de participar de las transas políticas que abundan en el Poder Legislativo, como para merecer tan relevante obsequio.
Tenemos así dos muestras palpables más de que nuestras autoridades electas no distinguen los límites que les imponen sus funciones, que sus mentalidades no difieren de las que regían en la época de la dictadura, que creen que ser legisladores les ubica por encima de la “gente común”, como dijo el impresentable diputado Carlos Portillo (PLRA). Son frutos de las “listas sábana”, a quienes no solamente hay que soportar sino, además, pagarles el sueldo. Y más grave aún es que estas cosas, que aparecen inclusive como un abuso de poder, les son indiferentes a los demás legisladores, ya que a nadie, por ejemplo, le molesta que el titular del Congreso se proponga obsequiar el cargo para premiar a un correligionario de lamentable actuación parlamentaria. Mayor insolencia, imposible.
Hemos repetido infinidad de veces que los ciudadanos y las ciudadanas deben ir anotando en sus agendas estos acontecimientos para, en primer lugar, hacer el máximo esfuerzo conjunto para poner fin al nefasto régimen de “listas sábana”, y, luego, no votar más en el futuro a legisladores que hayan dado signos de corrupción, haraganería o ignorancia, como los que presenciamos día a día.