Ciertos uniformados con funciones administrativas en realidad ganan más que el ministro de Defensa, Diógenes Martínez, cuyos ingresos mensuales llegan a 25 millones de guaraníes. En efecto, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Gonzaga Garcete, cobra 36 millones, en tanto que su jefe de gabinete, coronel Carlos Duarte, y el director de la Unidad Administrativa Financiera, coronel Germán Yegros, perciben 30 millones cada uno; los coroneles Nelio Acosta e Ignacio Zárate, directores de centros financieros del Ejército, se quedan cada mes con 30,3 y 30,4 millones, respectivamente. Esto significa que en la milicia se replica la misma aberración que ocurre en la Administración Pública, donde las remuneraciones disfrazadas bajo distintos nombres abultan el salario de los funcionarios, muchos de ellos vulgares planilleros. La evidente irracionalidad de que los subordinados perciban remuneraciones superiores a las de los ministros, incluyendo el de Hacienda, es el resultado de las llamadas asignaciones complementarias, entre las que se incluyen rubros tan absurdos como “bonificaciones por gestión presupuestaria”, “responsabilidad en el cargo”, “exposición al peligro”, “gastos de representación” y otros inventos, gracias a los cuales la capitana Cynthia Vera, exesposa del coronel Duarte, se embolsa entre 16 y 20,8 millones de guaraníes mensuales, siendo asesora jurídica del centro financiero Nº 2. La teniente María E. Benegas, que trabajaba para la fundación de la esposa del general Garcete, se queda con 12 millones de guaraníes pues, aparte de su sueldo, percibe tres bonificaciones, “sin ser nadie ni nada”, según la capitana Vera.
El descontrol en cuanto a los “servicios personales”, que incluyen los sueldos y las remuneraciones adicionales, entre las que también figuran las gratificaciones y los pagos por las horas extraordinarias de “trabajo”, genera un aumento de los gastos fijos y una situación de grave injusticia en lo que hace a la distribución de las asignaciones. Las asignaciones complementarias no son más que sobresueldos, es decir, disfraces que ocultan muy mal el hecho de que, en realidad, los funcionarios ganan más de lo que deberían por el cargo que están ejerciendo.
Los llamados “gastos de representación” sirven para ilustrar el irracional desmanejo reinante. Según el decreto reglamentario del Presupuesto nacional, ellos deben ser abonados a quienes ocupan cargos que conlleven la representación legal de la entidad, es decir, los de los niveles jerárquicos de conducción política y de conducción superior, así como a quienes ejercen una representación en virtud de mandato legal; en este último caso, los cargos deben estar expresamente contemplados en la Constitución, la carta orgánica y el organigrama de la entidad aprobados por la disposición legal correspondiente. El mismo decreto cita, entre los cargos de conducción política y de dirección superior, a los de jefe de gabinete y secretario general, así como a los directores financieros y administrativos de las entidades. ¿En qué gastos adicionales incurrirían quienes ejercen tales cargos, como para que sea preciso que reciban una retribución complementaria para cubrirlos? En ninguno. Es obvio que se trata de un simple sobresueldo, como lo son las gratificaciones indiscriminadas que se entregan cada año por un supuesto buen desempeño. Abundan, por ejemplo, los jefes de gabinete, tanto que hay decanos de la UNA que cuentan con el suyo. De hecho, sus funciones son difícilmente distinguibles de las de un secretario general o privado, pero están allí para que un paniaguado de la máxima autoridad cobre, entre otras cosas, por los gastos que le acarrea la “representación”. El problema de fondo es que el Presupuesto nacional crea cargos absolutamente innecesarios, como el ya mencionado de jefe de gabinete de cualquier jerarca, o el de ¡jefes de ascensoristas, de mozos, o de mesa de entrada en el Senado! A ello se agrega que las remuneraciones respectivas no suelen corresponder a las tareas realizadas debido a la arbitrariedad con la que se conceden las asignaciones complementarias. Por ejemplo, la secretaria privada del ex contralor general de la República Óscar Rubén Velázquez, Liz Paola Duarte, cobraba no solo por sus horas extraordinarias de “servicio”, sino también por otras “adicionales”.
El art. 34 de la Ley de la Función Pública dispone que la clasificación de los cargos servirá de base para fijar la remuneración de los funcionarios en el anexo presupuestario, bajo el principio de igualdad entre quienes cumplen tareas similares en todos los organismos del Estado. Esta disposición es letra muerta, pues no existe un sistema actualizado de clasificación y descripción de funciones de los cargos, ni un verdadero escalafón para los funcionarios, aparte de que a la Secretaría de la Función Pública se le ignora si es que cumple con su deber de proponer a los organismos criterios para establecer las remuneraciones. Ni el Ministerio de Hacienda ni mucho menos el Congreso suplen esas carencias, con lo que se concluye que el Presupuesto nacional es la causa final de la superpoblación burocrática y del caos en materia de retribuciones.
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La nueva matriz salarial, que se está aplicando gradualmente, solo sirve para “sincerar” los salarios, sin reducir los gastos de personal. Algunos organismos continuarán pagando hasta dos gratificaciones –verdaderos aguinaldos– anuales, que deben suprimirse por injustificadas, en tanto que seguirán vigentes los supuestos gastos de representación de una serie de personajes, entre los que se incluyen los jefes de gabinete, muchos de los cuales deberían abandonar la plantilla, con la indemnización de ley.
El Decreto Nº 5404/16 estableció que quienes ocupan cargos con salarios iguales o superiores al de ministro del Poder Ejecutivo solo cobrarán los gastos de representación, quedando excluidos de las bonificaciones por la inexplicable responsabilidad en el cargo de nivel superior y por gestión administrativa o presupuestaria. Se trata de un avance en la dirección correcta, que esperamos se respete y prosiga para que también desaparezcan las bonificaciones de todo tipo, en cualquier nivel administrativo. Es de esperar que el decreto referido también alcance a las Fuerzas Militares.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben manifestarse públicamente con firmeza para reclamar a los Poderes del Estado que pongan fin a la canilla libre para el despilfarro que hoy significa el Presupuesto nacional, a fin de que el dinero del pueblo sea canalizado como corresponde hacia los sectores marginales, hoy desesperadamente necesi- tados.