El Servicio de Transporte Aéreo Militar (Setam) interrumpió sus vuelos a Bahía Negra porque, días atrás, uno de sus aviones quedó empantanado al maniobrar para llegar a la pista no asfaltada y despegar con rumbo a Asunción. El campo de aviación será inspeccionado para determinar los trabajos que deben realizarse para reanudar el servicio, pero el coronel Arturo González, de la Fuerza Aérea, ya señaló que es el más difícil de operar en todo el país, pues solo mide 900 metros de largo y tiene obstáculos a ambos lados, incluidas viviendas. El Setam es consciente de la “enorme importancia” que tiene para los pobladores de dicha comunidad aislada el seguir contando con un transporte aéreo. Alegra saberlo, y es de esperar que cuanto antes se inicien las labores para construir una mejor pista de aterrizaje que tenga la longitud adecuada, esté libre de estorbos y al menos esté enripiada, como también dice el citado oficial. Evidentemente, en las condiciones actuales constituye un serio riesgo para los tripulantes, los pasajeros e incluso los vecinos.
El deplorable percance es una muestra más del indignante abandono que sufre no solo Bahía Negra, sino también todo el departamento del Alto Paraguay, que carece de tan siquiera un metro de camino pavimentado en toda su extensión de 82.349 kilómetros cuadrados. Si las autoridades nacionales lo han ignorado, las departamentales lo han depredado entre 1993 y 2013. En el periodo referido estuvieron al frente de la Gobernación los colorados Tarcisio Sostoa, Óscar Alvarenga, Bernardino Garcete, Sergio Valinotti, Vidal Benítez, Nildo Penayo, Erasmo Rodríguez, Rosalba de Penayo y Justo Fernández, a los que debe sumarse el interventor Nelson Paredes, quien tampoco desaprovechó la ocasión durante tres meses de faena. Es decir, en veinte años se sucedieron diez gobernadores que “administraron” más de 350.000 millones de guaraníes para llenarse los bolsillos y mantener en el atraso al departamento más pobre del país. Se robó con la complicidad de la mayoría de los concejales departamentales, que aguardaban su turno para dar el manotazo desde la Gobernación, lo que explica la llamativa inestabilidad política.
Solo dos de los saqueadores fueron sometidos a la Justicia por los delitos de lesión de confianza y producción de documentos falsos: Erasmo Rodríguez, en cuya administración se detectó un faltante de 3.000 millones de guaraníes, habiendo sido condenado por una Justicia correligionaria a devolver solo 280 millones, en cómodas cuotas, y su reemplazante Rosalba de Penayo, cuya gestión arrojó un faltante de 4.000 millones de guaraníes mal contados, siendo obligada por la misma Justicia a reponer apenas 208 millones, también a plazos. Ninguno de ellos cumplió con lo dispuesto en las respectivas sentencias, acaso porque se sentían protegidos por el exdiputado, hoy multimillonario, José Chamorro (ANR), el mismo “padrino” de la zona que en 2006 cobró más de 250 millones de guaraníes de coima por haber logrado el desembolso de royalties para la Municipalidad de Puerto Casado.
El Alto Paraguay sigue rezagado debido al sistemático latrocinio de sus gobernadores y a la absoluta indiferencia del Gobierno nacional cómplice. Se necesitan caminos transitables en todo tiempo no solo para que el hato ganadero, de más de dos millones de cabezas, pueda ser comercializado a tiempo, sino también para que la gente pueda desplazarse como en otro cualquier departamento del país.
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Los compatriotas del extremo norte del país tienen mucho que reclamar, pues también el servicio de salud pública es pésimo: en todo el departamento solo hay un precario hospital en Fuerte Olimpo, que no cuenta con médicos especialistas ni con banco de sangre, lo que muchas veces ha forzado a trasladar pacientes graves a Asunción, por vía aérea, para que sean atendidos. Felizmente, el campo de aviación local ya tiene una capa de cemento, lo que evitará un drama similar al del bebé que falleció a fines de 2015 porque el avión ambulancia que debía llevarlo a la capital del país no pudo aterrizar debido a la lluvia. Los pobladores del Alto Paraguay tienen derecho a recibir una buena atención sanitaria cerca de sus hogares, por lo que no habrá que darse por satisfecho con el referido avance que, ciertamente, sirve para atenuar el aislamiento. Es de lamentar que, por de pronto, se haya diferido hasta el 28 de febrero, a pedido de los oferentes según un informe oficial, la apertura de los sobres de la licitación pública convocada el año pasado para la pavimentación de la ruta que une las localidades de Loma Plata y Carmelo Peralta.
El vergonzoso caso del Alto Paraguay –atribuible a la negligencia y a la corrupción política, y no precisamente a la falta de recursos– debe despertar la solidaridad de los paraguayos en general, pero también la reflexión de sus víctimas directas: durante demasiado tiempo han venido consintiendo con su silencio, e incluso con su voto, la actuación rapaz de una larga serie de malandrines. Es necesario que aprendan a negar sus votos a quienes solo aspiran a enriquecerse ilícitamente y los mantienen marginados del resto del país.
Más aún, hace falta que se pongan de pie en defensa de sus legítimos intereses, tal como lo hicieron no hace mucho los vecinos de Toro Pampa, exigiendo que se reparen los caminos de la zona, donde viven encerrados más de diez mil compatriotas. Además, como una forma de hacerles pagar a la sociedad su culpa por el dinero que despilfarraron o robaron, se justifica que abucheen y repudien públicamente, allí donde los encuentren, a los políticos ladrones, responsables de todas las penurias que están sufriendo.