Cuando un gobierno obtiene créditos (sea cual fuere el origen y la finalidad de los mismos), asume tanto las obligaciones como los riesgos inherentes a la operación, de modo que es incomprensible que renuncie a su atribución natural y exclusiva de administrar dichos fondos –fondos por los que tendrá que responder íntegramente– para ceder tan importante función a un organismo extraño, a una entidad de derecho internacional que no responde ante los gobiernos nacionales ni ante los contralores de los pueblos a los que dichos gobiernos representan y cuyos intereses deben manejar.
Pues es esta y no otra la increíble situación en la que nuestro Gobierno nos puso a todos los habitantes de este país y contribuyentes de su erario, al entregar a la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) casi treinta millones de dólares de proyectos del área del Ministerio de Salud Pública para su “gestión” administrativa (además de varios otros proyectos de otros ámbitos).
Para empeorar la situación, por tareas de este tipo el PNUD, para mantener su burocracia, cobra nada menos que el 6% de los montos de cada proyecto que maneja, lo que, en el caso concreto de los proyectos del MSPBS, significa alrededor de un millón seiscientos mil dólares, suma nada despreciable para un proyecto cuyo monto, mediante simples adendas, fue aumentando llamativamente de 2.120.000 dólares a 28.030.011.
¿Por qué un organismo internacional como el PNUD es convertido por el Gobierno paraguayo en gerente de compras de sus proyectos, que son públicos, y que están financiados con dinero que deberá ser pagado por los contribuyentes de este país?
El serio cuestionamiento que se le formula a esta modalidad no es de carácter legal, porque se sabe que existen acuerdos –raros, a nuestro criterio– que legalizan operaciones como esta, pero la objeción es fundamentalmente política. Se critica que los gobernantes paraguayos dejen en ridículo al Estado que dirigen entregando una de las funciones soberanas más eminentes, la administración de fondos, a un tercero, que ni siquiera es un organismo nacional.
La extensa y pretendidamente iluminadora carta enviada a este diario por el director de PNUD en Paraguay, Lorenzo Jiménez de Luis (publicada el jueves 10 de mayo), en relación a este caso, no despeja en absoluto los preocupantes cuestionamientos expresados.
El director de PNUD afirma en su carta que el hecho de que se le entregue a su organismo la administración de fondos estatales no constituye cesión de soberanía de parte del Gobierno paraguayo. Dice que “si el Estado y sus poderes pueden elegir entre dos leyes que les son propias (se refiere al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por ese organismo y el Estado paraguayo en 1977, que autoriza arreglos como el que criticamos), no se está recortando soberanía, sino, al contrario, se la está ampliando”. Lo que significa, en términos claros, que “Todas las veces que el Gobierno paraguayo se sienta incapaz de administrar fondos, puede recurrir a nosotros, que lo haremos con gusto, por tan solo el seis por ciento de comisión”. ¿Así se amplía la soberanía?
El Estado paraguayo posee una Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y cada ministerio cuenta con sus propias Unidades Operativas de Contrataciones (UOC), pobladas de funcionarios especializados y con experiencia en el tema, cuyos salarios y otros privilegios están costando bastante caro al contribuyente. ¿Para qué sirven ellos entonces, si cuando hay que manejar un proyecto –cualquiera sea su monto– llamativamente se los chulea para reemplazarlos por técnicos de un organismo extraño, que saben de ese oficio menos que ellos?
Hay solamente dos respuestas que podrían inferirse de esta misteriosa situación: o los gobernantes sospechan de las aptitudes o de la honestidad de sus administradores y contralores, y temen poner dinero en sus manos, o hay flor de negociado consistente en sustraer la administración de fondos cuantiosos del ámbito público para esconderla en los cajones del PNUD, donde la investigación de los periodistas y otros curiosos no puede penetrar porque, según lo confiesa el mismo director de PNUD-Paraguay: “Los resultados de la evaluación solo pueden estar accesibles a los responsables de la institución sobre la cual se recaba la información, no así información de las demás, por una razón elemental de confidencialidad que apunta a proteger, en el marco de buenas prácticas internacionales en la materia, secretos técnicos o comerciales, así como aspectos confidenciales de las ofertas”.
Para su conocimiento, le transcribimos al señor Jiménez de Luis un párrafo del artículo 28 de la Constitución Nacional, que dice: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos”, mandato constitucional que de ninguna manera el PNUD ni cualquier otra institución pueden esquivar.
Será muy ilustrativo para el conocimiento de la opinión pública que los funcionarios que dirigen organismos como el Poder Judicial, los ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública y Bienestar Social, entre otros, aclaren por qué en las licitaciones prefieren al PNUD, en vez de los organismos institucionales creados en el seno del Estado para ejercer funciones de administración y contraloría. ¿Qué garantías especiales brindan los técnicos y funcionarios del PNUD que no pueden brindar sus colegas paraguayos, funcionarios y técnicos estatales?
Para nuestro diario, este caso con el PNUD tiene un olor raro …6% más caro.