En los últimos meses, el Ministerio Público ha tomado ciertas iniciativas que alientan la esperanza de que por fin cumpla con su deber de perseguir, no solo a “ladrones de gallinas y bicicletas”, como suele decirse, sino también a aquellos presuntos delincuentes que están habituados a la impunidad que brinda el poder político. El hecho de que hoy guarden reclusión el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el exsenador Óscar González Daher (ANR), el diputado Ulises Quintana (ANR) y el extitular del Indert Justo Pastor Cárdenas puede interpretarse como un signo de que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, pretende actuar con rigor e independencia para que todos los habitantes de este país sean iguales ante la ley, es decir, para que no haya privilegiados al amparo de los mandamases de turno.
En este contexto, sin embargo, resulta llamativo que los cinco agentes fiscales actuantes en la causa abierta al senador colorado Javier Zacarías Irún, a su esposa e intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y a su hermana Margarita Zacarías Irún, funcionaria judicial y empresaria, aún no hayan avanzado en la investigación tan siquiera para formular una imputación. El Ministerio Público la abrió el último 28 de septiembre por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, a los que luego se agregaron los de evasión impositiva, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. A inicios de octubre, se practicaron ocho allanamientos en los que se incautaron papeles, sin que hasta la fecha se tengan noticias de los hallazgos. Tampoco se sabe de los descubrimientos hechos a partir de los informes retirados a fines del mismo mes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con respecto a las empresas que ofertaron en licitaciones convocadas por la Gobernación del Alto Paraná y la Municipalidad de Ciudad del Este a lo largo de los años. Obviamente, esta es la fecha en que los encausados aún no han sido imputados, ni tan siquiera por el hecho punible de evasión impositiva, pese a que el opulento senador confesó orondamente que nunca pagó el impuesto a la renta personal. Hoy estaría en la “llanura”, pero no debe descartarse que cambie de carpa para sostenerse en el candelero, una práctica muy común en nuestro ámbito político.
En efecto, hay que reconocer la habilidad del jefe del nefasto clan esteño a la hora de cambiar oportunamente de bando; así que no debe sorprender que de pronto se vuelva un furibundo colorado “añetete”, tal como se volvió un fanático “cartista” tras haber vinculado reiteradamente con el narcotráfico a su líder, Horacio Cartes, en la campaña electoral interna de 2012.
Haría bien, pues, la fiscala general del Estado en disipar la impresión de que se ponen palos en la rueda a la pesquisa, ordenando a los agentes fiscales que se muestren diligentes y, si hay méritos, formulen cuanto antes la imputación de rigor. La opinión pública, que se ha visto gratamente sorprendida por las iniciativas del Ministerio Público antes mencionadas, no debe ser defraudada. Si en verdad no hubiera elementos probatorios convincentes acerca de la responsabilidad penal de los indagados, habrá que decirlo con toda franqueza, tanto para la tranquilidad de la ciudadanía como para la de los propios investigados, que no deberían tener una permanente espada de Damocles sobre la cabeza, propicia para el chantaje. La experiencia enseña que las dilaciones en el ámbito judicial son utilizadas para transas políticas y pecuniarias.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Debe recordarse que la ley orgánica de la institución que representa a la sociedad ante la judicatura prevé una pena disciplinaria por “demorar indebidamente el despacho de los asuntos, sea por negligencia o por incumplimiento de las obligaciones legales o de las instrucciones”, en tanto que la ley que regula el procedimiento para remover a los agentes fiscales incluye como causal de remoción el hecho de que no cumplan con los plazos previstos, causando la prescripción del hecho punible o la extinción de la acción penal. Es preciso que haya la transparencia y la celeridad demostradas por el Ministerio Público, por ejemplo, en la causa por la que están recluidos el exsenador Óscar González Daher y su hijo, al menos para que no se crea que el senador esteño podría estar influyendo en los agentes fiscales a fin de demorar u omitir un dictamen, delito sancionado con hasta cinco años de prisión por la ley respectiva. La ciudadanía puede tener la presunción de que el clan investigado está haciendo todo lo posible para evitar su imputación, más aún teniendo la riqueza que suele ostentar con toda impudicia, y las complicidades que estará tratando de forjar con los que mandan desde el 15 de agosto de este año.
Cuesta creer que al cabo de casi tres meses los subordinados de la fiscal general del Estado no hayan hallado indicios suficientes con relación a al menos uno de los hechos punibles atribuidos a sus miembros. Todo se maneja a oscuras en una cuestión de evidente interés público.
Si el clan de marras tuvo en sus manos la Gobernación del Alto Paraná y la Municipalidad de su capital durante los últimos diecisiete años, no sería nada raro –atendiendo las denuncias presentadas– que sus integrantes, que administraron mucho dinero ajeno, hayan sido tentados por las mieles ilícitas del poder. Son dieciséis las empresas que ha llegado a conformar este poderoso grupo familiar.
Es de desear que la fiscala general del Estado siga mereciendo la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas, y supervise debidamente a los agentes fiscales actuantes para que se pongan las pilas y ofrezcan sus demoradas conclusiones, sean favorables o no a los indiciados.