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Hace cinco años, apenas asumió el cargo de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona centró su crítica en el contrato de construcción de la autopista Ñu Guasu, al que calificó como “la peor herencia” recibida de su antecesor en el cargo, el actual senador por el PLRA Enrique Salyn Buzarquis, imputado por lesión de confianza en el ejercicio de dicho cargo. Contradictoriamente, tras haberlo satanizado como un enjuague de colusión entre el MOPC y empresarios viales corruptores, procedió a reconocer a los consorcios de empresas contratistas que tenían a su cargo la construcción de los dos tramos en que la obra fue dividida (Tramo I: Tecnoedil S.A., Constructora Heisecke S.A., Ocho A S.A.; Tramo II: ingeniero Isacio Vallejos y arquitecto Julio Mendoza), un 20 por ciento de aumento por encima de los montos de contrato (lo máximo permitido por la Ley de Contrataciones Públicas).
Al parecer, antes de dejar el cargo, el ministro Jiménez Gaona está empeñado en dejar también a su sucesor una herencia mucho peor que la que él recibió: una nueva prórroga del plazo ya concedido a la Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este –integrada por la cuestionada empresa española Sacyr, la portuguesa Mota Engil y la paraguaya Ocho A.– para la obtención del crédito de US$ 500 millones destinado a la financiación de los trabajos de duplicación de tramos de las Rutas 2 y 7. En efecto, el ministro Jiménez Gaona, en vez de rescindir el contrato marco con la SOE por incumplimiento del contrato financiero vinculante, al no conseguir la financiación prometida en el tiempo convenido, optó por prorrogarle el plazo para el efecto hasta octubre de este año. Convencido de que en el lapso que resta de la prórroga concedida a esa sociedad no va a obtener el préstamo en cuestión, ahora busca convencer a su reemplazante designado, Arnoldo Wiens, de que preste su conformidad para extender hasta el 2019 el plazo de prórroga ya concedida.
Este llamativo planteamiento institucional lo confirmó el ministro saliente a un diario colega el miércoles 8 del corriente, en ocasión de la firma de un convenio con la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para implementar trabajos conjuntos en la cuenca del río Pilcomayo. “La adenda que se está negociando en este momento en coordinación con el equipo de transición, tanto del MOPC como del Ministerio de Hacienda, tiene el objetivo de establecer una nueva fecha para el cierre financiero, pero, más que nada, también definir puntos que hagan realizable esta obra, con respecto a un nuevo cronograma de expropiaciones y aclaraciones del contrato que fueron consultados por los bancos de inversión”, señaló el ministro saliente.
¿A qué atribuir tan febril empeño de este ministro que, a menos de una semana de dejar el cargo, se empecina en mantener a flote a como dé lugar un contrato leonino, altamente inconveniente para los intereses nacionales? El buen cumplimiento del compromiso por parte de la SOE es virtualmente imposible, pues, como lo han asegurado empresarios viales nacionales, la SOE “Rutas del Este” nunca va a conseguir el crédito de US$ 500 millones a que se ha comprometido. Siendo esto así, lo único que cabe a la gente es sospechar que el ministro Jiménez Gaona tiene un interés personal en este entuerto, así como lo demostró hasta la saciedad al mantener en el proyecto de concesión del aeropuerto Silvio Pettirossi justamente al consorcio liderado por la empresa española Sacyr, de mala fama como contratista del Estado en varios países.
Este ministro, a toda costa, quiere salvar este parto de los montes con el que estafó la credibilidad pública con el cuento de que las APP eran la panacea para dotar al país de la infraestructura vial que necesita. Y si está haciendo verdaderos malabarismos para que su cuestionado proyecto no naufrague, es porque tiene una apuesta personal en el mismo. Sabiendo que el crédito pretendido por la SOE liderada por Sacyr va para las calendas griegas, lo que el ministro saliente pretende es que por lo menos se prolongue la indefinición –prórrogas sucesivas mediante– para que, mientras tanto, la SOE siga recaudando peajes y ejecutando obras de mejoramiento en el denominado “Tramo Cero” de la Ruta 2 (San Lorenzo-Ypacaraí), y luego reclame al Estado el pago de US$ 50 millones (como está estipulado en el contrato), y más, si se prolonga el statu quo de esta suerte de pillaje que, por de pronto, se extiende hasta octubre del corriente año, y que Jiménez Gaona quiere prolongar a como dé lugar.
El ministro designado, Arnoldo Wiens, tiene hasta ahora fama de integridad moral y, como senador de la Nación, ha dado pruebas de ética de responsabilidad en la función pública. Por tanto, es de esperar que no se rinda a los cantos de sirena que el ministro saliente le está haciendo escuchar. Y que no acepte ningún presente griego al que después tenga que referirse como “la peor herencia” recibida de su predecesor en el alto cargo. La vigilancia ciudadana sobre los negocios públicos está aumentando, y sería lamentable que se vea envuelto en oscuros negocios de los que, con toda seguridad, después deberá rendir cuentas.