En una reunión proselitista realizada hace unos días en Moisés Bertoni, Caazapá, el exministro de Hacienda y precandidato presidencial del coloradismo cartista, Santiago Peña, afirmó que “la agricultura familiar está agonizando” y se preguntó “cómo se explica que un país que puede alimentar a 80 millones de personas en el mundo, no puede dar de comer a 360.000 paraguayos que hoy no pueden completar un plato de comida al día”. Cualquiera creería que tan certera constatación y la atinada interrogante provinieron de un opositor y no del ahijado político del presidente Horacio Cartes, quien en casi cuatro años de mandato no ha logrado, por lo visto, remediar esos males tan graves.
Es probable que los exministros de Agricultura y Ganadería Jorge Gattini y Juan Carlos Baruja, y el actual, Marcos Alberto Medina, tengan mucho que contarle al respecto, lo mismo que los dirigentes colorados que lo escucharon en la casa del intendente de Moisés Bertoni. Estos mismos y otros dirigentes políticos colorados también podrían contarle, si fueran sinceros, que los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria fungen más bien de operadores políticos antes que de capacitadores. Igualmente, bien podrían hacerle recordar a Santi Peña que, cuando era ministro de Hacienda, él llegó a eliminar el año pasado el aporte estatal a 19 escuelas agrícolas católicas, revelando que la cuestión que hoy tanto le preocupa no figuraba entre sus prioridades de entonces.
Claro que el drama no empezó en 2013, de modo que la pregunta de Santiago Peña, en verdad, hay que trasladar también a quienes estuvieron al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería bajo los Gobiernos –casi todos colorados– que se sucedieron desde 1950 hasta hoy. Lo que ocurre es que todos ellos, con los politicastros esclavistas de turno, se han aprovechado y se aprovechan de la ignorancia con la que mantienen al campesino en la pobreza, pues no les conviene que mejoren sus condiciones de vida. Es que si prosperaran, los canallas no podrían comprar su voto con alguna limosna oportuna, que consiste hasta en alimentos, como lo demostró la desfachatada e ignorante Perla de Vázquez, que en sus actos proselitistas en el departamento de San Pedro reparte un kit de comestibles.
Para refrescar la memoria del precandidato cartista, según datos oficiales difundidos en los últimos días, el 12,5% de la población infantil del país sufre de desnutrición crónica; la mayor parte de ella, habitante de zonas rurales. “Esos niños están condenados a no desarrollar las conexiones neuronales suficientes para un aprendizaje exigente”, es el terrible diagnóstico del director del proyecto Caazapá de Juntos por la Educación, Robert Cano. A esos niños del campo, cuyos padres no han podido alimentarles por ser incapaces por su ignorancia de emplear métodos modernos de cultivo, se les ha quitado la posibilidad de llevar en el futuro una vida digna porque sus daños cerebrales son irreversibles.
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Esos pequeños son las trágicas víctimas de un sistema esclavista diseñado para el enriquecimiento ilícito de quienes ejercen el poder. Lo que se ha hecho con ellos, privando a sus padres del auxilio intelectual que requerían para producir más y mejor, es simplemente criminal. Ahora resulta que el Programa Alimentario de Nutrición Integral (PANI), cuyo presupuesto no aumenta desde hace tres años –mientras se despilfarra dinero en estupideces–, solo dispone de la mitad de los 40 millones de dólares que necesita para llegar a toda la población infantil. Es decir, aparte de que se provoca el hambre de los campesinos, privándolos del auxilio técnico que necesitan, quienes sancionan y promulgan el Presupuesto nacional no asignan los recursos adecuados para paliar las consecuencias que recaen sobre sus hijos para que estos tengan la posibilidad de liberar sus inteligencias de las cadenas intelectuales en las que los están manteniendo.
Es una burla cruel que la Constitución garantice la igualdad de oportunidades en los beneficios de la naturaleza, de los bienes y de la cultura, cuando la pavorosa realidad es que la penuria impide que los niños del campo tengan una formación similar a la de quienes residen en las ciudades. Si bien para ello es indispensable que una educación pública de calidad llegue a todos los rincones del país, también lo es que los alumnos acudan a las escuelas con el estómago lleno. Se dirá que el almuerzo y la merienda escolares sirven para suplir lo que no reciben en sus hogares, pero es público que los recursos del Fonacide suelen ser malversados y que las licitaciones están amañadas. Cabe insistir en que a los hijos de los campesinos paraguayos, si supieran producir, no les debería faltar qué comer.
También los gobernadores, los intendentes y los concejales –algunos de los cuales asistieron a la reunión con el precandidato Santiago Peña– forman parte de un engranaje perverso que se mantiene bien aceitado con el dinero que se sustrae, entre otros destinos para comprar conciencias, es decir, para que campesinos mantenidos indigentes adrede respalden en las urnas a los responsables de sus desdichas.
La agonía de la agricultura familiar no se corresponde con la envidiable vitalidad de sus causantes, que tratan como sea de conservar el poder o retornar a él para perpetuar un estado de cosas que tanto les favorece. El exministro de Hacienda parece de pronto conmovido ante el drama cotidiano de tantos compatriotas, como si nada tuviera que ver con los latrocinios de los aduaneros bandidos o con los antecedentes del senador Óscar González Daher, con quienes se exhibe sin ningún rubor. Debería saber que los funcionarios y los políticos de semejante calaña son los culpables de que tantos paraguayos no puedan “completar un plato de comida al día”, como expresó aparentando preocupación ante su audiencia.
En vez de ir a dar un discurso efectista ante dirigentes colorados del interior, debería realizar una reunión con los expresidentes vivos que representaron a su partido, Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas Grau, Luis González Macchi, Nicanor Duarte Frutos y el actual, Horacio Cartes, así como con senadores, diputados y otros altos dirigentes de la ANR, para formularles la pregunta lanzada en Moisés Bertoni. Es hora de dejar de mentir a la gente.
Sin merecer credibilidad, sus palabras sirven al menos para recordar una promesa incumplida del actual Presidente de la República, y que la afrentosa pobreza rural existente en nuestro país, derivada de la ignorancia, es el fruto amargo de la infame gestión gubernamental de los últimos 70 años.