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Hay varias categorías y clases de latrocinio, es decir, técnicas y estilos aptos para despojar al Estado y a la sociedad de bienes y recursos que deben estar destinados al desarrollo y bienestar social general. Pero una de estas clases es la peor: la que priva de esos beneficios a los más débiles, a los más necesitados, a la parte más urgida de la sociedad. A esta clase de infamia debería calificarse de “robo inhumano y antipatriótico”.
Un buen ejemplo didáctico nos acaba de proveer la investigación realizada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuyos resultados se conocieron días atrás, que detectó la presencia de alrededor de 1.200 personas inscriptas en planillas públicas como si fuesen docentes, pero sin serlo. De esta cifra, 486 son directamente “planilleros”, es decir, cobran salarios sin trabajar. El resto se distribuye entre los que asisten de vez en cuando a las aulas a fungir de docentes o envían reemplazantes irregularmente.
Según cifras oficiales, en el país tenemos casi 70.000 docentes remunerados por el Estado. Disimulados entre ellos figuran los 1.200 ladrones detectados. ¿Qué clase de gente es esa que está robando los recursos públicos destinados a sostener uno de los pilares del desarrollo presente y futuro de nuestro país, cual es la educación? Respuesta fácil: son políticos. Y son, a su vez, una clase especial de políticos, de esos que se llenan la boca de pueblo pero en el momento de actuar en su nombre lo hacen solo para escamotearle los recursos destinados a mejorar su nivel de vida y favorecer el futuro de los niños y jóvenes. Este proceder resulta denigrante y debe ser repudiado por todos los sectores de la sociedad y denunciado públicamente, sobre todo por los directamente afectados.
Entre los indiciados de este escandaloso robo están nada menos que 84 intendentes y concejales, departamentales y municipales, que, pese a ganar muy buena retribución por el generalmente pésimo o nulo servicio que prestan a sus comunidades, todavía les parece poco y se atribuyen el derecho a darle un mordisco al erario, apoderándose del dinero destinado a cumplir la gran tarea de mejorar el bajo nivel educativo en el país.
¿Qué clase de gente es esta? Insistimos en preguntar. ¿Qué formación moral poseen? ¿Dónde fueron formados? ¿Cómo es posible que un partido político que se define patriótico los haya ubicado en el lugar que ocupan?
Porque si estos tipos y tipas provienen también de esas escuelas de docentes corrompidos, entonces las preguntas formuladas comienzan a tener respuesta. Si un intendente o un concejal está robando al Estado haciéndose inscribir como docente en una institución pública, es muy comprensible que muchos de los estudiantes que observan esto, cuando sean adultos opten por seguir el pésimo ejemplo que reciben. ¿Para qué esforzarse, entonces, en ser un buen profesional o desempeñar calificadamente un buen oficio, pudiendo, en cambio, dedicarse a la política e impunemente hacerse remunerar por los contribuyentes del fisco?
Todo el mal asociado a la educación pública en nuestro país reconoce su origen y raíz en las características especiales del rubro presupuestario destinado al MEC, que es cuantioso y siempre creciente, pero que no da abasto porque no está dirigido hacia el incremento de la excelencia sino, principalmente, a cubrir los cada vez más exigidos rubros del personal, que incluye a los políticos sinvergüenzas.
El actual titular de la Dirección Anticorrupción del MEC, José Casañas Levi, toma hoy cartas en el asunto e inicia la investigación a todos los incursos en la irregularidad descubierta. Ya comenzó a recibir presiones de parte de los afectados, aunque, hasta ahora, al parecer su actitud se mantiene firme y positiva. Se trata, por consiguiente, de otra de las pulseadas entre corruptos y justicieros solitarios, en las que, hasta ahora, estos últimos casi no cuentan triunfos. Ocurre, como se sabe, que en estas batallas los malos son muchos más que los buenos y además, por lo general, cuentan con respaldos e impunidad judicial. Para despejar toda duda sobre las intenciones de las actuales autoridades educacionales, el MEC tiene que transformar sus hallazgos en denuncias concretas ante la Fiscalía, más aun considerando que, tras el último cambio de Gobierno, se están viendo esperanzadores síntomas en la Justicia, que es de desear se vuelvan cada vez más firmes.
En medio de tan inmunda situación moral –manoteo descarado de los rubros educacionales–, extraña sobremanera la actitud indiferente, si no cómplice, de los docentes y directores. Estas maestras y maestros que se muestran tan dinámicos y enérgicos en sus huelgas y manifestaciones callejeras, en las que invariablemente reclaman incrementos salariales y reducción de sus obligaciones laborales, en esta circunstancia no ven nada, no oyen nada, no denuncian nada. “Algunos políticos acumulan tres o cuatro rubros docentes y les faltarían horas del día para poder cumplir con todas sus obligaciones”, refiere el director Casañas Levi, lo que evidentemente pasó desapercibido para directores, maestros y dirigentes sindicales.
Los ciudadanos y las ciudadanas en general, y los padres y madres de los alumnos en particular, deben realizar un fuerte reclamo, mediante manifestaciones públicas sostenidas, para limpiar la educación de la escoria que hoy la contamina y juega con el futuro de sus hijos.