Pese a las protestas de la oposición, el 4 de diciembre del año pasado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia aprobó la habilitación de ocho candidaturas a elecciones primarias previstas para octubre de 2019, entre las cuales se inserta la del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Debe recordarse que un referéndum realizado en 2016 había rechazado la posibilidad de que el actual mandatario boliviano pudiera postularse como candidato para un cuarto período de Gobierno. Sin embargo, desconociendo la voluntad popular, al año siguiente el oficialismo desestimó el resultado de la consulta popular alegando que el mismo fue logrado sobre la base de un engaño: la supuesta existencia de un hijo del presidente Morales, que a la postre no se pudo comprobar.
De esa manera, a fines de 2017, con el resorte de los poderes del Estado en sus manos, Evo Morales logró que el Tribunal Constitucional autorizara su candidatura para el período 2020-2025, arguyendo líricamente que ella era “derecho humano”. Como era de esperar, la oposición política impulsó movilizaciones populares en contra, luego del anuncio oficial de la candidatura.
Al conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, el principal líder opositor, el expresidente de la República Carlos Mesa, escribió en su cuenta de Twitter: “La acción sumisa ante este Gobierno autoritario, la expresa el TSE, como quien lee un instructivo intrascendente, le ha dado un golpe mortal a nuestra democracia, habilitando como candidato al dueño de todos los poderes, Evo Morales”.
De hecho, ya en 2012, el mandatario había anticipado su candidatura para los comicios de octubre de 2019, señalando que emplearía, para ser habilitado, algunas de las cuatro vías “legales” que identificó su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), en su congreso general. “Muchos de ustedes ya me hicieron creer. Me han dicho que la vida de Evo no es de Evo; la vida de Evo es del pueblo. Estoy obligado a someterme a ustedes para seguir trabajando por nuestra querida Bolivia”, había afirmado en ocasión de un acto político, en el mejor estilo de los líderes mesiánicos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Con posterioridad, el mandatario había prometido respetar el resultado del referéndum de 2016, que le denegó un hipotético cuarto periodo presidencial. Pero, al igual que su fallecido mentor venezolano Hugo Chávez, le buscó la vuelta a la cuestión para volverse atrás en su promesa, apelando a la cooptación de los poderes públicos para salirse finalmente con la suya. “Yo no estoy preparado para irme a casa”, expresó con insolencia tras perder el referéndum.
Igual que Chávez, Nicolás Maduro, Alfredo Stroessner y Daniel Ortega, Evo Morales, aunque inicialmente electo por el voto popular, ha demostrado tener una tendencia autoritaria al purgar a los funcionarios de los organismos del Estado, aplicando supuestamente un criterio independiente y ceñido a la ley, pero solo para reemplazarlos con sus partidarios. Instituciones que no pudieron ser purgadas tan fácilmente, como el Poder Judicial y las Gobernaciones departamentales –en particular las de Santa Cruz de la Sierra y Tarija–, han sufrido el acoso a sus autoridades, que han sido hostigadas, intrigadas y hasta obligadas a expatriarse, como el exgobernador de Tarija, Mario Cossío, refugiado en Paraguay. De esa manera, paulatinamente, Evo Morales ha logrado hacerse con la suma del poder político, haciendo caso omiso a la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano.
Si en contra del resultado del referéndum se presenta como candidato para un cuarto mandato, estará violando la Constitución de su país, con lo que trasgredirá la Carta Democrática de la OEA, la cláusula democrática del Mercosur y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por eso, ha llamado la atención el reciente apoyo del Gobierno paraguayo, anunciado por el propio presidente Mario Abdo Benítez, de cara a la cumbre del Mercosur realizada en Montevideo, para la incorporación de Bolivia como socio pleno del bloque económico regional.
La posición de nuestro Gobierno puede calificarse cuando menos de inoportuna e imprudente, habida cuenta de que el propio protocolo democrático del Mercosur exige que los países miembros tengan sistemas democráticos. Esta contradictoria iniciativa se parece mucho a la impulsada por su antecesor Horacio Cartes al inicio mismo de su Gobierno, al obligar al Congreso títere de aquel tiempo a aprobar a tambor batiente la admisión de Venezuela al Mercosur por la ventana. Todo porque esa había sido la “condición de hierro” que le impuso la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en ocasión de la primera visita que le hizo como presidente electo en 2013.
Bien haría, pues, el presidente Mario Abdo Benítez en actuar con la máxima prudencia para precautelar la dignidad de la República, evitando caer en errores diplomáticos que han perjudicado los intereses en juego en la política exterior de nuestro país.