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El presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS), Karsten Friedrichsen, se lamentó con toda razón de la inseguridad jurídica e incluso de la física que afecta a los productores agrícolas de todo el país. En concreto, señaló que los títulos de propiedad superpuestos provocan invasiones de tierras, sin que haya una respuesta clara por parte del Gobierno. Se trata, en efecto, de un grave problema de larga data, que pone en serio riesgo la inversión en el campo y que en los últimos años se ha agravado.
El Servicio Nacional de Catastro informó en diciembre de 2012 que la superficie titulada era de 59,9 millones de hectáreas, mientras que la de todo el país es de solo 40,6 millones; la superposición documental afectaba entonces a 19,2 millones de hectáreas, 7,1 millones más que en 2009, y no sería nada raro que hoy sea aún mayor. Este extraño fenómeno, que le resta confiabilidad a los datos registrales, es el resultado de la actuación impune de estafadores, vinculados con escribanos, y de la grave negligencia o complicidad de funcionarios públicos de los gobiernos anteriores y hasta la fecha.
El agricultor vive en la incertidumbre, ya que en todo momento puede aparecer un supuesto propietario que reclame la finca que él viene explotando desde hace décadas y del que se cree su legítimo dueño. De nada sirve que la Constitución declare que la propiedad privada es inviolable si resulta dudoso a quién pertenece un inmueble, o si sus linderos no están bien definidos. El Estado no tiene la responsabilidad de garantizarles a los productores que venderán sus cosechas a buen precio, pero sí de darles la certeza de que su título de propiedad está en orden y de que sus agentes protegerán el derecho que el mismo otorga. Se necesita un Poder Judicial independiente que dirima con prontitud los litigios suscitados, algo que hoy está muy lejos de la realidad, como lo muestra el largo calvario de la familia de Vilmar Eisen.
El presidente de los sojeros asociados cree que la inseguridad jurídica no tendrá solución ni a mediano plazo y que el diálogo es la única salida. En verdad, es hasta probable que la situación empeore, dado que el valor de la tierra en el Paraguay, si bien ha aumentado notablemente en los últimos años, sigue siendo muy inferior al que tiene en los países vecinos, de modo que los traficantes de títulos superpuestos podrían contar con un número cada vez mayor de víctimas si es que no se empieza a enviarlos a la cárcel.
Para enfrentar esta cuestión explosiva, hace falta la tan mentada “voluntad política”, que en este caso se resume en hacer cumplir la ley, depurar la administración pública de los sinvergüenzas confabulados con delincuentes, y reforzar los recursos, tanto humanos como materiales, del Servicio Nacional de Catastro. En 2005, el BID apoyó el Programa de Catastro Registral, uno de cuyos objetivos fue “contribuir a elevar la seguridad jurídica de los títulos de propiedad inmobiliaria”. No sirvió para nada, salvo para abultar las billeteras de los avivados de siempre. Claro que es preciso dialogar, pero también –y sobre todo– combatir desde ya el delito y la ineficiencia, para dar seguridad a los agricultores e impedir conflictos.