El 16 de enero venció el plazo para que las 250 municipalidades rindieran cuentas a la Contraloría General de la República del empleo de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que el Ministerio de Hacienda les transfirió en el último cuatrimestre del año pasado. Solo 92 efectuaron presentaciones, de las cuales tres fueron rechazadas por el citado organismo. La única explicación posible a la masiva omisión es que los intendentes no tuvieron tiempo suficiente para retocar, comprar o inventar los documentos para respaldar los gastos fraudulentos que habrían hecho. Esto implica que, por de pronto, la gran mayoría de las municipalidades no debe recibir nuevos recursos para proyectos de infraestructura en educación y de almuerzo escolar, según lo dispuesto en el art. 5º de la Ley Nº 4758/12 y el art. 15 del Decreto Nº 9966/12. O sea que, los papases y mamases del país deben saber que, mientras no se pongan al día, decenas de miles de sus hijos que asisten a escuelas públicas carecerán como siempre de sillas y pupitres adecuados y quedarán privados del almuerzo, por culpa de sus autoridades sinvergüenzas.
La experiencia, sin embargo, enseña que el Ministerio seguirá transfiriendo los fondos a su arbitrio, de modo que muchos intendentes inútiles y corruptos que, en complicidad con los concejales, despilfarraron los fondos o se quedaron con ellos en sus bolsillos, podrán seguir robando tranquilamente, sin consecuencia alguna. Basta como ejemplo el caso de la exintendenta de Tavaí, Alba Correa (ANR). En su administración, la Contraloría no pudo encontrar justificación del uso de unos 1.180 millones de guaraníes del Fonacide en los ejercicios fiscales 2012 y 2013, pero ella siguió recibiendo transferencias del Ministerio, porque se jactaba a los cuatro vientos de contar con el apoyo del presidente de la República, Horacio Cartes, y del jefe de su Gabinete Civil, Juan Carlos López Moreira. Si el jefe de Estado no se despega públicamente de los desfachatados que lo invocan, sino, por el contrario, asiste sonriente con ellos en los actos públicos, aparece así como el primer culpable del despojo que sufre la educación a manos de políticos ladrones. Seguramente, no hace falta que se lo digamos.
Si a esta irregularidad se suma que el Ministerio Público no se destaca por tan siquiera investigar los hechos de corrupción tantas veces denunciados, el dinero del Fonacide seguirá siendo destinado al barril sin fondo del enriquecimiento ilícito de intendentes y concejales antes que a la educación pública. A quienes practican el latrocinio les importa un bledo el futuro de los niños y jóvenes de sus municipios, de modo que la eventual interrupción de las transferencias solo les afectaría en la medida en que no puedan continuar robando el dinero de todos.
También están aquellos que simplemente no utilizan los recursos, sino que los dejan depositados en el banco, acaso para “bicicletear” con los intereses y reintegrarlos oportunamente. El intendente de Mbocayaty del Yhaguy, Jacinto González (PLRA) –uno de los que no rindieron cuentas–, es un buen ejemplo: no ejecutó los 866 millones de guaraníes transferidos en 2016 “por falta de tiempo”, algo que sí tuvo para construir un rodeo para fiestas taurinas y una pista de baile para una asociación de jinetes, pese a saber que una escuela de la compañía San Blas puede derrumbarse en cualquier momento, tanto que los alumnos iniciarán las clases bajo los árboles o empleando carpas del Ministerio de Educación y Cultura. Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que tantos bribones hayan sido elegidos o hasta reelegidos, considerando su notoria insensibilidad ante una cuestión tan relevante para su comunidad? Los ediles son elegidos en “listas sábana”, pero no así los intendentes, de modo que también los ciudadanos tienen su parte de responsabilidad en esta lamentable historia.
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Es hora de que los docentes y los padres de los alumnos se ocupen de vigilar de cerca lo que hacen o dejan de hacer los intendentes y los concejales de sus comunidades con los recursos del Fonacide. No deben seguir tolerando que la educación pública sea saboteada de una manera tan descarada por unos delincuentes. Sobre todo en las pequeñas localidades, como las antes mencionadas, si tienen interés, debe ser fácil poner bajo la lupa de los vecinos la gestión de los munícipes.
En ese sentido, lo primero que deben hacer, entonces, es enterarse de cuánto dinero del Fonacide recibió la Municipalidad, algo que ella siempre trata de ocultar, mofándose de la transparencia administrativa. Y luego, reclamar que se ejecuten las obras y se brinde el almuerzo escolar, atendiendo siempre la calidad de lo ejecutado, pues no hace falta ser un arquitecto para juzgar la construcción de un aula, ni un gastrónomo para evaluar la comida que se ofrece. Las sesiones de la Junta Municipal son públicas, de modo que es conveniente, también, que los pobladores asistan a aquellas en las que se traten asuntos relativos a los fondos del Fonacide. Las radios comunitarias del interior, aquellas que sean conducidas por periodistas paraguayos patriotas y honestos que sueñan con un Paraguay mejor para sus hijos y tengan la valentía de criticar por el micrófono a las autoridades locales de sus pueblos y ciudades, tienen que jugar un papel mucho más relevante en toda esta cuestión, tanto para recabar información como para difundir el parecer de la gente sobre la ejecución de los proyectos.
Es hora de que los vecinos sean exigentes con las autoridades comunales y que aprendan a elegir a los mejores candidatos, descartando a los bandidos ya conocidos, porque está en juego el porvenir de sus hijos.