Ningún Gobierno puede tomar decisiones acertadas si no cuenta con los datos de la realidad. El caso de la condonación de deudas, exigida ahora por campesinos reales o supuestos, evidencia que la administración pública no tiene una idea clara de la problemática. ¿Sabe acaso cuántos auténticos pequeños labriegos están endeudados con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) o con el Banco Nacional de Fomento? No lo sabe, porque, entre otras cosas, es muy probable que a lo largo de los años pasados también hayan recibido créditos muchas personas que nada tenían que ver con el cultivo de la tierra y que no tenían la menor intención de amortizarlos, pero hoy están entre los que reclaman en la actual marcha.
Según datos oficiales, el CAH tiene 36.372 clientes, pero su presidenta, Amanda León, afirmó hace unos días que la deuda de más de 110.000 productores llega a casi 120 millones de dólares. ¿Cómo sabe la funcionaria cuántos campesinos adeudan a otras entidades públicas o privadas y, por lo demás, cómo está segura de que todos los deudores del CAH son realmente labriegos? No lo sabe, lo mismo que el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, quien simultáneamente informó por su parte que la deuda del campesinado, tanto con el sector privado como con el público, supera los 500 millones de dólares. Para el senador Silvio Ovelar, sin embargo, llega a unos 822 millones, así distribuidos: al CAH se le deberían 115 millones de dólares, al BNF siete y a las entidades privadas 700. En suma, este menjunje de datos demuestra que se ignora cuántos son realmente los deudores y, en consecuencia, a cuánto asciende el monto de las obligaciones con las instituciones crediticias.
Así las cosas, nadie tiene una idea acabada de la magnitud del problema, lo que seguramente impide su tratamiento adecuado y, a la vez, favorece la impunidad de quienes desde un cargo público cometieron el delito de lesión de confianza al otorgar créditos a parientes, amigos o correligionarios, en contra de la ley.
Este es el problema que se afronta ahora para buscar una solución a la deuda cuya condonación reclaman los campesinos. Toda acción gubernativa será desatinada si no se funda en datos veraces y actualizados, y, en estas condiciones, se presta a los fraudes y a las “tragadas” de los recursos públicos. Por ejemplo, a principios del año pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería eliminó unos ocho mil nombres de las listas proporcionadas por “dirigentes campesinos” para cobrar un subsidio de 300 dólares disfrazado de “microcapitalización productiva”, pues unos aparecían hasta siete veces y otros correspondían a funcionarios, policías y maestras. No debería sorprender, entonces, que entre los deudores de las entidades públicas que actualmente reclaman la condonación de sus deudas figuren muchísimos aprovechados que nunca debieron haber recibido un crédito.
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Se entiende que la problemática en cuestión no es de reciente data, sino que se viene arrastrando desde hace décadas, lo que revela que al frente de nuestras principales instituciones se ha sucedido inútil tras inútil. A ningún Gobierno le ha interesado hacer un relevamiento acabado de las necesidades sectoriales para, en consecuencia, tomar las decisiones oportunas. Los ineptos que se han venido sucediendo en la cúpula estatal han preferido manejarse a tientas, aunque ello impidiera solucionar los problemas “sociales”, acaso porque la oscuridad favorece precisamente a la corrupción. Y en vez de tomar en el momento las medidas convenientes tras un examen realista de la situación, han preferido dilatar las soluciones, dejando a cargo de sus sucesores una bomba de tiempo cuyo potencial explosivo no se puede determinar con precisión por la carencia absoluta de datos confiables.
Naturalmente, el vacío reinante en materia de censos y estadísticas favorece también la actuación de grupos populistas, proclives a la propaganda mentirosa. Como el Gobierno no tiene informaciones precisas acerca de las deudas de los campesinos o de la tenencia de la tierra, entre otras cosas, se pueden formular a bulto las exigencias más extravagantes –como está ocurriendo ahora con la marcha de la MCNOC–, con la certidumbre por parte de los líderes de que quienes deberán tomar alguna decisión a su planteamiento no están en condiciones de refutarlos con contundencia porque no tienen datos concretos.
De esta manera, los diversos gobiernos han venido dando palos de ciego, sin atinar a dar una respuesta acabada a las demandas sociales.
Para empezar, urge que en el aparato estatal haya un cruzamiento de datos confiables. ¿Acaso existe uno entre el CAH, el BNF y el Indert que permita identificar a quienes realmente tienen derecho a obtener un crédito para la explotación agrícola? No puede haberlo porque el Indert ni siquiera ha concluido el censo rural. Tampoco vale la pena mencionar a la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, atendiendo que el último censo de población y vivienda fue realizado con la mayor torpeza.
Antes de abrir una “mesa de diálogo” para cualquier tema, lo que hace falta es disponer de informaciones ciertas, porque solo así el diálogo podrá tener algún sentido. Si nadie sabe bien el alcance de lo que se está debatiendo, lo que llegue a acordarse se asentará sobre bases falsas, caldo propicio para nuevas demandas.
Así, pues, es hora de que el presidente Horacio Cartes se aparte de la línea seguida por sus antecesores y pongan –él y sus más de 300.000 empleados públicos– manos a la obra para depurar sus registros de vivos y arribistas, y tomar, en consecuencia, las disposiciones adecuadas. El Presidente debe hacer, en esta oportunidad, todo lo posible para no convertirse en uno más de la serie de inútiles que pasaron por el Palacio de López.