Cargando...
Desde fines del año pasado, pobladores de Loma Grande, Nueva Colombia, Altos y San Bernardino vienen exigiendo el cierre de la fábrica electrointensiva de la firma brasileña Archer S.A., instalada entre los dos primeros municipios cordilleranos citados. Alegan que la planta productora de carburo de silicio –material empleado en la industria de cerámica y vidriados, entre otras cosas– emite olores fétidos y contamina el ambiente, causando enfermedades respiratorias y la muerte de animales domésticos. Por su parte, la empresa sostiene que las materias primas que elabora –arena de río y carbón mineral– no son contaminantes, que no recurre a productos químicos, que el olor nauseabundo no es permanente ni daña la salud y que su tecnología es la utilizada por los mejores productores mundiales de esa sustancia.
Entretanto, la Junta Municipal de Nueva Colombia, donde se hallan seis hornos y tres de los transformadores, dispuso la clausura temporal de la planta hasta que la firma monte equipos que atenúen el mal olor y presente los planos de las construcciones. La empresa asegura que los planos fueron entregados, en su momento, a la Municipalidad de Altos.
Más allá de las versiones dispares acerca del asunto y de los conflictos de competencia que pudieran surgir entre las Municipalidades, dada la ubicación de la fábrica, es de señalar que hasta ahora no se han pronunciado ni la Fiscalía del Ambiente, que estaría investigando las denuncias; ni la Secretaría del Ambiente (Seam), cuyas atribuciones en esta cuestión son indiscutibles.
En lo que a este último organismo respecta, cabe recordar que, según el art. 23 de la Ley N° 1561/00, tiene la función de “coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar, de modo compartido con los Gobiernos departamentales y las Municipalidades, programas, proyectos, actividades de evaluación de los estudios sobre los impactos ambientales y consecuentes autorizaciones, control, fiscalización, monitoreo y gestión de la calidad ambiental”. Como se ve, sus facultades son muy amplias, pero su accionar es escaso. Si las hubiese ejercido desde un principio y en forma continuada, no se hubiera llegado al cuestionamiento suscitado.
En consecuencia, cabe preguntar: ¿presentó la empresa cuestionada un estudio de impacto ambiental, que haya sido aprobado por la Seam? Una vez inaugurada la planta en octubre de 2017, ¿verificó la Seam, alguna vez, la calidad de la gestión ambiental? Todo indica que, al menos en lo que a esta última obligación respecta, el organismo de marras no hizo absolutamente nada, es decir, incurrió en la llamada “dejación de funciones”.
No estamos tomando partido por ninguna de las partes, sino solo afirmando que la Seam no pudo haber autorizado a la compañía Archer S.A. a operar su fábrica si no presentó el estudio de impacto ambiental o este no fue aprobado. Si le otorgó la autorización porque cumplió con dicho requisito, tuvo que haber ordenado la suspensión de las actividades al advertir que ellas dañaban el ambiente. Si efectuó el control, la fiscalización y el monitoreo sin haber constatado efectos nocivos sobre el ambiente, tendría que haberse manifestado hace al menos cinco meses, cuando empezaron las protestas de la gente. Pero, como la mayoría de los organismos oficiales, existen pomposamente en los papeles, pero no cumplen con sus obligaciones.
Como su prolongado silencio viene causando una comprensible zozobra, tanto a los pobladores como a la empresa, la Seam tiene que pronunciarse cuanto antes. Si no actuó con anterioridad, como era su deber, que al menos lo haga ahora para poner las cosas en claro. Al fin y al cabo, tiene unos 320 funcionarios y un presupuesto de más de siete millones de dólares anuales, de modo que no debería resultarle difícil averiguar la verdad. Por de pronto, al menos funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) estuvieron en la zona del conflicto y extrajeron sangre de las aves de corral que habrían muerto debido a las emanaciones de la fábrica. Los resultados de los estudios, que se darían a conocer en unos días, ya servirán para aportar alguna luz, mientras se aguarda el tan demorado informe de la Seam.
No se trata de estar a favor del derecho a un ambiente saludable o en contra de una inversión generadora de puestos de trabajo. O viceversa. No se trata de o respirar aire puro o conseguir un empleo, sino de que las actividades económicas que puedan alterar el ambiente sean reguladas mediante leyes que protejan a la población, sin ahuyentar a los productores. Y que ellas sean ejecutadas por un organismo eficiente, para evitar que se conviertan en letra muerta.
El responsable final de la penosa situación provocada por la inacción de la Seam es el presidente de la República, Horacio Cartes, quien designó hace más de tres años a su titular, el Ing. Rolando de Barros Barreto, sin que, por lo visto, se le exija que cumpla con sus obligaciones. Según los directivos de Archer S.A., la empresa se radicó en el país porque el Gobierno quería industrias electrointensivas y se ubicó en el sitio referido porque allí estaba disponible una línea de alta tensión de la ANDE. Habría invertido unos quince millones de dólares, a los que ahora se sumarían unos quinientos mil para eliminar la pestilencia, lo que implica admitir, por cierto, que las quejas de los pobladores son en parte atendibles.
En suma, la Seam debe dilucidar de una vez por todas si es o no cierto que se está contaminando el ambiente y, en caso afirmativo, ordenar que la empresa tome las medidas pertinentes y, si cabe, aplicarle sanciones. Es comprensible que, con razón o sin ella, los pobladores estén preocupados por su salud, y los empresarios extranjeros, por su inversión. Unos y otros necesitan seguridad, la que solo podrá brindar el Gobierno, haciendo trabajar a sus instituciones y funcionarios como corresponde.