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Sin duda, el mayor infortunio existencial del Paraguay fue la inicua guerra contra la Triple Alianza, porque no solo exterminó a nuestra nación en lo que fue el primer genocidio de la historia y desmembró nuestra heredad, sino que desde entonces no faltaron paraguayos traidores de lesa patria que desde las alturas del poder, a cambio de pingües sobornos para provecho personal y de sus adláteres, no hesitaron en rifar los intereses nacionales a favor de gobiernos de países limítrofes que fueron y serían usurpadores de nuestra soberanía.
Así, en el siglo pasado apareció el general Alfredo Stroessner, quien prevalido de su omnímodo poder dictatorial, entregó a discreción de Brasil y Argentina un filón vital de nuestra soberanía territorial en Itaipú y Yacyretá. Y lo hizo movido por la codicia, tanto de poder como de dinero, secundado por sus adláteres, Raúl Sapena Pastor como canciller y Enzo Debernardi como negociador jefe del leonino Tratado por el que el Paraguay renunció irrevocablemente a su primordial derecho de administración paritaria de la usina binacional y al precio justo para el excedente de su electricidad, a ser vendida preferentemente a su socio en el emprendimiento hidroenergético igualitariamente compartido bajo la modalidad comercial de un joint venture.
La expectativa de los miles de millones de dólares a ser embuchados en Itaipú por el dictador y sus paniaguados –popularmente conocidos después como los “barones de Itaipú”– no moderó la codicia del autócrata, quien a continuación firmó con el Gobierno argentino el Tratado de Yacyretá, un calco del de Itaipú, con el agregado de una u otra cláusula irrelevante en cuanto a la salvaguarda de los derechos del Paraguay en la usina hidroeléctrica binacional. Para frustración del dictador y sus acólitos, aquí los directores argentinos del ente no tuvieron la largueza de los brasileños en cuanto a coimas y sobrefacturaciones, al menos en el tiempo en que el dictador permaneció en el poder. Les tocó a sus sucesores en el Gobierno de la República y a sus paniaguados alzarse con la fortuna mal habida que la demora en la construcción del “monumento a la corrupción” privó al déspota abultar sus faltriqueras.
Casi medio siglo ha transcurrido desde que Stroessner hipotecó nuestra soberanía energética en las usinas hidroeléctricas binacionales sin que ninguno de los gobernantes de la República que le sucedieron se haya plantado ante los gobiernos de Brasil y Argentina exigiendo el fin de la anacrónica explotación colonialista de que nuestro país es víctima en las mismas, en un tiempo en que en el mundo globalizado ya no se aceptan tales prácticas confiscatorias de soberanía. Y no lo hicieron ni lo hacen hasta ahora, no por falta de oportunidad ni de instancia de justicia internacional a la que recurrir, sino porque, al igual que el dictador, han optado por los sobornos y las sobrefacturaciones para beneficio de la gavilla, en vez de defender nuestro vital interés nacional en esos emprendimientos.
En este sentido, el pueblo paraguayo le votó a Horacio Cartes para presidente de la República atraído por su promesa de “nuevo rumbo” en la conducción política de la República. Uno de los cambios más deseados por la ciudadanía era el de la errática y claudicante política exterior de los sucesivos Gobiernos en lo concerniente a los abusos financieros cometidos por las autoridades brasileñas y argentinas en perjuicio de nuestro país en Itaipú y Yacyretá. La otra preocupación pública relacionada con la diplomacia como primera línea de defensa de nuestros intereses hacia afuera era la concerniente al mal trato que venimos sufriendo gratuitamente dentro del Mercosur.
La primera decepción ciudadana en tal sentido se dio con la histórica reculada del presidente Horacio Cartes de su promesa de salvaguardar la dignidad de la Nación ante la agresión diplomática y comercial que sufrió nuestro país por haber ejercitado su derecho soberano de destituir a un presidente de la República por mal desempeño en el cargo, de conformidad con la Constitución. Su reprobable claudicación enfrió la confianza pública en la integridad de su patriotismo como gobernante. Con esa brecha de credibilidad entre sus palabras y sus acciones, el público empieza a creer cada vez menos en la sinceridad del Primer Mandatario en cuanto a sus intenciones en lo concerniente a su política exterior en defensa de los intereses nacionales en Itaipú y Yacyretá.
Aunque para muchos paraguayos cada pieza de argumentación acerca de las intenciones del Gobierno en las negociaciones con la Argentina sobre Yacyretá (la revisión del Anexo C del Tratado, la clarificación de la deuda de la entidad, el pago de compensaciones a nuestro país, obras futuras, etc., etc.) tiene algún sentido, la mayoría cree que en la ESTRATEGIA pergeñada por el Gobierno no hay un objetivo claro enderezado a exigir a la Argentina el cumplimiento del Tratado. No se ve en la política del presidente Horacio Cartes un plan de negociación firme y coherente.
En ese sentido, nuestro diario cree fundamental que, para resolver el problema del Paraguay en Yacyretá, nuestro Gobierno asuma una táctica consistente. La imprudente receptividad a las propuestas argentinas, como la NR 6/14 de cogestión y otras similares que puedan venir por parte del Gobierno argentino, por ejemplo, debe ser revertida.
Es preciso insistir en que el statu quo en Yacyretá no va a ser removido con declaraciones diplomáticas espirituosas, sino con pulso firme y visión de estadista. El presidente Cartes debe cumplir con sus promesas electorales y no ceder un milímetro en la defensa del interés nacional.