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Las pruebas de que el fiscal general del Estado con autopermiso, Javier Díaz Verón, se enriqueció ilícitamente desde que ingresó al Ministerio Público en 2006 son tan abrumadoras que debería ser procesado de inmediato, ya que cada día que pasa sin que ni siquiera sea aún imputado implica una afrenta a la conciencia moral y jurídica de la nación. Es inadmisible que siga siendo el titular del cargo porque, aparte de que su mandato ya venció en noviembre de 2016, no podrá explicar jamás el origen de una fortuna administrada por tres sociedades anónimas integradas con un capital total de diez mil millones de guaraníes. Entre sus accionistas figuran, puede pensarse que como prestanombres, su esposa, su suegra, sus dos hijos y un cuñado, que no podrán justificar jamás de dónde salió tanta plata, ya que no contaron ni cuentan con remuneraciones ni actividades que respalden semejante fortuna.
Si a este ya voluminoso caudal se suman las acciones en otras sociedades anónimas y “otros activos” declarados por él sin más precisiones, así como vehículos lujosos y vacunos de raza, resulta que Díaz Verón tiene un cuantioso patrimonio que nunca hubiese podido acumular con el sueldo percibido en la función pública. Como carece de argumentos convincentes para justificar lo que tiene, se entiende que haya mentido al negar, por ejemplo, que su esposa, María Selva Morínigo, fuera accionista de la firma Salty River SA, dueña de una planta industrial en Limpio. Es inútil pretender que se incrimine a sí mismo, pero la ciudadanía bien puede imaginarse los medios inconfesables que le permitieron volverse un potentado en tan pocos años, entre ellos el cobro de sobornos a cambio de paralizar una investigación, u ocultar evidencias, o hasta la malversación lisa y llana, más aún considerando que a la Contraloría General de la República no le es permitido auditar la ejecución presupuestaria del Ministerio Público.
Así como están las cosas, la dirección de la institución que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado para que, entre otras cosas, persiga a los corruptos instalados en el aparato estatal, está siendo usurpada por un delincuente que, de paso, tampoco se privó de practicar el más crudo nepotismo en el Ministerio Público. Cuesta imaginar un mayor escándalo institucional.
Dado que no fue apartado del cargo por haber expirado su mandato, sino que se está apelando indebidamente a la figura de la “reconducción tácita de funciones”, solo prevista para los ministros de la Corte Suprema de Justicia, urge que al menos el agente fiscal José Dos Santos, encargado de la investigación por enriquecimiento ilícito, cumpla con el art. 302 del Código Procesal Penal, que ordena formular la imputación “cuando existan suficientes elementos de sospecha sobre la existencia del hecho”.
En el caso de Díaz Verón, sobran tales elementos. Ellos incluso están acreditados en escrituras públicas y en las declaraciones de la notaria interviniente, por ejemplo, en la constitución de la empresa Canto Rodado SA, con 2.500 millones de guaraníes en efectivo. Empero, el citado agente fiscal pretende que, si bien “en teoría prima la escritura, hay que ver la realidad, hay que analizar si se integró en efectivo”. Inexplicablemente, pone en duda la veracidad de un instrumento público, suscrito por la esposa de Díaz Verón y por sus hijos Alejandro y Yerutí, que hace plena fe en juicio, salvo que sea redargüido de falso. O sea que si este elemento de sospecha no basta para imputar a Díaz Verón, como corresponde, habrá que imputar a su cónyuge y a sus vástagos, con la consecuencia de que el fiscal general del Estado “mau” conviviría con tres supuestos delincuentes. En cambio, si perpetraron un hecho punible fue el de haber intervenido en el lavado de dinero proveniente de las actividades ilícitas del jefe del hogar.
Lo que la actuación bochornosa del agente fiscal Dos Santos revela es que, para que la investigación fiscal avance como debe, no bastó con que el primo de Díaz Verón, Federico Espinoza, ya no sea el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, y por lo tanto, el adjunto del multimillonario jefe del Ministerio Público. A toda costa, se está tratando de que este caso flagrante de enriquecimiento ilícito quede impune, probablemente porque su protagonista tiene mucho que contar en perjuicio de los que mandan. Bien se sabe que la capacidad de extorsión de los grandes facinerosos puede ser considerable. Que el usurpador Díaz Verón se haya autoconcedido un permiso de tres meses no significa, naturalmente, que el Ministerio Público vaya a cumplir con sus obligaciones estando él ausente. Lo más probable es que los agentes fiscales José Dos Santos y Yolanda Portillo, también interviniente, prefieran precautelar los intereses de su jefe antes que acatar lo dispuesto por el Código Procesal Penal.
Más aún, luego de que la Cámara de Diputados haya rechazado la apertura de un juicio político, sobran razones para creer que el poder político está interesado en que todo quede en agua de borrajas. Por esa razón, la ciudadanía tiene que manifestarse públicamente con toda energía para exigir el juzgamiento y la condena de un delincuente tan desvergonzado como Díaz Verón, que se valió del cargo para hacerse con un suculento botín, y de sus parientes cercanos para tratar de ocultarlo. Que justamente un fiscal general del Estado haya incurrido en semejante fechoría, según se ha podido constatar, conlleva una burla sangrienta al Estado de Derecho, que no debe ser tolerada por las personas decentes. Los ladrones como Javier Díaz Verón deben estar en la cárcel y no en las instituciones, empezando por aquella que tiene el deber de combatirlos.