Entrevistada recientemente por nuestro diario, la abogada Esther Roa, una de las organizadoras de los escraches que están llevando a cabo integrantes de nuestra sociedad contra repudiables legisladores que soportan interminables procesos judiciales pero que se atornillan a sus bancas, dio una respuesta que va al fondo de la cuestión. Ya con el senador colorado Óscar González Daher obligado a renunciar, y con Jorge Oviedo Matto (Unace) en ese momento anunciando su renuncia –concretada el lunes pasado–, se le preguntó si esperaba este resultado. La respuesta de la abogada dio en el corazón de nuestra realidad: “En forma personal, a mí no me satisface. Hubiera preferido que el Senado en pleno vote por la pérdida de la investidura de González Daher y Oviedo Matto”. Agregó que dejarles renunciar nomás, sin ninguna sanción, “es como salir otra vez por la puerta grande”. Dijo también que si hubieran sido sancionados por sus pares con la pérdida de la investidura, habría quedado un precedente para los demás, para que sus pares no se crean “intocables”.
Roa también expresó que este episodio sirvió para probar “si ellos (los legisladores) tienen realmente el valor de depurarse a sí mismos o si de nuevo están incurriendo en actos de hipocresía para salvarse de la presión”. Probablemente esto último.
Desde luego, nadie que esté consciente del rol que debe cumplir la ley y el principio de que las medidas correctivas formales deben ser aplicadas por las autoridades legítimas, y no por las personas individuales, pretenderá que todos los casos de corrupción en la política deban ser encarados y resueltos con manifestaciones callejeras y otras formas de resistencia similares. Estos métodos deberían ser solamente excepcionales y nunca convertirse en la regla. Pero sucede que, en la actualidad, son las únicas medidas eficaces, lamentablemente, ante la inacción de fiscales, jueces y magistrados timoratos o corruptos, que les dan las espaldas a sus deberes. A este paso, no sería raro que en poco tiempo los escraches se vuelvan también contra ellos, por la indignación que va creciendo al ver que tantos bandidos –inclusive confesos– siguen campantemente libres, ocupando lugares de privilegio y burlándose de la ciudadanía.
En verdad, ya no cabe esperar que las mismas Cámaras legislativas se ocupen de purgarse de sus miembros infectos por la corrupción y la delincuencia, porque en esos cuerpos no priman la ética ni la consciencia jurídica, sino el “espíritu de cuerpo”, o sea, el sostenerse unos a otros en una gran trenza de connivencias y ocultamientos. Haciendo un paralelismo con lo afirmado por la doctora Roa, antes que el Congreso es el Ministerio Público el que tiene la obligación legal y ética de tomar las iniciativas y actuar en casos públicos tan aberrantes como los protagonizados por varios legisladores. Pero esta autoridad defecciona groseramente.
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Ocurre que nuestra Justicia deja un gran espacio abierto en la sociedad, creando y sosteniendo ese vacío de culpabilidades, esa gran impunidad con que se privilegia a los corruptos, en particular a los políticos que acumularon tanta fortuna económica y tanta ascendencia en el tráfico de influencias, que pueden extender sus tentáculos de dominio, por miedo o por sobornos, hasta dentro mismo de las fiscalías, los juzgados y los tribunales.
Es una perogrullada afirmar que si el aparato de administrar justicia hubiera tomado cartas en los casos de inconducta en que incurren los políticos con fueros legislativos, ni los escraches hubiesen tenido tanto éxito ni las Cámaras del Congreso y los legisladores se hubiesen desacreditado hasta el actual extremo. González Daher, Oviedo Matto y José María Ibáñez (ANR), por ejemplo, tuvieron muchas ocasiones para tomar conciencia de que no debían intentar ser reelectos como legisladores; sin embargo, con la anuencia de sus pares y el aval de los dueños de los partidos, se empeñaron en continuar ejerciendo la más alta representación política de la República, careciendo de toda base moral.
Pero todavía quedan muchos impresentables también con procesos abiertos, como los colorados Carlos Núñez Salinas y Víctor Bogado, y los liberales Salyn Buzarquis, Enzo Cardozo, Milciades Duré, Carlos Portillo y otros más, que no debieron instrumentar a sus partidos ni comprar un lugar en las “listas sábana” con la siniestra intención de colarse entre las personas honestas, sin serlo.
Es muy predecible que los escraches tendrán cada vez mayor fuerza y que cosecharán cada vez más adhesiones, porque la Justicia no da señales de salir de la inmundicia en que está inmersa y sus integrantes continúan inclinando la cerviz ante sus padrinos políticos. De esta manera, fiscales, jueces y magistrados prevaricadores también irán siendo blanco de la indignación popular por proteger a los legisladores y políticos sinvergüenzas. Los manifestantes niegan buscar Justicia por mano propia, como sugirió el exfiscal Óscar Latorre. La respuesta de la abogada Roa es clara: “En realidad, estamos recurriendo a medidas desesperadas que hacemos como ciudadanos por la indignación que nos produce tanta impunidad”.
¿Van a esperar a que los ciudadanos y las ciudadanas indignados se congreguen frente a sus residencias o sus oficinas para hacerles saber, a los gritos, la exasperación que causan con sus actos de complicidad con los delincuentes, congelando sus expedientes o dándoles impunidad?
Todos ellos, tanto los padrinos protectores como quienes tienen que impartir justicia, deben darse cuenta de que ha comenzado una primavera cívica en el Paraguay, que ya no tolerará ni los abusos ni la obsecuencia.