Mientras en otros países de la región los más encumbrados mandatarios y exmandatarios están siendo imputados o en vías de juicio político por serios indicios de haberse involucrado en actos de corrupción, aquí seguimos asistiendo a la seguidilla de vergonzosas chicanas legales para impedir que la vara de la justicia caiga con todo el peso de la ley sobre políticos, magistrados y empresarios sinvergüenzas, venales y bandidos.
El caso más reciente que ilustra y al mismo tiempo revela el tipo de sociedad que tenemos y la clase de autoridades con que contamos es el de la ministra de la Justicia Electoral María Elena Wapenka, quien accedió al cargo en medio de cierto halo de esperanza de la ciudadanía por el hecho de ser mujer y de no pertenecer a los dos partidos tradicionales, de los que se dice son los monopolizadores de los peores vicios políticos en el país.
Además de poner en duda la teoría de que estos partidos son los únicos culpables de la deformación y transgresión de la ética y la decencia en el ejercicio de la función pública, la doctora Wapenka se encargó de echar por tierra la oportunidad que existía de instalar en la corrupta administración de la justicia electoral un principio de rectificación y transparencia con el propósito de poner freno, desde dentro de la institución, a los reiterados abusos políticos cometidos por los demás ministros, a instancias generalmente de los líderes políticos.
A la denuncia de haber cobrado viáticos por supuestas charlas dictadas en el interior del país mientras se encontraba en el exterior, se suma ahora la información de que sus empleadas domésticas cobran sueldos y viáticos de la Justicia Electoral, situación que de ninguna manera pudo haber pasado inadvertida para los otros ministros del TSJE, como tampoco para los funcionarios de la institución, en especial del área administrativa.
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La gestión pública implica que los funcionarios cuenten con conocimientos, títulos y actitudes adecuadas, pero también valores personales, ya que se espera de ellos que orienten sus actuaciones en la búsqueda del bien común y la defensa del interés social sobre el interés particular. Casos como el de la ministra del TSJE muestran todo lo contrario de lo que debe ser, desde el momento que adecuan las estructuras y coyunturas sometidas bajo su control a sus conveniencias personales y familiares, convirtiendo a sus empleadas domésticas en “disertantes” de complejos temas electorales con tal de justificar el cobro de viáticos. ¿Seguirá sosteniendo Wapenka que la prensa se encarga de “dañar” su imagen?
El Poder Judicial juega un rol preponderante e irreemplazable en el proceso democrático y en el desarrollo del país. Lo están demostrando en estos precisos momentos los jueces de Argentina con la imputación del presidente Mauricio Macri y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; los del Brasil, que dispusieron la detención de poderosos empresarios y revisa a raíz de ello las actuaciones del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de la presidenta Dilma Rousseff y del vicepresidente Michel Temer, así como de numerosos parlamentarios; los de Bolivia, que investigan las conexiones del presidente Evo Morales con negociados en que se vio envuelta una expareja y madre de su hijo.
¿Y por casa cómo andamos? En nuestro país, la justicia ni siquiera tiene fuerza para detener al exintendente Roberto Cárdenas, de Lambaré, y ya no digamos a diputados, senadores y exministros imputados. Uno de ellos, el senador colorado Víctor Bogado, se dio el lujo recientemente de burlarse de la prensa y de la ciudadanía en pleno Palacio de Justicia, dando una demostración de su poder.
En lo que respecta específicamente a la Justicia Electoral, sus autoridades carecen de fuerza para rechazar las presiones de los políticos en sus demandas de ubicar a sus operadores, parientes, amantes y otras yerbas, en cargos que jamás ejercen pero por los cuales cobran puntualmente inclusive con viáticos. Siguiendo esa línea de claudicación, es fácil entender que quienes cuentan con poder institucional opten por utilizar sus atribuciones legales en beneficio propio, despreciando la ley y la propia honorabilidad de que deben gozar frente a la sociedad.
Pero es inadmisible llegar al punto de que el Poder Judicial, que cuenta con instrumentos legales y éticos para actuar frente a estos actos de abierta delincuencia, adopte la actitud del desentendido. Tampoco la sociedad debería permanecer petrificada frente a tanta afrenta y apoyarse siempre en las mismas personas u organizaciones que se movilizan frente a la corrupción, porque la situación realmente se ha pasado de la raya.
Mientras tanto, nuestra Justicia, comenzando por la cabeza, la Corte Suprema de Justicia, sigue siendo vapuleada por los políticos, manteniendo a sus miembros como rehenes, con la espada de Damocles de un juicio político pendiente sobre sus cabezas, porque así conviene a sus espurios intereses. Y, de esta manera, los Víctor Bogado, los Wapenka, los Ibáñez, y tantos otros que han abusado abiertamente de las instituciones a las que deberían servir, continuarán burlándose del pueblo que les paga sus salarios.