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El exministro del Interior Walter Bower (ANR) –procesado por torturas infligidas a dos oficiales de policía–, el expresidente de la Copaco Magno Candia (ANR) –procesado por no ejecutar una garantía hipotecaria en favor de la empresa–, el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares (PMAS) –procesado por la sobrefacturación de “coquitos”–, el senador Enzo Cardozo (PLRA) –procesado por la apropiación ilícita de fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería– y los legisladores Víctor Bogado y José María Ibáñez (ambos de la ANR) –procesados por estafa y cobro indebido de honorarios– tienen en común que tratan de lograr la extinción de sus respectivas causas penales mediante el ejercicio abusivo del derecho a la defensa, en otras palabras, recurriendo a chicanas. Tanto es el abuso en cuanto a recusaciones de fiscales y jueces que en casi todas ellas aún falta realizar la audiencia preliminar para que se resuelva si habrá o no un juicio oral.
Los delitos imputados a quienes deshonraron o aún deshonran la función pública son diversos, lo mismo que su filiación partidaria, pero todos vienen recurriendo a las mismas argucias para que no caiga sobre ellos el peso de la ley. Confían en que las constantes chicanas de sus abogados les libren de una justa condena, gracias al paso del tiempo y a la indolencia judicial, alentada acaso por adecuada coima. Se saben culpables y solo buscan que prescriba la acción penal, algo que, por cierto, sería imposible en el caso de Bower, pues está acusado de haber cometido un crimen de lesa humanidad, cuya persecución penal es imprescriptible, según el art. 5º de la Constitución.
La conducta procesal de estos caraduras les delata de cuerpo entero y, de hecho, desvirtúa la presunción de inocencia de la que deberían gozar. Se burlan abiertamente de la Justicia, ante la indiferencia cómplice de los jueces y de los tribunales. Solo el magistrado Pedro Mayor Martínez creyó oportuno multar a Soares por trabar la causa, pero sin que la medida disciplinaria haya alcanzado a sus defensores, encabezados por el abogado Álvaro Arias, presidente del Tribunal Electoral del PLRA.
Los chicaneros deben ser sancionados de acuerdo al reglamento disciplinario del Poder Judicial, modificado por la Acordada Nº 961/15. El art. 4º ordena a los jueces y miembros de los tribunales que sancionen al abogado litigante de mala fe o que ha ejercido abusivamente el derecho, so pena de incurrir en una falta grave. Por lo demás, según los arts. 24 y 27, los chicaneros cometen una falta grave, que debe ser castigada con la suspensión en el ejercicio de la profesión hasta un año o con la casación de la matrícula. Por si hiciera falta, el art. 114 del Código Procesal Penal dice que cuando se compruebe la mala fe o se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar con hasta cien días multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos, con hasta cincuenta días multa o apercibimiento. Si los referidos encausados lograran sus propósitos, no será por falta de normativas aplicables a su impudicia, sino por la negligencia o la complicidad de los juzgadores.
Por otra parte, es llamativo el silencio que sigue guardando el Colegio de Abogados ante unas maniobras escandalosas realizadas en unos procesos abiertos con motivo de graves hechos punibles acaecidos en el desempeño de la función pública. Es indignante que siga tolerando calladamente el ejercicio aberrante del derecho a la defensa.