En otros tiempos, los ladrones de todo el mundo ligados al poder político depositaban su dinero en cuentas suizas bien protegidas por el secreto bancario. Más tarde diversificaron sus “inversiones” y recurrieron a los llamados “paraísos fiscales” –en nuestra región por lo general instaladas en pequeñas islas de zonas tropicales–, en los que creaban empresas de portafolio. Ahora se ha revelado, gracias a la enorme cantidad de datos filtrados de un estudio jurídico panameño mediante una investigación periodística internacional, que también las constituían, por ejemplo, en el estado norteamericano de Nevada.
Es así que nos enteramos recién ahora de que, por ejemplo, Augusto Montanaro Talavera y Marta Beatriz Talavera de Montanaro, hijo y esposa del temible ministro del Interior del dictador Alfredo Stroessner, Sabino Augusto Montanaro, crearon una empresa de portafolio en las Islas Vírgenes en 2011.
Cabe preguntarse a cuántas maniobras similares habrán recurrido quienes en las últimas décadas han venido saqueando el país –y muchos lo siguen haciendo– desde algún cargo público, gracias a la impunidad otorgada por un Poder Judicial también corrupto, y cuántas otras hoy mismo se estarán realizando, de las que nos enteraremos solo dentro de algunos años, en el mejor de los casos.
No es ningún delito abrir una cuenta para transferir dinero al extranjero, pero sí lo es recurrir a los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos o lavar el dinero obtenido ilícitamente. En lo que a la segunda fechoría respecta, el Paraguay tiene una mala fama internacional muy bien ganada. Los reportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, correspondientes a 2015 y 2016, lo califican de “país central de tránsito de droga y centro de lavado de dinero”, debido a que los controles sobre el sector financiero son débiles, a que las casas de cambio no están reguladas, a que apenas se fiscaliza el transporte fronterizo de activos y a que las autoridades son ineficientes o corruptas. Por su parte, el Basel Institute on Governance, entidad suiza especializada en el estudio del lavado de dinero, entre otras cosas, ubica a nuestro país entre los 20 más vulnerables al respecto. El caso de la casa de cambios Forex revela, por cierto, que las empresas de portafolio también pueden ser creadas en el país, para transferir el dinero proveniente del narcotráfico a paraísos fiscales, incluso con la intermediación de importantes bancos de plaza.
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Ante estos alarmantes datos, a los que se suman otros que vinculan a numerosos paraguayos con empresas de portafolio de los paraísos fiscales, el presidente del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos, y el jefe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se han limitado a eludir sus respectivas responsabilidades, tirándose la pelota uno al otro, como se dice, algo que ya es un deporte nacional en nuestra poblada burocracia. El primero negó que el Banco se ocupe de “regular” la lucha contra el lavado de dinero, función que correspondería a la Seprelad. Por su parte, el titular de esta Secretaría sostuvo que quien debe “supervisar” es el Banco Central. Como es evidente que uno de los dos mintió y que no ha venido cumpliendo con su deber de combatir el lavado de dinero, el Presidente de la República tendría que prescindir de sus magros servicios. Estas declaraciones contradictorias de dos altos funcionarios sirven para explicar por qué existen en nuestro país las tremendas debilidades referidas por el Departamento de Estado y por el instituto suizo.
Esta situación evidencia, de hecho, que no existe ningún organismo que impida que el dinero generado por hechos punibles sea blanqueado en el país o transferido al exterior con el mismo objeto. En otras palabras, los delincuentes pueden realizar todo tipo de transacciones financieras, sin que nadie les controle, salvo que, excepcionalmente, algún empleado patriota las denuncie ante el Ministerio Público.
Las transferencias a los paraísos fiscales también pueden servir, como se dijo, para cometer el delito de evasión impositiva. Según la viceministra de Tributación, Marta González, la Subsecretaría que encabeza no puede controlar las remesas al exterior, porque “es un viacrucis conseguir que nos den información sobre las transferencias bancarias”. O sea, que hay que rogarles a los bancos y a las casas de cambio que informen acerca de las transferencias de fondos al exterior. Si no lo hacen, no pasa nada, porque los organismos del Estado no pueden controlar esas transacciones que, por algún motivo, las entidades financieras prefieren mantener bajo reserva. El dinero sale del país no solo en maletines, a través de las muy permeables fronteras, sino también a través de las transferencias electrónicas, de las que al menos la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) no tiene noticias.
Las utilidades remesadas al exterior pagan una tasa adicional del 15% correspondiente al impuesto a la renta empresarial, de modo que existe un incentivo para que un empresario inescrupuloso solicite al banco o a la casa de cambios que oculte alguna información relevante para el fisco. El Banco Central, según su asesor jurídico Franklyn Boccia, está conectado con la Dirección Nacional de Aduanas en lo que hace al control del giro de fondos para el comercio exterior, pero no así con la SET.
¿Advierte el Presidente de la República la gravedad de cuanto ocurre o deja de ocurrir en este ámbito de trascendental importancia en un mundo globalizado? ¿No le inquieta que el Paraguay haya sido calificado de “centro de lavado de dinero” en un documento emanado de un importantísimo Gobierno extranjero? Nuestro país puede convertirse en una amenaza para los demás. ¿Es acaso inconcebible que desde aquí se pueda financiar el terrorismo internacional, aprovechando que los controles son “laxos o inexistentes” y que hay funcionarios aduaneros y policiales corruptos por doquier?
Si queremos limpiar la cara del Paraguay una cosa está clara: los ladrones no deben seguir lavando su dinero sucio y los evasores no deben seguir defraudando al fisco con toda impunidad. Es de esperar que nuestro Gobierno haga algo al respecto.