Una de las cualidades que la justicia debe tener es que sea expeditiva, sin dilaciones, porque hacerla lenta y tardía equivale a injusticia. Esto, que se sintetiza en la antigua y repetida frase “justicia pronta y barata”, no encontró eco en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que envió al archivo, sin estudiarlo, un pedido de inconstitucionalidad presentado 15 años atrás.
El pedido fue formulado en el año 2001 por el abogado Francisco Ramos por el Movimiento de Reconciliación Colorada, del Partido Colorado, en contra de la resolución dictada por el juzgado electoral del Departamento Central y contra el acuerdo y sentencia 9 del 5 de setiembre de 2001, del Tribunal Electoral de Villarrica.
Por las citadas actuaciones, el Tribunal Electoral dejó sin efecto la resolución del Tribunal Electoral Partidario de la ANR y anuló la proclamación de Celso Troche como miembro de la Junta de Gobierno. Además declaró nula la elección efectuada en la seccional Nº 150 de Moisés Bertoni, con miras al período 2001-2006.
La Corte Suprema de Justicia descubrió 15 años después que existía un pedido de inconstitucionalidad, y concluyó que la situación planteada solo tiene vigencia para el período 2001-2006, que ya feneció: como ya no existiría agravio, una eventual acción del máximo tribunal sería absolutamente irrelevante.
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Es deber de la Corte “conocer y resolver sobre inconstitucionalidad”, lo que habilita a las personas a recurrir a ella en busca del derecho agraviado en instancias inferiores, pero cuando la institución idónea para el efecto se desentiende de sus atribuciones y deberes para acomodarse a la situación política del momento, comete en realidad una injusticia derivada del incumplimiento de un deber constitucional.
La justicia, para que sea tal, debe ser administrada de manera expedita, completa e imparcial, porque si el fallo no llega dentro del plazo establecido en la ley, en el caso de la Corte es como un agravio más que reciben quienes acuden a ella. La administración de justicia es un servicio público que el Estado está obligado a prestar en beneficio de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, servicio que debe ser de calidad y eficiente.
Sin embargo, y no solo en el caso del expediente guardado por razones de picardía política por ministros que supeditan la ley a la orden de sus caciques políticos, el sentir ciudadano es que en nuestro país la justicia no es accesible a todos, ya sea debido al estatus social de los justiciables o a la coyuntura política. Así, va quedando cada vez más claro que con magistrados de dudosas cualidades morales y de pésimo nivel de integridad, la justicia paraguaya seguirá constituyendo un serio obstáculo para la seguridad de los bienes y de las personas, e incluso para el propio desarrollo nacional.
Si el hecho concreto apuntado fuera el único que permitiría sacar tan graves conclusiones, podría pensarse que estamos frente a una situación casual. Lamentablemente, desidias de este tipo abundan en los Tribunales y en la Corte, afectando también a personas de carne y hueso, con nombres y apellidos, que han soportado condenas erróneas y encierros más allá de ellas.
Es hora de que los fiscales, jueces y ministros de la Corte entiendan que la ciudadanía espera de ellos ecuanimidad, idoneidad, imparcialidad y coraje para investigar y juzgar. La indolencia frente al pedido de auxilio urgente tiene el mismo efecto dañino que el sometimiento al yugo político y al dinero malhabido. Todo tiene un límite y es mejor que los mismos fiscales y magistrados lo encuentren, antes de que el cansancio y descontento de la gente estallen en sus manos.