La Corte Suprema de Justicia está afilando las garras porque se va a beneficiar con un incremento de su presupuesto general de nada menos que 251.000 millones de guaraníes (más de US$ 45 millones). Esto, si el Congreso lo aprueba. Pero, ¿por qué no aprobarle –en concepto de incrementos salariales y otros beneficios– a los jueces y magistrados, que son siempre tan serviciales a los políticos?
Es en esta época del año, cuando se debaten y aprueban los nuevos montos presupuestarios, que se entiende claramente por qué los expedientes de los políticos que fueron procesados judicialmente nunca avanzan, por qué sus chicanas procesales más groseras tienen andamiento, por qué ninguno de ellos jamás llegó al estadio de juicio oral y público.
¡Cómo no van a ser generosos los senadores y diputados con los jueces y magistrados que atienden las causas en las que están envueltos, o las que podrían tener en sus manos en el futuro!
El “presupuestazo” que el Poder Judicial reclama pretende incrementar el diez por ciento de la totalidad de salarios de su funcionariado. Pero esto apenas es el comienzo del festín. Se piden más de 1.500 millones de guaraníes para subsidio familiar, esto es, lo que el Estado paga a los empleados del Poder Judicial con uno, dos o tres hijos. Después vienen aumentos para todos los rubros anexos restantes, como retribución por antigüedad, el famoso subsidio por “grado académico” (alimento principal de las universidades de garaje) y… las bonificaciones y gratificaciones que los magistrados y jueces se otorgan a sí mismos.
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Para estos autoobsequios se piden más de 22.000 millones de guaraníes. Esta es la platita que se embolsillan por “el buen trabajo realizado”, cuyos evaluadores, por supuesto, son ellos mismos.
Solamente para seguro médico (hay que ver cuáles instituciones estatales contemplan esta ventaja para sus funcionarios) se anotan con 88.000 millones de guaraníes. De manera que, en vez de que el costo de un seguro médico particular se agregue al salario, de tal suerte que cada funcionario pague por su cuenta el tipo de seguro que prefiera, se hace el doble negocio: incremento salarial y seguro. Cualquiera puede imaginar cuánto dinero correrá en las licitaciones para contratar un seguro médico para más de diez mil asegurados. En la última de estas licitaciones estuvo en juego la suma de 166.600 millones de guaraníes.
¡Qué manera brutal de despilfarrar la plata de los contribuyentes de una sociedad tan necesitada de recursos para sufragar sus necesidades básicas! Encima, la repartija carece de control. Es imposible que un país proyecte la imagen de seriedad que el mundo espera y que progrese sólidamente manteniendo islas como estas, como el Poder Judicial, que recibe más dinero a cada año, a cambio de nada, y donde los recursos públicos son manejados entre cuatro paredes.
En el ejercicio 2016, el Poder Judicial se manejó con 1 billón 254.000 millones de guaraníes. Para este año obtuvo 1 billón 346.000 millones, y para el 2018 piden 1 billón 674.000 millones. No hay rendición de cuentas, ya que los Poderes son autónomos y autárquicos. En otras palabras, el paraguayo contribuyente común no sabe a cambio de qué servicios está cargando sobre sus espaldas el peso de una enorme montaña de dinero. ¿Acaso el Gobierno no tiene definida una política salarial, un documento oficialmente elaborado, que determine a qué tipo de funcionario incrementar la remuneración y a quiénes no, con qué periodicidad (cada año, cada dos, cada tres, etc., o cada vez que aumenta el costo de vida), de acuerdo al lugar geográfico donde ejerce, a la tarea específica que realiza, a los requerimientos personales, etc., etc.?
Desde luego, para qué enjaularse dentro de un documento serio y riguroso como sería este, que despojaría a los políticos del poder de manejar el régimen prebendario con el que someten a sus designios a los trabajadores estatales. Sería un suicidio para el sistema autocrático de la partidocracia. ¿Cómo ganarían sus elecciones las cúpulas de los partidos que manejan la administración pública si tuvieran que atenerse a una referencia reglamentaria, que midiera con varas equitativas el régimen de incrementos salariales, bonificaciones, etc.?
El régimen prebendario, partidocrático y excluyente necesita imperiosamente de la corrupción para poder funcionar. Para que los jueces y magistrados obtengan sus aumentos, gratificaciones, premios, etc., necesitan la anuencia de buena voluntad de los capitostes del Congreso. Y estos políticos, no pocos de los cuales tienen o tendrán cuentas que arreglar con la justicia, buscan mantener cordiales relaciones con los que mañana podrán ser sus jueces.
El ambiente en el que se mueven magistrados, jueces, senadores y diputados, miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue descripto hace tiempo por el preclaro presidente Eligio Ayala: “No se respeta el mérito, no se desprecia el vicio, nadie se indigna sinceramente contra la injusticia, nadie es justo”.
La rosca armada entre la gente del Poder Judicial y los políticos en el poder es demasiado grande, negra y hedionda como para que pase desapercibida. Entre ellos “negociarán” el presupuesto anual, así como lo hicieron anteriormente, y lo harán en los años sucesivos, hasta que alguien corte este círculo canallesco. Ese “alguien” no podrá ser otro que una ciudadanía decidida a salir a las calles con el propósito de presionar a los políticos para que sepulten definitivamente a las nefastas “listas sábana”, cuya existencia maléfica es la madre prolífica de la espantosa corrupción que sufre nuestro país.