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La Unión de Gremios de la Producción (UGP) emitió un comunicado señalando, con toda razón, que en los últimos meses la ciudadanía fue afectada por actuaciones en el ámbito de los tres poderes del Estado que muestran el profundo deterioro de las instituciones y de la ética republicana. Felizmente, la gente de bien ha reaccionado para impedir que “un ladrón confeso se convierta en símbolo de la corrupción y estandarte de la impunidad, producto de una Justicia complaciente”, como bien señaló, por su parte, la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Con todo acierto, la entidad de los ganaderos también advierte que “cuando las instituciones fallan, en especial una Justicia sometida a la voluntad política, la indignación social es capaz de producir vergüenza en los funcionarios que deshonran su ministerio”.
Si los tres poderes del Estado están prostituidos es porque especialmente uno de ellos, el Judicial, tolera que en los otros se delinca impunemente. No debe extrañar que así sea, dado que allí se prevarica a mansalva, se abren las puertas al tráfico de influencias y se practica el nepotismo, entre otras fechorías. Si hubiera jueces probos, que aplicaran la ley a todos por igual, el aparato estatal no estaría tan averiado por culpa de la corrupción rampante. El drama es que también en la judicatura se cometen delitos, se participa en ellos o se los encubre, de modo que, en este ambiente judicial podrido, mal se puede esperar que un legislador sinvergüenza sea condenado a sabiendas de que los políticos tienen sometidos a los jueces y fiscales mediante organismos –que los nombran o los destituyen– totalmente manejados por ellos.
Un breve recuento de los casos congelados en el Poder Judicial puede empezar con los senadores Óscar González Daher (colorado) y Jorge Oviedo Matto (Unace), imputados en diciembre de 2017 por los delitos de asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. Pues bien, hasta ahora, ningún juez se ha ocupado de ellos. Otro deleznable ejemplar legislativo, el senador colorado Víctor Bogado, acusado por los delitos de estafa y cómplice del cobro indebido de honorarios por parte de la niñera de sus hijas, ha venido trabando de mala fe la apertura del juicio oral y público: tras casi dos años, y recién después de la vigorosa manifestación ciudadana contra la corrupción, la Corte Suprema de Justicia acaba de correr traslado a los fiscales para que se expidan sobre una chicana aún pendiente de resolución. Para más, como advirtió el fiscal René Fernández, uno de los delitos atribuidos a este repudiable senador, el de cobro indebido de honorarios, está a punto de prescribir, que es lo que sin duda ha venido buscando, con la cómplice tolerancia de los jueces y de la Corte Suprema de Justicia.
También recurren a sistemáticas chicanas dilatorias los hoy “parlasurianos” liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré, presuntos autores de delitos de lesión de confianza cometidos hace siete y cinco años, respectivamente, sin que hasta ahora se haya realizado tan siquiera la audiencia preliminar. Tienen la misma “suerte” el senador liberal Salyn Buzarquis, procesado por causar un daño patrimonial al erario en 2012 y por haberse valido de un certificado médico falso para entorpecer la causa, así como el exdiputado Óscar Venancio Núñez, presunto malversador al frente de la Gobernación de Presidente Hayes, entre 2008 y 2013. El diputado liberal Carlos Portillo está imputado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, mientras que su colega y correligionario Teófilo Espínola lo está por el delito de lesión de confianza como exfiscalizador de obras de la Defensoría Pública. El diputado colorado Tomás Rivas ya ha empezado a chicanear, apelando incluso su imputación por un caso similar al del ladrón confeso José María Ibáñez. Su par colorado Carlos Núñez Salinas, acusado en 2013 por un delito de contrabando que admitió haber perpetrado, sigue ocupando una banca con toda impunidad. Como puede verse, hay procesos que ya llevan más de cinco años, lapso durante el cual los fiscales y jueces, en una manifiesta connivencia, no los han hecho avanzar. Por otra parte, la Corte Suprema nunca ha sancionado a los abogados chicaneros.
En fin, estos sinvergüenzas pueden continuar profanando el Congreso y traicionando a sus representados con toda tranquilidad, porque saben que hay un Poder Judicial complaciente, sometido por completo al poder político. Nada tienen que temer porque los magistrados no obedecen las leyes sino las órdenes o insinuaciones de los que mandan.
Por si hiciera falta un ejemplo más de la sumisión de la Justicia al poder político, los fiscales y jueces no solo benefician a los legisladores sino también a sus paniaguados. Así, el fiscal Nelson Ruiz acaba de pedir el sobreseimiento provisional del “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo, un presunto testaferro del senador Víctor Bogado, “dueño” de una empresa, de un centro comercial y de una lujosa vivienda, entre otros bienes. Las pericias contables habrían determinado que existe una correspondencia entre sus ingresos anteriores al ejercicio de la función pública –fue “asesor” en la Cámara Baja presidida por Bogado– y su actividad económica actual. Puede suponerse entonces que en el modesto taller de este mecánico han venido a arreglar sus costosos autos los corredores de Fórmula Uno.
El fiscal Ruiz es el mismo que intervino en la infame “suspensión condicional del procedimiento” que benefició al corrupto confeso Ibáñez. Hoy está encargado “provisoriamente” de las causas que afectan a González Daher y al exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Habrá que ver si este último, tras ser indagado sobre su actuación en los casos de la secta Moon y del incendio del edificio del Congreso, resulta imputado. Aún no lo ha sido por haberse enriquecido ilícitamente, según una bien fundada denuncia.
A propósito, cabe recordar que quien hoy encabeza el Ministerio Público, Sandra Quiñónez, está muy lejos de haber demostrado hasta ahora que en verdad está dispuesta a combatir con denuedo la corrupción, tal como lo prometió más de una vez. Todo indica que también ella está confabulada con quienes desde el poder político hacen todo lo posible por enlodar las instituciones.
Como bien dice también el aludido comunicado de la UGP, “la reacción del hartazgo no se produce por un hecho, o un episodio, sino por la acumulación de hechos irritantes, inaceptables, y por el continuo y constante oparei”. De este oparei son culpables los jueces y los fiscales que se confabulan con delincuentes para garantizar la impunidad. Así las cosas, los ciudadanos y las ciudadanas no deben limitarse a repudiar a los legisladores que deshonran sus escaños, sino que deben extender su repudio a esos lacayos del poder político que no cumplen con su deber de perseguir a los delincuentes y de condenarlos de acuerdo a la ley. Por tal motivo, la gente debe ir anotando los nombres de los fiscales y jueces prevaricadores y corruptos para hacerles saber también que no quieren compartir con ellos en los lugares públicos, pues son los principales responsables de la decadencia institucional de nuestro país.
El Paraguay está entrando en un nuevo tiempo, donde es de esperar que ya no tengan cabida la corrupción, la prepotencia, el clientelismo y otros males que son el pan nuestro de cada día, lo que exige que los responsables, sean altos funcionarios, “honorables” miembros del Parlamento o “señorías” togadas, conozcan también el lugar donde deben ir quienes delinquen: la cárcel.