Tras ocultarse de la prensa durante varios días, la exdiputada y hoy funcionaria municipal Karina Rodríguez lanzó un comunicado con relación al bochornoso hecho de que desde 2012 hasta 2015, siendo diputada, firmara la planilla de asistencia del asesor español Lino Xavier Valencia, inclusive cuando este se hallaba fuera del país. La “servidora pública”, como se autodefine, no negó en absoluto los hechos, sino que se explayó sobre cuestiones accesorias apelando a una serie de frases huecas. En lo que concierne al tema, se puso “a completa disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de la investigación emprendida por las mismas”, anunció que asumiría el “error” si se comprobara su existencia, y aseguró que no hubo “dolo o intención de sacar algún tipo de beneficio, menos aún de enriquecimiento ilícito” y que “cualquier falla administrativa será debidamente asumida”.
En cuanto al primer punto: la investigación no dependerá de que ella se ponga o no a disposición de alguien. Nada hay que reconocerle por ese gesto y solo cabe esperar que no imite a su camarada de corruptelas, Camilo Soares, interponiendo reiteradas chicanas para impedir la apertura del juicio oral y público, una vez que sea imputada y acusada por el Ministerio Público, tal como corresponde. La directora general del Área Social de la Municipalidad de Asunción no cometió ningún “error”, como ella califica, al firmar la planilla de asistencia en lugar de un ausente, sino un delito de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y otro de expedición de certificados falsos sobre servicios ajenos, convirtiéndose así en cómplice del hecho punible de cobro indebido de honorarios, en el que incurrió el funcionario comisionado por la Justicia Electoral. La exdiputada no se equivocó al firmar la planilla, sino que actuó con el deliberado fin de engañar para que el asesor cobrara íntegramente sus salarios aunque no asistiera a su lugar de trabajo. Aquí hubo dolo. Puede presumirse como cierta su afirmación de que no quiso un beneficio ilícito para ella misma, pero sí para un tercero, estafando al erario.
Karina Rodríguez no cometió una “falla administrativa”, como pretende hacer creer a la ciudadanía, tomándola por imbécil. Lo que hizo reiteradas veces no violó un manual de procedimientos administrativos, sino, lisa y llanamente, el Código Penal. Lo que debe asumir es la sanción prevista en él, si nuestra sinuosa Justicia la llega a condenar. No hace falta que tenga la generosidad de aclarar que se responsabilizará de su fechoría, que ella califica de simple “falla administrativa”.
En el comunicado se lee también que la primera medida que tomó en la dirección de la Municipalidad a su cargo fue pedir un reloj biométrico para controlar mejor al funcionariado del área. Será cierto, pero sigue en pie que, como diputada, firmaba las planillas de asistencia del ausente Lino Valencia. Esta es la grave cuestión que ahora interesa. La conducta ulterior de la exdiputada no puede servir para atenuarla ni mucho menos para exculpar a quien la generó. En este contexto, tampoco es relevante la calidad intelectual del graduado en la Universidad de Valencia, que Karina Rodríguez se ocupa de subrayar. No se pone en duda su idoneidad, sino su honestidad, por haber cobrado más de lo debido, gracias a la complicidad de la asesorada.
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Por lo demás, el abogado renunció el 1 de diciembre de 2015, pero cobró por todo ese mes. Semejante desprolijidad –si así se la puede calificar– comprometería aún más la credibilidad del citado asesor, salvo que en realidad no haya sido él quien se quedó con el salario del mes. También se puede dudar, por cierto, de sus convicciones democráticas, pues integra el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), una fundación española ligada al partido de ultraizquierda Podemos, que cobró 4,2 millones de euros por asesorar a Hugo Chávez en materia de imagen.
Karina Rodríguez afirma que Valencia fue comisionado cumpliendo con los requisitos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de la Cámara de Diputados. Pero el punto no es que haya cumplido o no con ciertas formalidades, sino que ha cobrado más de lo debido mediante la complicidad de la exdiputada, que firmó sus planillas de asistencia, incluso estando él fuera del país.
Hay que repetirlo para que no prospere cualquier intento de desviar la atención. Es un caso similar al del diputado José María Ibáñez, acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de haber “certificado documentos a través de los cuales se confirman las asistencias de las personas nombradas”, habiéndose corroborado que ellas “trabajaban como caseros en su casa quinta ubicada en Areguá”. Precisamente, este escándalo fue el que motivó el 30 de octubre de 2014 que la diputada Karina Rodríguez y su colega Rocío Casco emitieran un comunicado en el que sostenían que el legislador colorado admitió los cargos que se le imputaban y que, por lo tanto, debía “someterse al juicio y atenerse a las consecuencias jurídicas de sus actos”. Es más, enfatizaron que “en casos como este el legislador involucrado debe renunciar a su banca o ser destituido por el pleno”.
¿Recuerda Karina Rodríguez estas contundentes palabras suyas? Si no se arrepiente de ellas, debe aplicárselas a sí misma y renunciar de inmediato al cargo que hoy ejerce. Ibáñez admitió los delitos imputados y ella no negó haber firmado unas planillas de asistencia certificando hechos falsos. Con todos estos antecedentes que son de público conocimiento, si a la exdiputada no le resta un mínimo de delicadeza para dar ese paso, el intendente Mario Ferreiro debería apartarla de la Municipalidad para demostrar que repudia la corrupción. Sus “principios que tienen que ver con la lealtad” no pueden prevalecer sobre los de la honestidad en el ejercicio de la función pública. No hay lealtad que valga frente a los corruptos. En ese caso ella se convierte en complicidad. Y en cuanto a la famosa presunción de inocencia, también invocada por el jefe comunal: ¿valdría esta –guardando todas las distancias– para afirmar que Alfredo Stroessner murió inocente, ya que no fue condenado por ningún juez? Fue condenado “solo” por la opinión pública, la misma que hoy repudia a Karina Rodríguez, y está atenta sobre el final de este incidente en el que, de rebote, está involucrada la confianza ciudadana en nuestro nuevo intendente de Asunción.