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El presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Carlos Jorge Biedermann, manifestó hace unos días su “extrema preocupación por la situación por la que atraviesa la ANDE y lo que esto ocasiona en el desarrollo económico nacional”. También señaló que ella “se ha constituido en los últimos años en un gran inhibidor para el desarrollo económico de la República, afectando a empresas de todo tipo y a la ciudadanía en general”. La CAP, cuyos miembros figuran entre los 500 grandes contribuyentes, lanzó así un claro y concreto mensaje a las autoridades que asumirán sus respectivos cargos el 15 de agosto: es necesario priorizar el tema de la ANDE, pues el servicio empeora día a día y causa un tremendo daño al país.
En el mundo actual, la energía eléctrica se ha vuelto un insumo indispensable para la gente, sea ella rica o pobre, viva en la ciudad o en el campo. Se la precisa para el confort de los hogares y para que funcionen las escuelas, los hospitales y el transporte. En suma, la característica básica de las sociedades es la continua transformación de materias primas, requiriéndose para ello enormes cantidades de energía eléctrica que sostengan la industria y el comercio.
Comparada con otras formas de energía, la eléctrica tiene netas ventajas: no contamina y es de fácil transporte a través de redes alámbricas, pudiendo llegar hasta los lugares más apartados. De ella depende en gran medida el desarrollo económico y social de un país, que crece proporcionalmente con la cantidad de electricidad que consume. Que esté disponible para toda la población, en condiciones de seguridad y eficiencia, es un factor clave para superar el subdesarrollo y la pobreza.
El Paraguay actual tiene la suerte de contar con energía eléctrica abundante, limpia y de fuente renovable, como lo son las usinas hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá, así como la propia de Acaray. ¿Por qué, entonces, a diferencia de Brasil y Argentina, nuestro desarrollo económico se basa en más del 80 por ciento en el petróleo y la leña (biomasa), con tendencia a la suba, en tanto que el 18 por ciento correspondiente a la electricidad se mantiene estático o con tendencia a la baja? Sencillo: esos dos países han sabido aprovechar la electricidad que tienen –y con la que se llevan de nosotros a precio de pichincha– mediante una política energética sensata, centrada en optimizar el servicio interconectado nacional en sus componentes básicos: generación, transmisión, distribución y comercialización. Esta optimización del suministro eléctrico para el consumo doméstico, industrial y comercial se logra descentralizando total o parcialmente la administración de las diversas fases del sistema eléctrico interconectado nacional, mediante un joint venture público-privado responsablemente convenido, o recurriendo solo al sector privado.
Por tal razón, las economías desarrolladas y hasta las de los regímenes comunistas, como el chino y el cubano, reconvierten o eliminan las empresas públicas ineficientes. En nuestro país, en cambio, el Gobierno sigue empeñado en mantenerlas pese a que son crónicamente deficitarias y corruptas. Un caso emblemático es el de la ANDE, que desde hace un tercio de siglo arrastra un déficit de gestión que, como peso muerto, lastra el desarrollo socioeconómico con el monopolio del suministro eléctrico y el pésimo servicio prestado a los consumidores, aparte de servir como cueva de ladrones y concusionarios.
Al empezar el proceso de electrificación del país, en los primeros años de la década de 1960, con la puesta en marcha de la usina hidroeléctrica de Acaray con una potencia de 212 MW, y sin corrupción, el ente estatal pudo administrar con eficacia el incipiente sistema eléctrico interconectado, que en aquel entonces abarcaba solo el área metropolitana y algunas ciudades del interior. Hoy, con una demanda más de diez veces superior a la inicial, esa capacidad de gestión honesta y eficiente ha menguado notablemente, debido, más que nada, a la inoperancia y la corrupción de sus últimas administraciones. Esto hace que la ANDE, en vez de ser el motor del progreso del Paraguay, sea su principal obstáculo.
En consecuencia, pese a contar con abundante energía eléctrica de fuente renovable y limpia, el Paraguay, por culpa de sus gobernantes, no ha sabido sacar provecho de esa gran ventaja comparativa para utilizarla racionalmente, apostando a un proceso de industrialización centrado en el consumo de electricidad, en sustitución de los combustibles fósiles y la biomasa.
A escasos tres meses de la asunción de un nuevo Gobierno, la ciudadanía espera que Mario Abdo Benítez tenga la visión y el patriotismo que tuvo don Carlos Antonio López, impulsando una política de desarrollo centrada en la industrialización y con la mira puesta en el exterior. Si bien el actual esbozó un plan con tal objeto (Plan Maestro 2016-2025), cuya implementación demandará alrededor de US$ 7.000 millones, manteniendo a la ANDE como su única ejecutora, el mismo tropieza con dos obstáculos: la propia empresa estatal, por un lado, y la falta de recursos económicos, por el otro.
Dado que el país ya no tiene capacidad financiera para seguir endeudándose, la única opción que le resta es crear condiciones estructurales para atraer inversión extranjera directa. Empero, con el monopolio del servicio de suministro eléctrico en manos de la ANDE, el temeroso capital privado extranjero no vendrá. La conclusión obvia es que el plan maestro de la ANDE, con ella de por medio, es una quimera política y una estafa intelectual al pueblo paraguayo.
Mientras el Gobierno conserve el ineficiente y corrompido monopolio de la ANDE, ningún plan de aprovechamiento integral de la electricidad que nos pertenece en las dos usinas hidroeléctricas binacionales será viable, y el Paraguay seguirá como el mendigo de la fábula, sentado sobre dos cofres llenos de oro.