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La burocracia paraguaya se caracteriza por dos grandes vicios: su enormidad cuantitativa y su ineficiencia. Ambos defectos se refuerzan recíprocamente, porque a mayor cantidad de funcionarios, menor es la responsabilidad y el compromiso que cada uno se siente obligado a asumir. Pero hay todavía un tercer factor a considerar: el aspecto moral. Es decir, la altísima tasa de corrupción que campea en las oficinas de los tres Poderes del Estado.
Según el “Índice Global de Competitividad” que evalúa 138 países del mundo, investigación realizada y divulgada por el Foro Económico Mundial, siete entre los diez países más corruptos del mundo son latinoamericanos. A saber: Venezuela (puesto 138, el peor), Bolivia (137), Brasil (135), Paraguay (133), República Dominicana (131), Argentina (128) y Nicaragua (127). El exceso burocrático y la corrupción son vicios hermanados.
Observando la ineficiencia proverbial y la ausencia del Estado en tantos aspectos, apenas se indaga un poco sobre las posibles causas de esta situación y aparecen los obstáculos artificialmente puestos en las oficinas públicas para los trámites más insignificantes, el exceso de papeleos y procedimientos para toda gestión, las coimas o “comisiones” exigidas, y otro montón de inconvenientes generados por los funcionarios de manera intencional.
¿Por qué se sostiene una situación como esta, resultando tan perjudicial para todos?
Aparece una respuesta en primer término: los políticos utilizan a los centenares de miles de funcionarios –la mayoría de los cuales hacen nombrar y ubicar– como pilares sobre los cuales sostener su propio poder y su influencia. La presión sobre el Presupuesto nacional es inmensa, ya sea para abrir la posibilidad de crear nuevos cargos en el futuro o para aumentos salariales a la clientela, como se está observando con toda crudeza en este momento en el Congreso.
De este modo, quienes a través de las “listas sábana”, triquiñuelas y plata logran apoderarse del Gobierno central o de los Gobiernos departamentales y locales, se convierten en dueños del aparato estatal que comprende a los aproximadamente 300.000 funcionarios públicos que sostiene el país.
Entre julio del 2014 y febrero del 2017 cada uno de los intendentes de los 254 municipios del Paraguay fueron multados por la Secretaría de la Función Pública por ocultar la nómina de salarios que sus administraciones pagaban, en abierta violación de la obligación impuesta por la Ley 5189/14. De más está decir que dichas sanciones –en conjunto de casi seis millones de dólares– son satisfechas con fondos de las cajas municipales, no con el dinero de los infractores.
Esa nube nauseabunda de prepotencia e inmoralidad que impusieron los políticos en ese ambiente hace que la mayoría de los funcionarios no cumplan con el papel que les corresponde en la buena marcha de la gestión gubernamental, en la correcta organización de los organismos públicos en los que cobran sus salarios y en el fiel cumplimiento de sus finalidades. El problema del funcionario venal, incompetente e indiferente está presente en todos los niveles de la estructura estatal.
Así, por ejemplo, a los inspectores que trabajan en el Mercado Municipal de Abasto, de Asunción, en lo único que demuestran interés es en asegurarse de que parte del dinero que circula por el lugar se quede en sus bolsillos; del resto de sus obligaciones apenas se hacen cargo o simplemente las ignoran. La misma conducta que tienen los “aduaneros”, los inspectores de Hacienda, del Ministerio de Salud, de la Seam y tantos más, con relación al manejo de los intereses que deben gestionar y proteger como obligación de sus cargos.
Y esta burocracia inflada, ineficiente y venal que padecemos en nuestro país es la que produce paradojas como la que se pone de manifiesto en la Municipalidad de Asunción, en la que figuran más de siete mil empleados y, sin embargo, no cuenta con ninguno que pueda realizar ciertas tareas básicas, como la de ejercer de inspectores que recorran los barrios para registrar los miles de irregularidades que se observan a simple vista a lo largo y ancho de ellos, a fin de dar comienzo al proceso que lleva a la solución a las mismas. No tiene personal para funciones de policía de tránsito, no tiene vigilantes nocturnos, carece de técnicos para certificar locales, fábricas, productos, exigencias de seguridad, etc. Así se explican tantas irregularidades observables en las calles y veredas capitalinas.
En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de Salud Pública, Seam y otros, la mayoría de los funcionarios que figuran como ingenieros, químicos, biólogos, expertos en una gran diversidad de especialidades, son renuentes a salir al campo para vigilar lo que les compete y ejercer sus oficios; les agrada más conservarse frescos en sus oficinas acondicionadas.
En febrero de 2016 el presidente Horacio Cartes denunciaba la superpoblación burocrática acusando a sus antecesores de haberla producido. Ochenta mil nuevos empleados había tomado el Estado entre 2003 y 2013, incrementándose el 21% bajo la gestión de Duarte Frutos y 24% más bajo la de Fernando Lugo. Ahora se mantiene en silencio; no se atreve a hablar de su gestión, cuando se han denunciado gran número de nuevas contrataciones bajo el “nuevo rumbo”.
Ahora mismo, en esta época de campañas electorales, el grupo gobernante distribuye nombramientos, cargos y salarios por doquier. Para hacer algunos claros donde meter a sus operadores, destituyen o descontratan a centenares de personas que no comulgan con su movimiento político, que, de este modo, quedan en la calle de la noche a la mañana, aunque, deben reconocerlo, deberían estar preparadas para salir de este modo porque, en demasiados casos, así también entraron.
Con un Estado obeso, inútil, carísimo y desorientado, las perspectivas de progreso de la sociedad paraguaya se tornan lejanas. Es preciso que los ciudadanos y las ciudadanas tomen conciencia y protesten contra esta fenomenal repartija de los bienes del Estado mediante cargos innecesarios inventados que solo sirven a los fines electorales de los políticos.