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Hace un par de años, habría sido impensable que algún legislador perdiera su investidura o renunciara a ella debido al masivo repudio ciudadano, pero ahora resulta que Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, José María Ibáñez y Víctor Bogado, que otrora parecían intocables, ya no mancillan el Congreso. También habría sido inimaginable que la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías Irún, fuera alguna vez destituida por los diputados, previa intervención solicitada por la Junta Municipal, en respuesta a la ejemplar movilización de los esteños. Más aún, ¿quién se habría imaginado que el Ministerio Público y el Poder Judicial hicieran que González Daher y el diputado Ulises Quintana (ANR) guarden prisión preventiva, o que el senador Javier Zacarías Irún esté imputado por la comisión de delitos varios? ¿O que inmuebles del presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas (ANR), un ex modesto zapatero, serían allanados por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, en el marco de una pesquisa por enriquecimiento ilícito?
Algo, pues, ha cambiado para bien en nuestro país y no necesariamente porque los parlamentarios hayan concluido, de pronto, que las bancas no deben ser ocupadas por presuntos delincuentes, o porque los agentes fiscales y los jueces hayan decidido, motu proprio, cumplir y hacer cumplir la ley, ante la que todos somos iguales. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que la sociedad civil, harta de las iniquidades perpetradas por quienes ocupan cargos electivos, ha venido expresando su indignación cada vez mayor en las calles, en las redes sociales y en los medios de prensa, llegando además a escrachar a ciertos sinvergüenzas notorios. Como esta rebelión de las víctimas de tantas fechorías (“el cansancio de los buenos”) ya no puede seguir siendo ignorada, quienes tienen cierto poder decisorio se ven forzados a desechar alguna pieza de la maquinaria de la corrupción, cuando ella ya ha sido demasiado afectada por el rigor de la opinión pública.
El exsenador González Daher fue expulsado por sus pares, que hicieron bien en desestimar previamente su renuncia, porque la presión de la ciudadanía era insostenible. Como ganó de nuevo una banca en el siguiente periodo legislativo, la renuncia que volvió a presentar, tras una imputación del Ministerio Público y una amplia repulsa popular, fue aceptada sin más trámites. La dimisión de su excolega Oviedo Matto, ante su inminente expulsión, había sido consentida, tras haber insinuado que podría revelar ciertas ruindades senatoriales; pero también aquí jugó un papel decisivo el hecho de que el dimisionario se había convertido en un apestado, y la ciudadanía movilizada se lo hacía saber.
La importancia de este factor resultó aún más evidente en el caso del exdiputado José María Ibáñez, quien se vio también obligado a renunciar a su escaño pese a que la Cámara se negó a privarle de su investidura. Si así lo hizo fue porque sus conciudadanos pusieron en claro que no podían estar representados por un ladrón confeso. También el caso del exsenador Víctor Bogado resulta muy elocuente, pues de hecho, dados sus pésimos antecedentes, ya había sido repudiado por la opinión pública mucho antes de que un complaciente Tribunal de Sentencia le impusiera la irrisoria pena de un año de prisión en suspenso. Fue expulsado por una mayoría absoluta de más de dos tercios, lo que indica que la presencia de Bogado en la Cámara Alta ya resultaba intolerable para cualquiera.
Los esteños también nos han dado una formidable lección de lo que puede lograr la ciudadanía movilizada, en los recientes comicios convocados tras la destitución de la cónyuge del jefe del nefasto clan Zacarías Irún. Volvieron a castigar la deshonestidad y la prepotencia que sufrieron durante casi dos décadas, dando el ejemplo de que, pese a todo, vale la pena luchar contra los canallas empotrados en la función pública.
Es que cuando los ciudadanos y las ciudadanas se levantan contra los ladrones públicos y otros violadores de la ley desde sus altas funciones, están actuando en defensa propia, pues cuando roban al Estado o a la Municipalidad, roban a personas de carne y hueso, que pagan sus impuestos y no reciben la contraprestación a la que tienen derecho. La tarea depuradora parece inmensa, pero no hay que resignarse y recluirse en la vida privada. Es preciso interesarse por la cosa pública, porque nos concierne a todos. ¡Qué más quisieran los bandidos que la gente se desentendiera de ella, para dejar en sus exclusivas manos sucias el manejo de nuestro dinero o de nuestras libertades! La Constitución dice que, aparte de representativa, nuestra democracia es participativa, lo que implica algo más que la iniciativa popular o el referéndum previstos en ella. Significa también, entre otras cosas, hacer uso de los derechos a informarse y a peticionar a las autoridades, así como de las libertades de expresión, de reunión y de asociación.
Es mucho lo que se ha conseguido en los últimos tiempos, pero la tarea que resta es aún más grande. No solamente hay que poner el ojo sobre los políticos, legisladores y altos funcionarios, sino también es preciso que se observe con atención el desempeño de los agentes fiscales y de los jueces, muchos de ellos funcionales o tibios con la gente en el poder. También a ellos hay que identificarlos y expresarles el repudio en los lugares públicos, cuando no cumplen con su deber. Y no olvidar a los responsables de las Municipalidades, tanto de Asunción como del interior, que tanto defeccionan en sus funciones.
Vayan pues los aplausos a quienes, en vez de descansar o compartir con las familias, han dedicado su tiempo a la tarea de hacer saber a los ladrones públicos y otros impresentables que ya no seguirán cometiendo impunemente sus fechorías. Mención especial merece el Grupo Escrache Paraguay, que encabeza la abogada María Esther Roa, que no se ha dejado amilanar ni por las amenazas ni por los ataques de quienes defienden a los impresentables. A esta ímproba tarea deben sumarse más ciudadanos cada día, para ir limpiando nuestra sociedad de quienes la embarran.