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En los últimos años se ha venido revelando en qué escandalosa medida había sido que los políticos y los altos magistrados nacionales se valían y se valen de los contribuyentes para mantener a sus parientes, amigos y correligionarios. Si se define la corrupción como el empleo del dinero público en provecho personal de sus gestores, no cabe duda de que la práctica referida es una de sus tantas manifestaciones. Este desenfrenado hábito tiene la particularidad de que no es que se desvíen fondos, se reciban sobornos o se sobrefacturen bienes o servicios; no se le roba al fisco en el sentido de que se le priva ilícitamente de recursos, dado que estos se hallan previstos en el Presupuesto nacional para abonar los salarios y las remuneraciones del personal que debe trabajar por el país, sino de que se hace un irresponsable abuso de las posibilidades que la ley ofrece para el beneficio personal de los que mandan y de sus compinches.
Muchos de esos “funcionarios” o “contratados”, que ocupan cargos superfluos, directamente no asisten a sus lugares de trabajo, cometiendo así el delito de cobro indebido de sus haberes. También están aquellos que asisten pero para no hacer nada, por la simple razón de que son innecesarios. Llevan una existencia tan parasitaria como la de los otros, pero formalmente no hay nada que reprocharles: si holgazanean en los pasillos es porque no hay ni sillas ni espacio suficiente para ellos, ni tareas que se les puedan asignar.
El reproche por esta denigrante situación debe dirigirse, sin ninguna duda, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, que sancionan y promulgan una ley presupuestaria sin mayores estudios ni consideraciones, que permite a quienes mandan practicar el nepotismo, el prebendarismo y el derroche. Se dirá que el concurso público de oposición exigido por la Ley de la Función Pública para nombrar y promover a funcionarios debe impedir esas prácticas odiosas, pero el problema es que dicho instrumento legal no es aplicado en toda la estructura estatal, como por ejemplo en las 33 instituciones que atacaron la ley de inconstitucional, entre ellas el Poder Judicial y la Justicia Electoral.
Como es notorio, en ambos organismos tienen amplia cabida los familiares cercanos de las máximas autoridades o de sus allegados, lo mismo que la clientela política de los legisladores que recurren al tráfico de influencias. La ley que prohíbe el nepotismo en la función pública, que entró en vigencia en 2005 y también obligaba a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, no impidió, por ejemplo, que tres de los cuatro hijos y una nuera del ministro Raúl Torres Kirmser ingresaran en el Poder Judicial. Es cierto que el ministro no robó en el sentido literal de la palabra, pero también lo es que se valió del Presupuesto para que sus parientes cercanos no vivan a costa suya, sino de los contribuyentes.
La citada ley anulaba todo nombramiento hecho en contra de ella, y lo hacía “incurrir en la presunción del hecho punible de tráfico de influencia”. La ley vigente desde el año pasado no tipifica el nepotismo como un delito, sino que se limita a sancionar a quien realice un nombramiento en violación de ella con la inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años, la nulidad del acto jurídico y la devolución de los salarios cobrados indebidamente.
Puede presumirse que los adeptos al llamado “familismo amoral” no estarán muy preocupados, dado el escaso efecto disuasorio de la penalización y la falta de antecedentes en la materia: Torres Kirmser, hasta ahora, no fue juzgado por la presunción antes referida.
Tampoco estarán preocupados los legisladores que tienen a sus hijos como “asesores”, gracias al favor concedido por el presidente de turno de la respectiva Cámara. Y conste que la nueva ley les incluye a ellos y no solo a los presidentes. Además, los legisladores no solo se ocupan de ubicar a sus vástagos, sino también –y sobre todo– a su numerosa clientela política, a la que alimentan con el dinero público para que estén a su servicio en las elecciones internas y en las generales.
De esta manera, los legisladores exprimen el Presupuesto nacional que ellos sin más ni más sancionan, disfrazando la remuneración de los “operadores” bajo el vago rubro de “servicios personales”.
Pero los diputados y senadores no se limitan solo a nutrir el plantel del Poder Legislativo, sino que incursionan también en la generalidad de las entidades públicas, entre las que se destaca la Justicia Electoral. Aparte de que en esta entidad no se aplica la Ley de la Función Pública, resulta que el tan mentado art. 87 de la ley que la reglamenta dispone que los funcionarios sean designados según “la idoneidad y, en lo posible, con la proporción de bancas que los partidos o movimientos políticos tienen en la Cámara de Senadores”. Como se nota, la segunda parte de dicho artículo consagra inconstitucionalmente el “cuoteo” entre las clientelas políticas, violando abiertamente el principio de igualdad ante la ley. Así los parlamentarios crearon un campo fértil para el manejo del Presupuesto nacional en función de sus intereses políticos, creando cargos para sus respectivos seguidores a cambio de su apoyo continuado; no son empleados del Estado, son “sus” empleados.
En suma, la clase política explota desfachatadamente al pueblo contribuyente valiéndose de las leyes que ellos mismos crean con el campo propicio para el efecto, y no solo mediante el robo desvergonzado a través de sobrefacturaciones o malversaciones.
Ante esta demostración de inescrupulosidad de la clase política, la ciudadanía en pleno debería manifestar públicamente su repudio, exigiendo se ponga fin al ordeño descarado del erario precisamente por quienes fueron elegidos para atender los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas.