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Con la actitud patriótica y en defensa de la soberanía nacional que corresponde, la Cámara de Senadores debe rechazar hoy de plano el oprobioso “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia”, suscrito por Fernando Lugo en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre de 2010.
Ese documento supone una directa agresión a la independencia del Paraguay. En primer término, porque supone la vulneración del principio de no intervención, consagrado en el artículo 143 de nuestra Ley Fundamental.
Bajo ningún concepto nuestro país puede tolerar que otras naciones o grupos de naciones determinen, por sí y ante sí, las acciones políticas que pudieran configurar, como lo establece el artículo 1 del citado protocolo, una “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, una violación del orden constitucional o cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.
Pero no porque la democracia en sí no merezca ser preservada y fortalecida, sino porque en ningún lugar del citado acuerdo se menciona qué entiende la Unasur por “ruptura o amenaza de ruptura” de ese sistema, y mucho menos qué concretamente es “cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder”. Por lo tanto, de aprobarse el protocolo de marras, estaríamos facultando a nuestros vecinos de la región a interpretar subjetivamente cualquier acontecimiento político que se produzca en el país, dándoles carta blanca para intervenirnos cuando aquí se generen hechos que no sean del agrado de ellos.
En este sentido, la experiencia registrada el 22 de junio del presente año es duramente ilustrativa. El juicio político al entonces presidente Fernando Lugo se ajustó estrictamente a los mandatos constitucionales del Paraguay; sin embargo, los miembros de la Unasur decretaron, sin siquiera tener la delicadeza de escucharnos, que aquel hecho supuso una alteración del orden democrático y nos suspendieron sin más ni más del bloque.
Es más que evidente que Lugo firmó el tal protocolo adicional con la exclusiva intención política de preservar su poder y atornillarse eternamente en la Presidencia de la República. Poco le importaban los eventuales costos que el Paraguay tuviera que pagar para satisfacer sus objetivos personales; su único objetivo era salvar su propio pellejo, aun cuando la patria quedara en total estado de desamparo.
Afortunadamente, los plazos no se dieron para que sus designios se cumplieran, y fue oportunamente destituido de la Primera Magistratura en un acto plenamente legal.
Además, el protocolo en cuestión incorpora un elemento que es altamente agraviante para nuestra soberanía nacional y que bajo ningún concepto puede ser tolerado por quien se considere a sí mismo un paraguayo de ley. El artículo 4 del documento crea la figura del bloqueo económico, político y comercial para aquel país en el que se produjeren las circunstancias estipuladas en el artículo 1, a las que aludimos precedentemente.
Es decir, si se aprobara el acuerdo mencionado, estaríamos facultando a los miembros de la Unasur a imponernos el “cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros”.
Para un país mediterráneo como el nuestro, esto significaría el fin de nuestros días como República libre, soberana e independiente. Es más que claro, entonces, que esa “cláusula” fue concebida única y exclusivamente para ser aplicada contra nuestro país.
La última vez que el Paraguay fue sometido a un bloqueo de esas características fue durante la genocida Guerra de la Triple Alianza, y no precisamente porque los paraguayos consintiéramos en la aplicación de un cerco tal, sino porque nos fue impuesto a la fuerza por las naciones que nos agredían.
Por lo tanto, consentir ahora en que ese sitio pueda sernos impuesto desde el exterior, significaría un contrasentido histórico al mismo tiempo que un acto antipatriótico digno del más severo de los rechazos.
Sin ninguna duda, estas poderosas razones imponen que el Congreso Nacional, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución, rechace el protocolo en cuestión, y que urja al Poder Ejecutivo al inmediato envío –algo que debió haber hecho hace mucho tiempo– del “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia (Ushuaia II)”, para que haga otro tanto con él.