La Constitución es el contrato social establecido por un Poder Constituyente votado por el pueblo soberano para normar la convivencia ciudadana dentro del orden y la legalidad indispensables para una convivencia armónica de los habitantes de un Estado democrático. Para el efecto, ella contiene un conjunto de instrumentos procesales mediante los cuales se preserva y mantiene el orden jurídico que establece claramente, y del cual es garante como Ley Suprema de la Nación.
Por tal razón, en una sociedad regida por un sistema democrático de gobierno la Constitución es “inviolable”, y solo puede ser modificada de acuerdo a los procedimientos que ella misma dispone. No puede estar al arbitrio caprichoso de una persona o un grupo de personas, o de alianzas políticas coyunturales que, con el pretexto que fuere, se arroguen, como pretenden algunos en estos infaustos días, facultades de una Convención Nacional Constituyente emanada de la voluntad popular libremente expresada en las urnas.
La supremacía de la Constitución sobre los poderes del Estado es racionalmente obvia. Ella crea los poderes públicos: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Delimita sus funciones, positiva y negativamente; establece los procedimientos para la elaboración de las leyes y, por último, reconoce los derechos fundamentales de los habitantes de la República.
Así las cosas, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico constitucional, la prohibición de la reelección del presidente de la República contemplada en el mismo solo podrá ser removida mediante una reforma decidida por una Convención Nacional Constituyente.
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El pueblo paraguayo no está necesariamente en contra de la reelección presidencial, como tampoco los legisladores que hoy resisten a la enmienda, ni las élites políticas, sociales, empresariales o gremiales. Tampoco la totalidad de la ciudadanía espontáneamente volcada a la plaza. La ciudadanía lo hubiese aceptado si el afán de búsqueda de la reelección impulsada por el presidente, Horacio Cartes, y Fernando Lugo se hubiese encuadrado dentro del ordenamiento jurídico.
Lamentablemente, sus impulsores dejaron pasar adrede el tiempo en que podían haberlo hecho por la vía constitucional. Su pecado original fue haber decidido hacerlo en la hora nona, y por atajos antijurídicos, atropellando normas legislativas –y seguramente otras instancias procesales con posterioridad–, hasta desembocar en el referéndum que, así como sus impulsores lo están proponiendo a tambor batiente, devendrá ilegítimo.
Vale repetir que la ciudadanía está alzada, no contra el proyecto de reelección presidencial, sino contra el marco antijurídico dentro del cual Cartes, Lugo, Llano y sus adláteres lo quieren implementar. Y con todo derecho continuará oponiéndose sin parar mientes hasta que sus promotores recapaciten y desistan de su antidemocrático proyecto. Lo que más indigna a la gente de buena voluntad es la alevosía con que estos tránsfugas de la política han articulado esta conspiración criminal que ha colmado la paciencia cívica del pueblo, y que amenaza con resquebrajar la convivencia ciudadana. Desde 1989, dos generaciones han venido disfrutando del libre ejercicio de sus derechos civiles y humanos, tras más de 34 años de opresión bajo la dictadura de Stroessner, cuyos fantasmas rondan de nuevo tras este nefasto proyecto de enmienda impulsado por los violadores de la Constitución.
Los proponentes del inconstitucional proyecto de enmienda se engañan al creer que mediante la represión policial el pueblo va a rendirse. Muy por el contrario, el terrorismo de Estado que el gobierno de Horacio Cartes ha puesto en marcha, copiando a Maduro, Correa, Morales, Putin y otros gobernantes autoritarios del mundo, lo que ha hecho es galvanizar aún más el ánimo de la ciudadanía para resistir el violento embate con que el aspirante a dictador pretende abrirse paso y hacerse reelegir a cualquier costo, secundado por otro ambicioso sin límites, Fernando Lugo.
Arrojando más leña al fuego, lo único que van a conseguir el Presidente de la República y su horda de violadores de la Constitución es caldear aún más el ánimo de la ciudadanía, con impredecibles consecuencias para la paz pública y la convivencia ciudadana. La indignación ciudadana solo se aplacará cuando el Primer Mandatario dirija un claro mensaje ordenando a sus paniaguados retirar el inconstitucional proyecto de atropello al ordenamiento jurídico de la República.