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Nuevamente, como en los últimos años viene sucediendo, casi la mitad de las 254 municipalidades del país no cumplieron con el deber de rendir cuentas del empleo de los recursos del Fonacide, que debieron haber presentado al final del primer cuatrimestre de este año ante la Contraloría General de la República, como también del uso del dinero de los royalties de Itaipú. Según la ley, la Contraloría debe “informar al Ministerio de Hacienda para que esa dependencia tome las medidas legales correspondientes”.
Sin embargo, la experiencia que se recoge de la reiterada comisión de estas faltas es desalentadora. A estas alturas, y teniendo a la vista estos malos ejemplos tan repetidos, hay que convencerse de un aserto muy repetido y muy deprimente: que la mejor idea política, si es aplicada en nuestro país, fracasará arruinada por la politiquería combinada con la corrupción y la impunidad. Fonacide es una buena idea, así como la distribución de royalties. Es seguro que factores de desarrollo como estos funcionan maravillosamente bien en países donde la honestidad del funcionario es la norma, y donde la Justicia ejerce su función con patriotismo, sin arrodillarse ante los políticos ladrones.
El extendido vicio de la informalidad ante las obligaciones legales de los funcionarios públicos es resultado de la impunidad. Si se rememora un poco, en 2016, habiendo finalizado el período quinquenal del mandato municipal, restaban todavía 77 intendentes y 1.374 concejales que simplemente ignoraron el deber legal de rendir cuentas de su patrimonio durante el lapso que ejercieron sus mandatos.
El primer organismo encargado de hacer respetar estas reglas es la Contraloría, la cual se manejó siempre, y sea quien fuese su titular, como una entidad a la que no le importan mucho estas regularidades sino “andar bien” con los políticos que manejan la torta del Estado. De ahí que los delincuentes de las Municipalidades y Gobernaciones, que tanto abundan en el país, nunca hayan sido molestados por sus robos de los bienes públicos. En el mejor de los casos, la Contraloría se limita a informar al Ministerio de Hacienda, donde, seguramente, se “consulta” previamente si los afectados son amigos o no y, de acuerdo a eso, se decide aplicar la ley del “ñembotavy” o “apretarle” al trasgresor hasta que se “alinee”. Por ejemplo, si los intendentes en falta usan buena parte de esos fondos para contribuir con las campañas electorales de sus padrinos diputados o senadores, podrían sortear fácilmente los inconvenientes que pueda producirles su falta de “papelería”.
La ley de Fonacide prevé la aplicación de multas para el tipo de infracciones que tanto se repiten y a las que nos estamos refiriendo (entre 200 y 300 jornales mínimos), además de la eventual inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años. ¿Por qué no se conoce un solo caso en que tales sanciones hayan sido aplicadas? Porque, sencillamente, entre políticos todo puede “arreglarse” por encima de la ley y por debajo de la mesa.
Pero no solamente en esta entidad se manipula la impunidad. Recuérdese el caso de la fiscala de la localidad de J. A. Saldívar, Brígida Aguilar, que, en 2016, tomó la valiente iniciativa de investigar los documentos del entonces intendente de Ypané, Horacio Ortiz, ante una denuncia formal de que este funcionario había hecho “desaparecer” durante su gestión nada menos que 1.870 millones de guaraníes de los recursos del Fonacide. La loable iniciativa terminó luego de que políticos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se movilizaran para amedrentar a la fiscala.
En algún momento, durante ese mismo año, James Spalding, director de la Itaipú Binacional, junto con los consejeros de la entidad, visitaron al presidente Horacio Cartes para manifestarle su “preocupación” por la manera en que se dilapidan los royalties en las municipalidades y gobernaciones, cómo derrochaban, desviaban o “hacían vito” de los fondos aportados. Se ponía como ejemplo, en ese momento, el caso de la Municipalidad de Salto del Guairá, que desde 2013 venía recibiendo fondos que ya sumaban alrededor de 200.000 millones de guaraníes, sin que en Asunción se supiese a qué destinaba esa enorme suma, ya que no exhibía sobre la mesa algún documento y, más que todo eso, no se veía en ninguna parte cuál era el “progreso material” que debió haber resultado de semejante suma de dinero.
El informe rendido por la Contraloría General, al final de 2017, ya indicaba que 72 municipalidades no presentaron rendición de cuentas de los recursos de Fonacide, entretanto, que 85 no cumplieron esta obligación en relación con los royalties. Y de las presentadas, varias fueron rechazadas.
Con frecuencia se trata de justificar a los intendentes ladrones aduciendo que no conocen bien la técnica administrativa o no disponen de técnicos que los asesoren adecuadamente en la materia, que no es otra cosa que una gran mentira destinada a dar pretextos a la complicidad para la impunidad. Lo cierto es que todos los intendentes y Juntas Municipales disponen de los manuales de instrucción y modelos de rendiciones de cuenta de los recursos recibidos.
En algunos casos, la desfachatez llega a límites francamente intolerables para cualquier persona que sienta algún aprecio por la honestidad, como fue el del intendente de Mbocayaty del Yhaguy, Jacinto González Cantero, quien, hace aproximadamente dos años, respondió a un cuestionamiento que se le hizo, afirmando que “por falta de tiempo” no aplicó los fondos de Fonacide a sus finalidades específicas.
Es una desgracia para el país que en muchas localidades los propios vecinos, conocedores del grado de corrupción de sus intendentes y concejales, los vuelvan a votar. Esta falta de principios éticos y de conciencia cívica de que adolece gran parte de nuestra población es la que convierte a nuestra democracia en una farsa.
El desaprensivo robo de los fondos públicos que deben estar destinados al desarrollo socioeconómico y a la educación es un atentado alevoso contra el futuro del Paraguay. Por eso, hace falta un radical cambio de actitud de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ellos y ellas, en vez de volver a votar mansamente a los bandidos, deben denunciarlos por todos los medios a su alcance, sobre todo a través de las radios comunitarias de sus respectivas localidades, las que deben poner patrióticamente sus micrófonos a disposición de los vecinos, para que los ladrones que ocupan Gobernaciones, Intendencias y Concejalías vayan a parar a la cárcel.