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El exprocurador peruano Julio Arbizu sostiene atinadamente que los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles, que la posibilidad de aplicar la sanción penal a sus autores no debe extinguirse por el mero transcurso del tiempo. Nuestra Carta Magna otorga ese carácter solo a los crímenes de lesa humanidad, es decir, al genocidio y la tortura, así como a la desaparición forzosa de personas, al secuestro y al homicidio por razones políticas. Los demás hechos punibles prescriben a los quince años cuando el límite máximo del marco penal es de ese tiempo o más años de prisión, y en los demás casos en un tiempo igual al máximo de la pena de prisión, todo ello según el art. 102 del Código Penal.
Conforme a las disposiciones descritas, un ministro, funcionario o legislador que haya causado al erario un daño patrimonial debe ser castigado con hasta cinco años de cárcel, pena que puede llegar hasta los diez años en los casos particularmente graves, plazo que sería en consecuencia el de la prescripción.
Como bien dice el citado exprocurador, la corrupción vulnera derechos básicos de los ciudadanos y las ciudadanas, en la medida en que priva al Estado de los recursos materiales necesarios para que todos y todas puedan acceder a la Justicia, así como a la salud y a la educación públicas, entre otras cosas. Cuando se roba el dinero proveniente del pago de los impuestos directos e indirectos, la colectividad entera resulta afectada.
En efecto, el crimen cometido por quien solicita o acepta un soborno a cambio de un acto contrario a sus deberes debe ser sancionado de acuerdo a la ley cualquiera sea el tiempo transcurrido, más aún porque en un país como el nuestro, donde los magistrados y los agentes fiscales están sometidos al poder político, los delincuentes que ejercen la función pública pueden contar con la eficaz protección de los mandones de turno. Los demás, salvo que tengan dinero suficiente para sobornar o estén ligados a los jerarcas del momento, tienen menos posibilidades de librarse de la persecución penal al cabo de unos años.
Por ejemplo, los casos de los políticos y legisladores hoy procesados por delitos de corrupción, como Camilo Soares, Enrique Salyn Buzarquis, Víctor Bogado, Enzo Cardozo, José María Ibáñez, Carlos Núñez Salinas, Milciades Duré, entre otros, revelan que el empleo reiterado de las chicanas apunta a que la causa se extinga por prescripción de la persecución penal, aunque ellas suspendan el cómputo del plazo de tres años, al cabo del cual debe concluir todo juicio. El exministro del Interior Walter Bower, procesado por uno de los crímenes de lesa humanidad referidos en la Constitución, no puede contar con ese beneficio, pese a su reiterado abuso del derecho a la defensa. Pero sí pueden beneficiarse los antes mencionados, aunque las evidencias en su contra sean abrumadoras. Es lo que están buscando y es probable que lo consigan si una Corte Suprema de Justicia cómplice sigue tolerando la notoria mala fe de sus actuaciones procesales.
He aquí una cuestión de capital importancia, que es la efectiva independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. En efecto, de nada servirá que los delitos de corrupción sean declarados imprescriptibles si los fiscales y los jueces están en manos de los políticos, como ahora, y no se atreven a investigar y sentenciar conforme a Derecho tanto a gobernantes como a gobernados. En otros términos, mientras no seamos todos iguales ante la ley, los rateros podrán ser castigados, pero quienes asaltaron o asaltan el erario a mansalva seguirán impunes.
En los últimos tiempos se ha observado en nuestra región una lucha ejemplar contra los ladrones de fondos públicos que estuvieron o están robando en el poder, lo que puede atribuirse a la aparición de fiscales y jueces probos y valientes, dispuestos a perseguirlos. Son muy elocuentes los casos de Brasil, donde están procesados los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, habiendo sido condenado ya el primero y estando además imputado el actual presidente, Michel Temer; de Perú, donde están recluidos los expresidentes Alberto Fujimori y Ollanta Humala, en tanto que un tercero, Alejandro Toledo, está prófugo; de Ecuador, cuyo vicepresidente Jorge Glas guarda reclusión; de Argentina, donde la expresidente Cristina Fernández de Kirchner está procesada; de Uruguay, cuyo vicepresidente Raúl Sendic se vio forzado a renunciar por haber derrochado dinero público. Si a los citados se suman los exministros y congresistas enjuiciados y condenados en algunos de esos países, la cosecha allí es sin precedentes, aunque, para nuestro país, todavía ínfima con relación a la copiosa cantidad de funcionarios y políticos paraguayos que desde la época de Stroessner hasta hoy se han enriquecido y se están enriqueciendo robando el dinero público.
Es hora de que también en el Paraguay se proceda al saneamiento de las instituciones, para lo cual es imprescindible la imprescriptibilidad de los delitos y, con ella, la posibilidad de la persecución penal.
El país entero está ansiando que, más temprano que tarde, también aquí surjan fiscales y jueces honestos, con las agallas suficientes para enfrentar a los políticos bandidos de gran poder que estuvieron o están en el Gobierno, y enviarlos a la cárcel. Ellos saben a quiénes nos referimos.