La corrupción en Itaipú

El destape de la colosal corrupción en el Brasil que envuelve a la petrolera estatal Petrobras y a la empresa de electricidad Eletrobrás desde la asunción al poder de Lula da Silva, catapultado por el Partido de los Trabajadores (PT), ha permitido saber que altos funcionarios gubernamentales brasileños hayan venido exigiendo “retornos” (vulgo, coimas) a los proveedores del Estado para financiar la campaña de dicho partido. Uno de los condenados a pena de cárcel en el caso de la empresa eléctrica citada es João Vaccari Netto, tesorero del PT, quien por once años fungió como miembro del Consejo de Administración de Itaipú. Él está condenado por haber recibido US$ 200 millones en concepto de sobornos. Dada su larga permanencia en Itaipú, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), del Brasil, anunció recientemente la fiscalización de las cuentas de la binacional. Existe la hipótesis de que durante su prolongada gestión en Itaipú haya lavado dinero de empresas que prestan servicios en la entidad, en cuyo caso miembros paraguayos del Consejo de Administración devendrían cómplices, por acción u omisión.

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Nuestro diario ha sostenido desde un principio la tesis de que los flagrantes abusos financieros embebidos en las abultadas deudas consolidadas de las usinas hidroeléctricas binacionales, así como las estafas inherentes a su discrecional explotación comercial por parte de nuestros socios, han sido aceptados por nuestros gobernantes de turno a cambio de suculentos sobornos disfrazados de diferentes modos, desde el dictador Alfredo Stroessner hasta el presente, sin excepción. En el caso concreto de Itaipú, nuestra presunción ha sido plenamente confirmada por el autorizado estudio realizado por el mundialmente reconocido economista norteamericano Jeffrey Sachs, quien concluyó que tanto la deuda del ente como el precio que Brasil paga por la electricidad paraguaya que se lleva configuran vulgares estafas que no resisten el menor análisis en términos de tarifas usuales del mercado de la electricidad.

El destape del colosal escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras y de la compañía de electricidad brasileña de composición mixta Eletrobrás ha puesto al descubierto la corrupción imperante en el seno del Gobierno brasileño desde la ascensión al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, catapultado por el Partido de los Trabajadores (PT), de clara orientación izquierdista, hace ya más de diez años. Desde entonces, sistemáticamente los altos funcionarios gubernamentales brasileños han venido exigiendo “retornos” (vulgo, coimas) a los proveedores del Estado para financiar la campaña del PT. En lo que va del proceso de investigación, la Justicia brasileña ya encarceló a los principales ejecutivos y dueños de empresas proveedoras de servicio de construcción de obras públicas, así como a las contrapartes en los sobornos.

A raíz del gran escándalo que está haciendo tambalear hasta la silla en que se sienta la presidenta Dilma Rousseff, un grupo de tenedores de acciones de Eletrobrás –que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York arrogándose indebidamente la propiedad exclusiva de la usina hidroeléctrica de Itaipú– ha presentado una demanda en una Corte Federal de Manhattan contra esa estatal brasileña. Consultado al respecto, el director paraguayo de la binacional, James Spalding, declaró que la situación de la empresa mixta brasileña no afecta directamente a la entidad. Admitió, no obstante, que si eventualmente corre la demanda en Estados Unidos y ganan los demandantes, recién entonces se podrá medir su impacto sobre la calificación financiera internacional de la hidroeléctrica. Insistido sobre el tema, el señor Spalding señaló que aún es prematuro hablar de cómo afectará a la intención que tiene la binacional de emitir bonos en el mercado internacional para financiar la actualización tecnológica de la usina y supuestamente abaratar la deuda con Eletrobrás.

La demanda de los tenedores de acciones de Eletrobrás en Nueva York se produjo a raíz de la condena por corrupción de Valter Cardeal, expresidente de la empresa, quien exigía los famosos “retornos” a los proveedores del Estado. Concomitantemente, también fue condenado a prisión João Vaccari Neto, tesorero nacional del PT, quien por 11 años fungió como miembro del Consejo de Administración de Itaipú, cargo del que fue defenestrado por la presidenta Dilma Rousseff en enero del corriente año a raíz del colosal escándalo nacional de corrupción. Vaccari Neto está condenado por haber recibido unos US$ 200 millones para su partido en concepto de sobornos de varias empresas asociadas a la estatal Petrobras, producto de más de 90 contratos suscritos entre 2003 y 2013 con el Estado. Actualmente, ocupa una celda en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, denunciado por 44 crímenes de lavado de dinero en el escándalo de corrupción vulgarmente conocido como “Lava Jato”.

Dada la larga permanencia del encarcelado tesorero del PT, Vaccari Neto, como miembro del Consejo de Administración de Itaipú, el Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil (TCU) anunció recientemente la fiscalización de las cuentas de la entidad binacional. La mira de la investigación está puesta sobre la participación del Consejo de Administración de la misma. Se va a investigar el flujo de información entre los miembros del Consejo de la binacional y Eletrobrás. A estar por lo que publicó el diario Folha de São Paulo, el TCU decidió realizar una fiscalización “eficaz y directa” de las cuentas de la Itaipú Binacional.

Más allá de lo que el TCU vaya a descubrir al auditar las cuentas de Itaipú tras las huellas del hoy encarcelado exmiembro de su Consejo de Administración, Vaccari Neto, dos aristas del escándalo de corrupción que involucra a este personaje resultan de interés para la opinión pública paraguaya. La primera tiene que ver con la hipótesis de que durante su larga gestión como miembro del Consejo de Administración haya cometido el delito de lavar dinero proveniente de las empresas que prestan servicios a la Itaipú Binacional, como lo hizo con las que operaban con Petrobras y Eletrobrás, en cuyo caso los miembros paraguayos del Consejo de Administración de la entidad devendrían cómplices, por acción u omisión, aun cuando la Contraloría General de la República del Paraguay no procediera a una investigación en la margen derecha.

La segunda tiene que ver con un curioso hecho, más bien anecdótico, pero de potencial significación política para la gobernabilidad democrática de la República. Es sabido que el personaje recluido en una cárcel de Curitiba, Vaccari Neto, está fuertemente vinculado con el exdirector paraguayo de Itaipú Gustavo Codas, quien llamativamente operó desde Brasil para concretar un reciente encuentro de Vaccari con el expresidente Fernando Lugo.

Si el TCU destapa la caja de Pandora de los sobornos en Itaipú y salta la complicidad de nuestros consejeros en la entidad binacional, la ciudadanía debe exigir al presidente Horacio Cartes la destitución ipso facto de todos ellos, con el titular, James Spalding, a la cabeza, como un primer paso para acabar con la corrupción que carcome las administraciones de las usinas binacionales en que está embarcado el Paraguay. Será un primer paso importante para ubicar en esos estratégicos lugares a paraguayos que no cedan a los sobornos sino, por el contrario, defiendan los intereses de nuestro país hasta ahora entregados por chauchas y palitos.

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