28 de Diciembre de 2017

 

La corrupción está convirtiendo al Paraguay en aguantadero de mafiosos

La corrupción rampante está convirtiendo al Paraguay en un aguantadero para mafiosos de diverso rango, que suelen utilizarlo como escenario para resolver sus pleitos a balazos. Esas disputas sangrientas –ligadas a los tráficos de armas y de drogas– afectan sobre todo a los departamentos de Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro, pero ya se han extendido a la capital. Si el Estado perdió el control de sus fronteras, es porque el crimen organizado se ha establecido en él. Hay “zonas liberadas” porque los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están inficionados. Los delincuentes pueden vivir aquí “con todas las de la ley”, con la certeza de que les brinda el envilecimiento de quienes se valen de la función pública para enriquecerse como sea. Ante esta intolerable situación, urge que la sociedad civil exija a las autoridades que cumplan y hagan cumplir las leyes, expulsando de inmediato a los malvivientes extranjeros que se valen del Paraguay como un refugio desde donde seguir delinquiendo, para mal de nuestro país y de sus vecinos.

El prófugo brasileño Marcelo Pinheiro, con órdenes de captura por narcotráfico, robo, homicidio, asociación criminal y formación de cuadrillas, fue apresado a mediados de mes en Cambyretá, donde estuvo los últimos ocho meses en una casa bien equipada. Antes vivió durante cinco años en el Alto Paraná, desde donde surtía de drogas y armas al llamado Comando Vermelho. Gran parte del tiempo residió en Hernandarias, que dejó con el “permiso” policial tras el asalto al local esteño de la empresa Prosegur. Tenía tres cédulas de identidad paraguayas y fue apresado en un operativo de la Senad, de la norteamericana Administración para el Control de Drogas (DEA) y de las Policías Civil y Federal del Brasil.

Es decir, hubo que esperar el apoyo –y quizá la insistencia– de organismos extranjeros para dar con el prófugo, pues los nacionales fueron incapaces de hallarlo o, mejor dicho, de capturarlo por sí solos. No sería de extrañar que la Policía Nacional no haya sido informada del procedimiento para evitar filtraciones.

El historial del organismo encargado del orden público es de lo más deplorable cuando el dinero del narcotráfico está de por medio. Agentes de su Departamento de Identificaciones vendieron al criminal argentino Ibar Pérez Corradi una cédula de identidad y un pasaporte, en tanto que altos oficiales, que siguen impunes, lo ampararon en Ciudad del Este por más de cien mil dólares. Tenía la radicación definitiva, como el brasileño Jorge Rafaat, con antecedentes judiciales en su país por los delitos de formación de cuadrilla, tráfico de drogas y lavado de dinero. También su compatriota Paulo Jacques –asesinado en Asunción– residía en Pedro Juan Caballero, pese a haber violado nuestra ley de armas y cometido el delito de reducción, tras haber estafado en su país. Esta víctima del crimen organizado, al igual que Rafaat, solía visitar a su jefe, el recluso Jarvis Chimenes Pavão, otro favorecido con la residencia definitiva.

Si los documentos de estos tres últimos personajes no fueron adulterados, cabe preguntarse cómo lograron la radicación permanente, pues el art. 6º de la Ley de Migraciones la niega a quienes “tengan antecedentes penales”, salvo que “no denoten en el futuro una peligrosidad tal que haga inadecuada su incorporación a la sociedad”. Por lo demás, no vinieron para realizar “actividades útiles al desarrollo del país”, mencionadas en los arts. 12 y 13 de la misma ley, sino para seguir delinquiendo: si “invirtieron” dinero sucio en alguna estancia, fue para lavarlo y usar el inmueble para operaciones delictivas. Los órganos competentes nunca se ocuparon, por ejemplo, de la empresa Grupo Cristo Rey SA, domiciliada en Pedro Juan Caballero y dueña de la camioneta usada para matar en Asunción al pequeño hijo de un “secretario” de Chimenes Pavão.

Si estos facinerosos lograron la residencia definitiva fue gracias a la complicidad de agentes de la Policía Nacional o de la Dirección General de Migraciones, para no ir más lejos. Aparte de los peces gordos del crimen organizado, hay numerosos más pequeños que cruzan nuestras permeables fronteras para instalarse, sin ser molestados por las autoridades. En el Amambay vivirían centenares de delincuentes brasileños, que sobornan a policías, jueces y funcionarios de la Dirección mencionada. Hace poco, en un control rutinario, uno de ellos fue detenido en Capitán Bado, donde se refugió hace un año tras fugarse de una cárcel de su país, donde cumplía una pena de diez años por narcotráfico.

En suma, la corrupción rampante está convirtiendo al Paraguay en un aguantadero para mafiosos de diverso rango, que suelen utilizarlo como escenario para resolver sus pleitos a balazos. Esas disputas sangrientas –ligadas a los tráficos de armas y de drogas– afectan sobre todo a los departamentos de Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro, pero ya se han extendido a la capital.

A inicios de este mes, la abogada Laura Casuso dijo que si su cliente Chimenes Pavão fuera extraditado, habría “enfrentamientos muy grandes entre un montón de organizaciones extranjeras que se están disputando esa potestad de ser el mandamás de la frontera”. Por si hacía falta, agregó que “las fronteras (...) del Paraguay se manejan bajo el control personal de alguien. Ciudad del Este, con los Zacarías. Pedro Juan, en su momento, con Falid Yamil, luego con Jorge Rafaat. Hoy, la única figura que más o menos impone cierto respeto es Jarvis. Salto del Guairá también tiene lo suyo”.

Se creyó que la sangre no llegaría al río, porque el juez de San Estanislao, Crescencio Ocampos, haciendo lugar a un pedido de habeas corpus, ordenó que se suspenda la extradición de Chimenes Pavão, prevista para hoy. Su sospechosa decisión fue conocida el mismo día en que inició sus vacaciones, seguramente muy bien financiadas. Empero, la jueza Lici Sánchez resolvió ayer que se cumpla su fallo del 12 de enero de 2017, luego de que la Corte Suprema de Justicia sostuviera, entre otras cosas, que ningún juez puede expedirse sobre “supuestas condiciones que pudieran amenazar la seguridad o la vida de cualquier persona en otro país”, tal como se había dicho en el pedido de habeas corpus planteado. Por su parte, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados solicitó al complaciente juez un informe del caso y la Fiscalía General del Estado dispuso que se lo investigue por prevaricato, medidas estas que son elogiables.

Si el Estado perdió el control de sus fronteras es porque el crimen organizado se ha establecido en él. Hay “zonas liberadas” porque los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están inficionados. Los delincuentes pueden vivir aquí “con todas las de la ley”, con la certeza que les brinda el envilecimiento de quienes se valen de la función pública para enriquecerse como sea.

Ante esta intolerable situación, urge que la sociedad civil exija a las autoridades que cumplan y hagan cumplir las leyes, expulsando de inmediato a los malvivientes extranjeros que se valen del Paraguay como un refugio desde donde seguir delinquiendo, para mal de nuestro país y de sus vecinos.

 
 

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  • ¿Hoy es... el "día de los inocentes"?¡Bárbaro!http://www.abc.com.py/730am/a-la-gran-730/se-pudre-la-justicia-estos-son-los-audios-caso-por-caso-1658242.htmlNáusea…http://www.abc.com.py/730am/a-la-gran-730/se-pudre-la-justicia-estos-son-los-audios-caso-por-caso-ii-1658535.htmlMás todavía…http://www.abc.com.py/730am/a-la-gran-730/se-pudre-la-justicia-estos-son-los-nuevos-audios-caso-por-caso-iii-1660774.htmlSuma y sigue…http://www.abc.com.py/730am/a-la-gran-730/se-pudre-la-justicia-estos-son-los-audios-caso-por-caso-iv-1661699.html

    urundey 28 Diciembre 2017, 20:01:06 

 

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