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Al parecer, los paraguayos estábamos engañados al creer que al asumir Mauricio Macri la presidencia de la Nación Argentina la endémica corrupción de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) iba a terminar. Reforzaban nuestra creencia las acciones de su Gobierno contra altos funcionarios del anterior y empresarios incursos en delitos de corrupción en contratos de obras públicas, a través de una vasta trama de colusión revelada por los “cuadernos Kirchner”. Uno de los que intervinieron en ella fue el ex director ejecutivo de la EBY arquitecto Óscar Thomas, quien durante una década se empeñó en dar la razón al expresidente argentino Carlos Saúl Menem, quien había calificado de “monumento a la corrupción” al estratégico emprendimiento hidroenergético.
Lo que antecede viene a cuento de la sorpresa que ha causado hace poco en la opinión pública paraguaya la información publicada por nuestro diario sobre el irregular proceso de contratación de un servicio de provisión de repuestos para las turbinas de la central de la EBY, realizado hace un año bajo la gestión de las actuales autoridades argentinas y de sus por entonces pares paraguayos, liderados por el ingeniero Ángel María Recalde, actor destacado en las negociaciones que condujeron al deplorable acuerdo Cartes-Macri.
Según lo publicado, el 18 de abril de 2018, por resolución del Consejo de Administración N° 3789/18, la EBY aprobó contratar en forma directa –sin ninguna licitación ni concurso de precios– al consorcio CAPY, conformado por la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) y la paraguaya Consorcio de Ingeniería Electromecánica (CIE), para que provea cuatro paquetes de repuestos a ser destinados a las turbinas instaladas en la central hidroeléctrica. La respetable suma aprobada ascendió a US$ 53.900.000, de los que ya se ha desembolsado el 23%, según informes obtenidos de fuentes de la EBY.
La curiosidad pública y la desconfianza que la exacerba se deben a que la nueva administración paraguaya de la entidad, encabezada por Nicanor Duarte Frutos –quien suele ufanarse de la trasparencia de su gestión–, ha optado por convalidar esta grave irregularidad administrativa, cocinada a los apurones por la que se suponía era una honesta nueva administración argentina, para sacar de apuros financieros a la alicaída empresa metalmecánica IMPSA, según parece.
El entuerto tiene su origen en un también espurio concurso de precios lanzado por la EBY en 2016 para la provisión de dos paquetes de las mismas piezas de repuesto, invocando la urgencia, ya bajo el Gobierno del presidente Macri y una nueva administración argentina en la EBY, aunque el director paraguayo seguía siendo el ingeniero Recalde. El contrato fue adjudicado al referido consorcio CAPY por resolución del Comité Ejecutivo N° 17261/16 y del correspondiente al Consejo de Administración N° 3586/16. El monto contratado fue de US$ 26.950.000 y, de acuerdo con los datos de la entidad, hasta la fecha se ha facturado el 62% del mismo, correspondiente a una entrega del 88,54% del material, por parte del consorcio contratista.
En su oportunidad, procurando minimizar las críticas a la irregular adjudicación de dicho contrato, el ahora exdirector paraguayo de la EBY sostuvo que la contratación del mismo consorcio, con idéntica cotización que la anterior oferta, no fue un “precio negociado” con el oferente, sino uno obtenido mediante un concurso de precios, supuestamente en el marco de una competencia real. Pero no existe documentación oficial que así lo acredite, por lo que subsiste la duda en cuanto a la transparencia de la operación comercial.
Estas y otras serias irregularidades que continúan en la administración de la EBY, ya bajo los Gobiernos de Mario Abdo Benítez y de Mauricio Macri, generan la inquietud de los paraguayos, en el sentido de que ambos mandatarios podrían seguir tolerando hechos de corrupción, tanto en la usina principal como en la que se construirá en Aña Cua. Esta obra, que se halla en pleno proceso de licitación, fue criticada por ABC Color por más de un motivo. Primero, no figura en el Anexo B del Tratado de Yacyretá, violándose así las leyes que lo aprobaron. Segundo, el Tratado, que se sustenta en conclusiones técnicas de consultores internacionales especializados en la materia, establece un orden lógico de ejecución de las obras del proyecto, como el embalse de compensación –por ende, la presa de compensación– aguas abajo, que sí está previsto en el Tratado y con un propósito absolutamente justificable: mantener la navegabilidad del río Paraná aguas abajo de Yacyretá. Tercero, no es menos relevante que la nueva central hidroeléctrica de Aña Cua, que contará con una potencia de apenas 270 MW, beneficiará sobre todo a los usuarios de la Argentina, un país que hoy atraviesa una severísima crisis energética.
La mejor prueba de esa voluntad política de honestidad y transparencia en las gestiones gubernativas en la EBY serán las adjudicaciones de los contratos para la construcción y el equipamiento de la central de Aña Cua, por lo que no está dicha la última palabra en cuanto a las promesas de ambos presidentes.